Las entidades juzgan "totalmente insuficientes" las nuevas medidas

Desde el Sindicato de Inquilinos insisten que llevan dos semanas exigiendo al Gobierno la suspensión de los alquileres. "Ante su inacción, este lunes, más de 200 colectivos de todo el Estado nos vimos obligados a convocar la huelga de alquileres para dar cobertura política a miles de inquilinos que no podrán hacer frente al pago del alquiler el 1 de abril", prosiguen. "La reacción del Gobierno no se ha hecho esperar y desde el Ministerio de Transportes y Hacienda han anunciado, un día después, sus primeras medidas, entre las que destacamos la paralización de los desahucios por impago de alquiler y la prórroga de los contratos durante 6 meses", destacan. 

Pese a lo que consideran una rápida reacción a la medida de presión puesta sobre la mesa el día anterior por los sindicatos de inquilinos,  estos responden que las nuevas medidas planteadas son "totalmente insuficientes". "Es intolerable que las personas mayormente afectadas por la crisis tengan que seguir pagando alquileres a costa de endeudarse. El Gobierno está lanzando un mensaje: aunque la economía se derrumbe, aunque los ingresos se desplomen, los alquileres deben seguir cobrándose. Esto significa que no están considerando el aumento de la brecha entre ingresos y gastos familiares", argumentan con dureza.

Contra los microcréditos

Los colectivos en defensa de la vivienda consideran, también, que las medidas de microcréditos "suponen que mientras las familias se endeudan, los arrendadores vean su liquidez y poder adquisitivo totalmente intacto". "El Gobierno aumenta la deuda pública para permitir que el mercado inmobiliario - el mayor responsable de la especulación en España - salga intacto de esta crisis, cuando al resto se nos pide de arrimar el hombro", prosiguen. "No solo es injusto: es irracional en términos económicos. El Gobierno nos está forzando a elegir entre comer o endeudarnos", sentencian insistiendo en que la solución pasa por la suspensión de pagos. "Esta medida permitiría a los inquilinos a superar la asfixia económica. Pone fin a la lógica perversa de solventar las crisis con deudas y recursos públicos. Y corresponsabiliza a la patronal inmobiliaria en facilitar soluciones. No repitamos los errores de la crisis 2008, la cual seguimos pagando", concluyen. 

Una de cal y otra de arena

Desde la Alianza Contra la Pobreza Energética ven en las medidas presentadas este martes, "una de cal y otra de arena". Por un lado, valoran la prohibición total del corte de todos los suministros para la vivienda habitual  como una medida "necesaria y adecuada" (que ellos llevan pidiendo desde el minuto uno). También consideran "interesante" el anuncio de la ampliación del bono social para los "nuevos vulnerables", "a falta de leer la letra pequeña", pero siguen defendiendo que el bono social es ineficaz, ya que la consideran -y si de algo saben es de esto- que la excesiva burocracia seguirá frenando las solicitudes.

En cuanto al anuncio de otras medidas dirigidas a autónomos y pymes como la posibilidad de adaptar la potencia contratada a la nueva realidad de consumo sin penalización, desde la Alianza contra la Pobreza Energética tienen dudas sobre si después se les cobrará la vuelta a la normalidad a precio normal. "A la espera de analizar el decreto cuando se publique, tras el Consejo de Ministros no se ha anunciado ninguna medida relacionada con las facturas hinchadas por culpa del confinamiento de familias vulnerables y afectadas por la crisis del Covid-19. ¿Habrá una moratoria? ¿Un fraccionamiento? ¿Nada?", se preguntan antes de exigimos "corresponsabilidad a las compañías de suministros y que asuman la gratuidad del servicio para estos colectivos".