DECISIÓN JUDICIAL

Una jueza insta a investigar a la alcaldesa de Vilassar de Dalt por malversación

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J. G. Albalat

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Una jueza de Mataró ha instado a abrir una investigación por presunta malversación de fondos públicos contra la actual alcaldesa de Vilassar de Dalt, Carola Llauró (Ara Vilassar) y su antecesor, Xavier Godàs (ERC), por la colocación en el balcón del consistorol de pancartas a favor de la libertad de los dirigentes independentistas presos por el ‘procés’. El traslado del caso al decanato de los juzgados para su reparto la ha acordado la togada en una sentencia en la que se absuelve a tres personas acusadas de intentar descolgar el 28 de junio del 2019 el primer cartel que se instaló y que, después, fue repuesto por otro.

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO,  relata que en ese día en se colocó en el Ayuntamiento de Vilassar de Dalt una pancarta con el texto: “Llibertat presos/espolítics” de una medida de cinco metros de largo por uno de ancho. Durante la madrugada, un grupo de cinco personas intentaron descolgarla con una pértiga metálica, causando daños en el cartel. La policía local identificó a los tres acusados, aunque la sentencia sostiene que “no consta probado quien realizó los actos materiales” de sacar la pancarta, ni los daños que esta sufrió. Después, fue sustituida por otra.

La jueza detalla, además, que no consta ni quien autorizó su instalación, ni cuando, ni con que fondos se costeó, por lo que requiere que se investigue, a petición de la fiscalía y de las defensa de los tres denunciados, quién pagó no solo ese cartel, sino también el que le sustituyó, por lo que considera que la actual alcaldesa y su antecesor presuntamente podrían haber cometido el delito de malversación de fondos públicos.

Este diario intento ayer sin éxito ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Vilasar de Dalt para recabar su opinión. La denuncia por los daños en la pancarta fue presentada por Carola Llauró como alcaldesa.

Sin dueño aparente

La sentencia argumenta que “no consta acreditado” que el cartel dañado perteneciera “a nadie en concreto”, pues la alcaldesa no ha aportado ningún acta del pleno del ayuntamiento autorizando la compra, pues, según la alcaldesa, no se trató el tema, ni el destino de los fondos para su adquisición. La jueza llega a la conclusión que es una “pancarta sin dueño” y precisa que “no ha quedado acreditado” que el cartel dañado fuera adquirido con fondos públicos, pero que existe un indicio y “habrá de ser investigado”, siendo el presunto autor el acalde de la anterior corporación.

“Si que existen indicios más claro”, expone la togada, de que la nueva pancarta fue comprada por el ayuntamiento después de ese 28 de julio, pues fue la alcaldesa quien denunció los daños y aportó un presupuesto de 242 euros.