Desmanteladas plantaciones de marihuana en Llinars y Vallirana

La Guardia Civil ha desmantelado dos 'narconaves' en el polígono industrial de Can Prat de Llinars del Vallès (Vallès Oriental), donde se producía marihuana a escala industrial. El cuerpo policial intervino 6.820 plantas de marihuana y detuvo tres personas por un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

La operación empezó al obtenerse información sobre la operatividad de un grupo de delincuencia organizada dedicado a la elaboración de esta droga a gran escala. A partir de aquí se hizo el registro a las dos naves, donde se detectaron plantaciones muy sofisticadas de cultivo hidropónico de alto rendimiento, dotadas de un sistema de distribución de dióxido de carbono para estimular el desarrollo de las plantas.

Las naves operaban de manera industrial y había diferentes salas para cultivar y procesar las plantas según su estado de crecimiento y de este modo optimizar el rendimiento productivo de la instalación. Dada la ingente cantidad de material eléctrico necesario para sostener la producción de la droga y el óptimo funcionamiento de las naves, se había manipulado el sistema para obtener el suministro. El fraude habría llegado a los 112.000 euros aproximadamente.

Los detenidos fueron posado a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Granollers. La operación se ha llevado a cabo desde el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona.

Dos plantaciones más en Vallirana

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Vallirana (Barcelona) han desmantelado dos plantaciones interiores y un almacén de marihuana ocultas en dos viviendas de la misma calle de Vallirana.

Según ha informado este jueves la Policía, el operativo se realizó en marzo y se detuvo a cuatro personas como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Eran los máximos responsables de la plantación y tienen numerosos antecedentes contra el patrimonio y la salud pública.

La investigación se inició por una denuncia ciudadana que apuntaba a que en dos viviendas unifamiliares se traficaba con estupefacientes.

Tras diferentes pesquisas, los investigadores pudieron corroborar que en los domicilios se estaba registrando un consumo eléctrico no acorde a la normalidad y que se estaría llevando a cabo de forma ilícita al haberse conectado a la red de manera fraudulenta, sin pasar por el contador habilitado.

En los registros, los investigadores descubrieron que uno de los inmuebles, donde se localizaron las 787 plantas, estaba destinado al cultivo intensivo, mientras que el otro. donde se aprehendieron los 11 kg de droga, funcionaba como almacén, así como secadero y semillero de plantas madre.

Ambos domicilios estaban enganchados de forma ilegal a la toma general de la luz y se estima que el fraude generado superaría los 12.000 euros por vivienda.