Los Mossos imponen las primeras denuncias por incumplir el estado de alarma

Los Mossos d'Esquadra están llevando a cabo controles en las calles y las carreteras para garantizar que se cumplen las órdenes acordadas por el Gobierno en el marco del estado de alarma y han impuesto ya las primeras denuncias a ciudadanos por desplazamientos no imprescindibles.

Según han informado fuentes de la policía catalana, una patrulla de los Mossos ha denunciado esta mañana a una pareja de ciclistas que hacía deporte en la avenida del Paral·lel de Barcelona, muy cerca de la comisaría de plaza Espanya, en una de las primeras acciones legales por el incumplimiento del decreto.

Paralelamente, agentes de las patrullas de tráfico han montado controles en la autopista AP-7, donde, aunque la circulación se ha reducido drásticamente respecto a ayer, han dado el alto a nueve vehículos para comprobar los motivos por lo que se estaban desplazando por carretera.

En el primer día de entrada en vigor de las medidas aprobadas por el Gobierno para frenar el coronavirus, los cuerpos policiales en Catalunya se están limitando, principalmente, a patrullar por las calles para avisar de las consecuencias legales de incumplir el estado de alarma a los numerosos ciudadanos que han salido de su casa para pasear, tomar el sol o hacer deporte.

Las playas de Barcelona, atestadas de paseantes en algunos tramos, son uno de los puntos donde los Mossos y la Guardia Urbana han patrullado para instar a los ciudadanos a confinarse en su domicilio, de acuerdo con la orden del Gobierno que solo permite los desplazamientos imprescindibles para trabajar, comprar alimentos o medicamentos e ir a cuidar a personas dependientes.

Sanciones de hasta 600.00 euros

El incumplimiento de las medidas incluidas en el decreto del Gobierno puede acarrear para los ciudadanos desde multas de 100 euros hasta penas de 3 meses de cárcel por un delito de desobediencia y de 4 años por atentado a la autoridad.

Quienes incumplan las medidas establecidas podrán enfrentarse, por ejemplo, a sanciones de entre 100 y 600 euros por retirar una valla o precinto; de hasta 30.000 euros por negarse a identificarse ante un agente o de hasta 60.000 por conductas que pongan en grave riesgo la salud de la población.

El delito de desobediencia a los agentes de la autoridad o al personal de seguridad privada -colectivo entre el que se incluye al personal sanitario- prevé penas de hasta cuatro años de prisión.