Un incendio evidencia la precariedad de los asentamientos de inmigrantes en Huelva

Las llamas volvieron ayer martes por la madrugada a uno de los mayores asentamientos chabolistas de Huelva, el situado junto al polígono industrial San Jorge de Palos de la Frontera y que acoge a cerca de un millar de personas. La voracidad del fuego, que se propagó rápidamente por las infraviviendas de plástico y cartón por causas que ayer se investigaban, destrozó 67 chabolas y obligó a desalojar a unos 200 inmigrantes sin que se produjeran daños personales.

El incendio vuelve a poner sobre la mesa la precariedad de unos núcleos habitacionales convertidos en permanentes a lo largo de los últimos 20 años y a los que las administraciones no dan solución. Ni siquiera, denuncian las oenegés, cuando la situación de miseria se agrava en plena crisis sanitaria a cuenta del coronavirus por la falta de medios de protección o higiene.

Denuncian la situación de los inmigrantes en los asentamientos

Dificultad de higiene

Las recomendaciones de higiene constante y mantenimiento escrupuloso de las distancias interpersonales suenan a broma en cualquiera de la veintena de asentamientos que cercan los campos agrícolas. <strong>Sin saneamientos ni puntos de agua</strong>, y con el trabajo parado para muchos de ellos por no poder desplazarse salvo andando o en bici, la alerta sanitaria añade más miseria a unas condiciones de vida ya precarias. “Es un milagro que no se hayan contagiado aún, porque sería una catástrofe en esas condiciones”, apuntan las asociaciones y oenegés, que se han movilizado para tratar de obtener mascarillas y guantes y no descartan que haya habido algún contagiado asintomático.

“Nos necesitamos sanos y vivos, y tratamos de mantener las medidas de precaución como podemos”, matiza Lamine, uno de los inmigrantes. Y con dignidad, insisten en que mantienen el confinamiento en el interior de las chabolas “igual que cualquiera en su casa”.

El Colectivo de Trabajadores Africanos, creado a finales del pasado año para poner foco sobre las situaciones que padecen los más de mil inmigrantes temporeros, denuncian que pese a ser auténticos pueblos permanentes de cartón y plástico, “administrativamente no existen”, explica Antonio Abad, uno de los fundadores de la asociación.

Ni recogida de basuras ni agua

No cuentan con un sistema de gestión de residuos o basuras, que se acumulan en cualquier sitio. Y tampoco tienen puntos de agua, vitales cuando una de las medidas para prevenir el coronavirus es lavarse las manos continuamente y desinfectar objetos personales, recipientes y demás útiles. “Falta un plan de seguridad para prevenir la expansión del virus por parte de las administraciones”, reprocha. Tras el incendio de ayer, entidades y partidos políticos reclaman que se realoje a estos inmigrantes en pabellones deportivos o infraestructuras educativas para garantizarles un techo.

Después de muchas instancias y escritos a los ayuntamientoses, la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (Asnuci) logró que el consistorio de Lepe cediera un camión cisterna para llevar agua a sus núcleos chabolistas, aunque con personal de las propias oenegés.

Alineados en fila con sus múltiples bidones, los inmigrantes los rellenan a diario para poder lavarse las manos, cocinar y ducharse. Las dos duchas y aseos de la sede de la asociación ya resultaban insuficientes, cuenta Ana Mateos, por lo que han tenido que alquilar dos módulos de baño que han dispuesto en una nave en la que proyectan levantar, cuando tengan más medios, un albergue para temporeros.

“Los ponen para cualquier feria, pero no lo pueden hacer en los asentamientos”, protesta. La entidad ha cerrado el salón de descanso, donde se reunían a ver la tele o aprovechar el wifi porque era inviable la acumulación de personas, y los inmigrantes deben recurrir a los voluntarios para en busca un enchufe donde recargar los móviles. Y empresas de la zona y la Diputación han facilitado conservas y pan para repartir 1.800 kits de alimentos.

Sus peticiones han llegado a ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno central, pero todos, dicen, se echan la pelota unos a otros alegando falta de competencias. “Algunos incluso deslizan que no pueden atenderlos porque atraería a inmigrantes de otros asentamientos”, lamenta Alba Rudolph, trabajadora social en Lepe, “pero no hay efecto llamada en dignificar la vida de las personas”.