La mayoría de residencias de ancianos investigadas y controladas por el covid son catalanas

La mitad de las diligencias civiles o penales abiertas en España por la fiscalía a residencias de ancianos corresponden a Catalunya, según los datos ofrecidos este miércoles por la Fiscalía General del Estado. En la comunidad catalana se mantiene abiertas diligencias penales o de ámbito civil que afectan, al menos, a 106 residencias, mientras que en el territorio español esta cifra suma más de 300.

La mayoría de los asuntos registrados en Catalunuya y que todavía están en trámite son civiles y van dirigidos a proteger los derechos de las personas vulnerables. En concreto, existen procedimientos de seguimiento en marcha a ,al menos, 81 geriátricos catalanes, aunque en algunos casos ese control es genérico y afecta a varios centos. Solo la fiscalía de Barcelona tramita un asunto en el que se incluyen 15 residencias de ancianos. Las investigaciones penales, en cambio, ascienden a 25 en Barcelona y Tarragona (en Lleida y Girona no hay ninguna). Una de estas diligencias se inició a raíz de la denuncia de un particular contra la Administración. Solo se ha archivado un caso en Vilanova i la Geltrú.

Catalunya es la comunidad autónoma en la que la fiscalía ha abierto más  diligencias civiles y penales, tras Madrid, en la que se han registrado 74 asuntos, en la mayoría (69), eso, sí, se investiga si ha cometido algún delito. En toto el Estado continúan tramitándose 176 casos por la vía civil y 143 por la penal.

Un dato a tener en cuenta es que una veintena de  juzgados de toda España ya tienen abierta causas para determinar si hubo o no irregularidades relacionadas con la gestión de la pandemia del covid-19 en residencias de ancianos. Una de estos procedimentos se ha registrado en los juzgados de Sabadell y otro el Cerdanyola del Vallès, a raíz de la denuncia directa de afectados por la pandemia.

No obstante, este número puede verse incrementado en las próximas semana si se tiene en cuenta que las pesquisas abiertas en las diferentes fiscalías, tanto en las catalanas como en las del resto del Estado. Asimismo, si algún familiar presenta de forma individual una denuncia en los juzgados, la fiscalía, en ese caso concreto, debería dejar de investigar y pasar todas las pesquisas al órgano judicial que corresponde.

Ascenso de asuntos penales

La evolución de este tipo de actuaciones penales impulsadas por la fiscalía continúa en ascenso, ya que hace una semana los datos oficiales arrojaban en total en España 109 diligencias penales y una docena de causas ya abiertas en los juzgados. Los casos en los que se investiga la posible comisión de un delito siguen siendo más numerosos en Madrid -que pasa de 42 a 61 diligencias fiscales incoadas en siete días una- y en Catalunya, suma una más desde la última actualización y se sitúa en un total 25 asuntos penales.

Las diligencias penales aportadas por la Fiscalía General arrojan una fotografía que no es fácil cuantificar en cifras totales, pues hay que tener en cuenta expedientes archivados, otros que se acumulan por afectar a centros objeto de varias denuncias y actuaciones que no son específicas a residencias de ancianos, sino que afectan a otros tipos de centro asistencial o a terapeutas o profesionales de modo individual.

Además, los datos facilitados por a la fiscalía ha sido recabados por los fiscales superiores de las comunidades autónomas, por lo que la mayor parte de los archivos decretados hasta el momento responden al carácter prospectivo de las denuncias interpuestas en relación con hechos ocurridos tanto en residencias como en instalaciones sanitarias, según apunta la fiscalía en una nota.  En algunas fiscalías se ha abierto investigaciones a raíz de denuncias presentada por Vox.

El número de actuaciones es también notable en el caso de las Castillas, ya que en Castilla La Mancha se acumulan 14 diligencias penales. Andalucía continúa estando exenta de actuaciones, al archivarse la presentada por Vox en la Fiscalía Provincial de Huelva, mientras que en Aragón se acumulan tres diligencias penales abiertas. En Asturias resultó también arhivado el escrito de denuncia que el citado partido político interpuso en la fiscalía provincial.