31 may 2020

Ir a contenido

DATOS OFICIALES

Aumentan las investigaciones penales contra residencias de ancianos por el covid

Las fiscalías catalanas mantienen abiertas 30 diligencias por la posible comisión de un delito

La comunidad de Madrid continúa en cabeza en el número de casos incoados por esta vía

J. G. Albalat

La UME desinfecta la residencia geriátrica en L’Hospitalet.

La UME desinfecta la residencia geriátrica en L’Hospitalet. / FERRAN NADEU

Las investigaciones penales por la posible comisión de un delito abiertas por la fiscalía tanto en Catalunya como en España van en aumento día a día. En la actualidad permanecen vivas en las fiscalías catalanas un total de 30 diligencias de estas características (la semana pasada eran 24), mientras que el global en todo el Estado ascienden a 160 (26 más que hace siete días). En Barcelona se están tramitando 16 casos que podrían desembocar en denuncia o querella en los juzgados, mientras que en Madrid se dispara la cifra a 67. La comunidad madrileña es la que acapara más pesquisas de este tipo, 92, más de la mitad de las registradas en el territorio español. El repunte se ha registrado tambien en Castilla-León, Castilla-La Mancha y Aragón.

La mayoría de las diligencias de investigación que se están tramitando en Barcelona provienen de la denuncia de particulares que ha padecido el fallecimiento de un miembro de su familia y que supuestamente han recibido una deficiente atención en el geriátrico donde vivían. Sin embargo, grupos de familiares de residentes en varios centros, agrupaciones de afectados por la pandemia o entidades de otra índole también se stán moviendo y han presentado denuncias, como es el caso de la Agrupación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia. En la capital catalana se ha incoado un procedimiento por la comunicación por parte del Registro Civil de Santo Boi del fallecimiento de personas en cuatro residencias concretas.

En este mismo sentido, este martes se ha presentado ante la opinión pública de forma oficial la plataforma Afectados por el Cornoavirus, cuyos cabezas visibles son el andaluz Abraham Granadino y Ángel Juarez, presidente de la Coordinadora d’Entitas de Tarragona (CET). Este última una demanda contra la Generalitat por la muerte de su madre. “Los fallecidos en residencias no han muerto con dignidad. Se han ido personas en absoluto silencio, aisladas. Es inhumano”, ha explicado en rueda de prensa.

Dificultad de prueba

Los juristas consultados por este diario consideran que es complicado construir con pruebas una querella o denuncia por la vía penal, ya que debería concretarse quien ha cometido el delito y los indicios que existen contra él. Algunas de las denuncias presentadas en las fiscalías en este ámbito suelen ser genéricas y eso dificulta la posibilidad de investigar. Los abogados son más partidarios de interponer un recurso contencioso-administrativo en el caso de que la residencia es de titularidad pública, argumentando el deficiente funcionamiento de sistema, o ir a la vía civil en el supuesto que sea privada. Los fiscales, por ahora, están recopilando datos para poder decidir si judicializan o no sus investigaciones.

La fiscalía catalanas, además, mantienen abiertas 68 diligencias civiles de seguimiento (en total en España son 211) de residencias para controlar que no se cometan vulneración de derechos allí alojados y que no existan disfunciones en la gestión. En algunos casos y al cabo de un tiempo, una parte de estos expedientes pasan a ser investigaciones penales si se concreta la posibilidad de que haya existido negligencia y se haya podido cometer un delito.

De forma paralela, hay juzgados que ya están tramitando investigaciones penales por las denuncias presentadas directamente por los familiares. En Catalunya, según los datos facilitados por la Fiscalía General del Estado, existen dos procedimientos incoados en Sabadell y Cerdanyola. En el primer caso por desatención y falta de tratamiento a personas ingresadas en un centro y en el segundo por los presuntos delitos de falsedad en documento oficial y omisión del deber de socorro.