Los trabajadores de la prensa piden ayudas al Gobierno condicionadas a que no haya ertes

Las consecuencias económicas que ha traído consigo la crisis del coronavirus están provocando que la mayoría de grupos editores de periódicos hayan puesto sobre la mesa expedientes de regulación de empleo (ERTE) a sus plantillas. Las fórmulas que las empresas han transmitido varían según la cabecera: van desde reducciones de empleo y sueldo del 63% a todos sus trabajadores a otras que llegan a un máximo del 15%, que no se aplicaría a los salarios más bajos.

Ante esta situación, los comités de empresa de los medios impresos más importantes de España, EL PERIÓDICO, ‘El País’, ‘La Vanguardia’, El Mundo, Expansión y una decena de cabeceras regionales, han emitido este viernes un comunicado conjunto en el que piden al Gobierno ayudas condicionadas a que sus empresas no puedan aplicar ni ertes ni despidos.  

"Nos dirigimos al Gobierno para exigir que el sector de la prensa, en tanto que ejerce una labor considerada servicio esencial por los decretos aprobados, reciba una aportación pública para poder seguir prestando este servicio en condiciones de calidad ante la situación económica a la que se están viendo abocadas las empresas y que muchas de ellas pretenden aprovechar para imponer ERTE absolutamente desproporcionados", señala el texto.  

"La hibernación de la economía ha provocado una caída de las campañas publicitarias, el principal sustento de la prensa escrita y la ‘online’. La venta en quioscos y las suscripciones de las ediciones de papel también se han reducido. La respuesta de la mayoría de editores ha sido plantear ERTE de una dimensión que impedirá la continuidad en la prestación de este servicio esencial en las condiciones que diferencian a los grandes medios de otros donde la desinformación y los bulos encuentran terreno abonado. Las plantillas están haciendo un gran esfuerzo en condiciones adversas para satisfacer la gran demanda de información veraz y contrastada sobre los acontecimientos relacionados con la pandemia, cumpliendo, además, las disposiciones de los decretos ley derivados del estado de alarma que les obligan a difundir las decisiones del Ejecutivo", continúa el escrito. 

El derecho a la información

"Reducir las plantillas de las redacciones en estos momentos de crisis sólo significa una reducción del derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados de todo cuanto acontece, tanto para hacer frente a la vida cotidiana como para la debida fiscalización de la actuación de los poderes públicos", señalan los representantes de los trabajadores, que reconocen que dentro de la actual coyuntura, con los sistemas sanitarios de varias comunidades al borde del colapso, en torno a 900 muertos diarios por el covid-19 y la población española confinada en sus casas ante el riesgo de contagio, este problema no se encuentra entre los más acuciantes. No abordarlo, sin embargo, tendría "consecuencias funestas". 

"Sabemos que Gobierno tiene otros temas quizá más urgentes sobre la mesa, pero un retraso en la toma de decisiones puede tener consecuencias funestas. No entramos en la fórmula que pueden adoptar las ayudas. Ejemplos hay en Italia o Dinamarca, y aquí mismo, con las ayudas que el Ejecutivo ha aprobado para las televisiones privadas. Pero resulta obligado apuntar la necesidad de que este apoyo sirva para evitar la presentación de ERTE o comportar su levantamiento. La prohibición de los ERTE y despidos tiene como precedente las decisiones adoptadas respecto a las clínicas privadas", concluye el comunicado.