GESTIÓN DE LA CRISIS

Torra, de exigir el confinamiento de Catalunya a permitir la obra pública

El 'president' combina la defensa de que nadie salga de casa con mantener los trabajos

Presidència plantea un panorama restrictivo al que no da cumplimiento en la práctica

Imágenes de archivo de un edificio en construcción en Barcelona

Imágenes de archivo de un edificio en construcción en Barcelona / FERRAN NADEU

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T. SUST / L. BENAVIDES

A punto de cumplirse dos semanas del inicio de la crisis del coronavirus en España, se mantiene el debate sobre si el confinamiento es demasiado laxo o suficientemente estricto. La posición del Govern de Quim Torra al respecto ha sido muy clara y exigente en el discurso. No tanto en los hechos. Porque quizá Torra tenga razón al reclamar medidas más extremas, el tiempo lo dejará claro. Pero lo que a estas alturas nadie parece entender, incluidos algunos de sus acólitos, es que el president haya combinado esa firmeza con el anuncio de que la obra pública de la Generalitat no se detendrá. Para más inri, horas después de que el propio Govern proclamara que se interrumpiría. 

¿Qué podría hacer el Gobierno catalán que no esté haciendo para ser coherente con sus reclamaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que tilda de irresponsable? Para empezar, detener esas obras. Para continuar, reducir la frecuencia del paso del metro o de Ferrocarrils de la Generalitat, pues el Govern controla el 51% de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), si bien ello complicaría la norma que limita a un tercio la capacidad de los vagones. Un punto, todo sea dicho, que tampoco se está controlando a fecha de hoy por parte los cuerpos policiales, como ha reclamado algún sindicato del metro.  Por otro lado, ¿por qué no colocar controles en los accesos para comprobar que los viajeros cumplen con las excepciones previstas?

Los tres puntos de Torra 

El documento del departamento de Presidència que resume la posición del Govern consta de tres puntos. El primero aboga por “el confinamiento de la población en sus domicilios”. El segundo, por “la prohibición de la circulación exterior a pie, en vehículo privado o en transporte público o privado, colectivo y individual”.

El tercer punto recoge las excepciones en las que los puntos anteriores pueden soslayarse: garantizar el funcionamiento de “la producción agroalimentaria y pesquera” para permitir que comercios, almacenes, centros logísticos y mercados puedan operar. También “desplazamientos a centros de trabajo y de retorno al domicilio en casos de servicios esenciales”, además de la compra de comida y bebida, fármacos de primera necesidad y carburante para vehículos.

Las obras y el ayuntamiento

Fuentes de Territori i Sostenibilitat confirman a este diario que en estos momentos tienen un total de 36 obras en ejecución relacionadas con infraestructuras y movilidad. Las empresas que quieran parar podrían ampararse, por ejemplo, en problemas logísticos, como falta de materiales, o en no exponer a sus trabajadores. ¿Pero por qué un Gobierno que aboga por que todo se paralice permite ese margen?

Podría darse el caso de que el Govern argumentara que debe protegerse de posibles consecuencias legales, a la vista de que el Gobierno central no ha vetado toda la obra pública. Pero en otras administraciones eso no ha supuesto un freno. El Ayuntamiento de Barcelona, que en este debate es señalado como miembro del equipo del Gobierno central, anunció el 17 de marzo que paraba 72 obras públicas, excepto las de emergencia: el bombeo de agua de la plaza de las Glòries y trabajos en los diques del Port Olímpic y el Port Fòrum. “Si es cuestión de los proveedores, nosotros los citamos y negociamos con ellos. En 24 horas lo paramos todo y nadie nos ha denunciado”, explica Jordi Martí, concejal de Presidencia, que rehúye el enfrentamiento entre administraciones en el contexto de la crisis del coronavirus, aunque sí rechaza que la Generalitat haya propuesto medidas que sabe que el Gobierno central le tumbaría.

La responsable última de las obras municipales, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ya rechazó el miércoles el cambio de posición de Torra. Si la prioridad es salvar vidas, afirma Sanz, no hay duda de que hay que paralizarlo todo. “Hay matices: el Gobierno central dice que tiene que haber un metro entre trabajadores. La Generalitat, un metro y medio. ¿Cómo lo garantizas?”. Sobre consecuencias legales de parar los trabajos, cita la ley de contratos y un decreto del Ejecutivo central como avales para tomar esa decisión. 

Lo ha hecho Barcelona, lo ha hecho Lleida, lo ha hecho Sant Cugat, subraya Sanz citando algunos casos. Y va más allá: dice que los servicios jurídicos del consistorio y los de la Generalitat han hablado de este tema y están de acuerdo con que la obra pública debe detenerse.

Los ejemplos

Entre las obras más importantes que pueden seguir su curso destacan las de traslado y modificación del enlace ferroviario de Martorell, adjudicadas a principios de febrero de este año a la empresa Siemens Rail Automation  S.A. con un importe de 1,7 millones de euros; y la ejecución del proyecto constructivo de la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Maçanet de la Selva, en la comarca de la Selva, adjudicada en enero de este año a la UTE Ampliació Eda Maçanet con un presupuesto de 5,3 millones de euros. Estos datos aparecen públicos en el portal de Transparencia del Govern, donde figuran otros 24 contratos formalizados relacionados con obras solo en el 2020. 

En esa última modificación del decreto el gobierno de Torra  hace una excepción con los contratos de obra declarados de emergencia o estratégicos. En total, la Dirección General d’Infraestructures i Mobilitat tiene en curso 17 obras de este tipo, la mayoría vinculadas con los efectos del temporal Glòria. En este lote de obras encontramos las obras de reconstrucción del puente sobre el río Tordera entre Malgrat y Blanes, declaradas de emergencia por el consejo ejecutivo de la Generalitat.

Voces discordantes

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Fuentes de la Conselleria d'Empresa aseguran que trabajan en determinar qué industrias y actividades podrían considerarse como esenciales y cuáles no. Admiten que este trabajo aún no se ha finalizado y que se ciñen a lo que establece el real decreto de estado de alarma del Gobierno central. En todo caso admiten que es difícil fijar límites dada la interconexión que existe en la industria y en las actividades económicas en general. La titular del departamento, Àngels Chacón, es poco partidaria de una paralización total y, en este sentido, supone una voz discordante en el discurso de Torra. "A diario ha de responder peticiones y consultas de numerosos sectores", afirman colaboradores suyos. 

A Chacón ya le tocó jugar un papel similar cuando Torra estimulaba huelgas generales tras la sentencia del 'procés' y la 'consellera', bien vista por las organizaciones empresariales, rechazó este tipo de iniciativas  Las mismas fuentes aseguran que el departamento ha hecho llegar algunas de sus opiniones a las 'conselleries' de Interior y Salut, que pilotan la propuesta de confinamiento total por la que aboga el 'president'. En cualquier caso admiten la dificultad de deslindar lo que debe paralizarse y lo que no porque existe mucha vinculación entre distintos sectores y es en eso, afirman, en lo que están trabajando sin que todavía exista un documento en el que se detallen estos aspectos.