06 ago 2020

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EN CATALUNYA

Una jueza prohíbe a un ladrón de fósiles entrar en yacimientos

El investigado no podrá pisar cuatro zonas donde hay restos arqueológicos y paleontológicos

J. A. V. G. fue descubierto por agentes rurales cuando recogía unos crustáceos milenarios

J. G. Albalat

Fósiles hallados en el lugar en el que fue sorprendido el investigado, en el Clot de Sant Romà, en Bellprat (Anoia).

Fósiles hallados en el lugar en el que fue sorprendido el investigado, en el Clot de Sant Romà, en Bellprat (Anoia). / MARC VILA

Una jueza de Igualada ha tomado una decisión pionera: prohibir a un acusado de expoliar fósiles y restos arqueológicos acercarse a cuatro yacimientos repartidos por la geografía catalana. La togada ha apercibido personalmente al investigado de que el incumplimiento de esta orden acarrearía otras medidas cautelares que implican “una mayor limitación de su libertad personal” y la incoación de un proceso por quebrantamiento de una decisión judicial de estas características.

J. A. V. G. no podrá aproximarse, según la resolución dictada por la jueza Mónica Bastanchury, a los yacimientos arqueológicos de Roca Llarga “Els Mollons” ( Pobla de Claramunt, Anoia) y al  de Els Prats de Carreu (Coll de Nargó, Alt Urgell) y a los restos paleontológicos de La Valleta (Vilanova de Seròs, Segrià) y el de Sensui (Salas de Pallars, Pallars Jussà).

El proceso judicial abierto por un delito contra el patrimonio histórico se incoó en junio del 2019 a raíz de una denuncia presentada por el fiscal de Barcelona Miguel Ángel Pérez de Gregorio que, después, reclamó la adopción de una orden de protección para prohibir a J. A. V. G acercarse a los citados yacimientos. El togado ha aceptado esta petición, en base al artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que permite no solo el alejamiento de la víctima de un delito, sino también la medida de prohibir acudir a determinados lugares, como pasa con los carteristas en el metro. En su resolución argumenta que se hallaron en poder del acusado piezas arqueológicas y que dada la proximidad de su domicilio a los yacimientos, existe una “situación de riesgo”.

Sorprendido por los agentes

La fiscalía precisa en su denuncia que el investigado, vecino de Igualada, fue sorprendido el 9 de marzo del 2019 por miembros del Cos d’Agents Rurals en el paraje del Clot de Sant Romà, en la Serra de Miralles (Bellprat, Anoia), realizando una extracción de fósiles sin ninguna autorización. Para ello,  modificó “de manera sustancial” la cobertura vegetal de los mismos. Con motivo de esta actuación, a J. A. V. G. se le ocuparon hasta 18 fragmentos de fósiles de crustáceos que acaban de recoger de ese yacimiento, algunos de los cuales tienen “gran demanda entre los coleccionistas”. También se le confiscó las herramientas para realizar esta labor ilegal.

Los agentes también confiscaron al investigado una tarjeta de memoria con fotografías del lugar del día anterior, por lo que el fiscal sospecha que no sería la primera vez que efectuaba esta actividad. Esta posibilidad fue corroborada después con la entrada y registro en el piso y en el trastero de J. A. V. G., donde se hallaron otras piezas arqueológicas. Las fuentes consultadas aseguran que esta persona es conocida por destrozar el entorno de los yacimientos a los que acude.

En enero del 2016, según el fiscal, fue descubierto el yacimiento paleontológico de El Clot de San Romà. En esa zona existe fauna marina fósil con una antigüedad de entre 35 y 45 millones de años y que han sido víctima de expolios en otras ocasiones. Los traficantes y coleccionistas tienen un especial interés por esas piezas y por los cangrejos prehistóricos como los ocupados al investigado. Por eso, es habitual que los Agents Rural hagan inspecciones en la zona y, así, pudieron coger con la masa en la mano a J. A. V. G.

La fiscalía inició la investigación, precisamente, a raíz de unas diligencias informativas abiertas por la Conselleria d’Agricultura en las que se daba cuenta de la actuación de los agentes de la zona del Anoia. El delito contra el patrimonio histórico está castigado con penas de hasta tres años de prisión o multa.