Una jueza de Barcelona separa a dos hermanos tras quitarle la custodia a la madre

Denunció a su expareja por abusar sexualmente de sus hijos (el caso se archivó provisionalmente por falta de pruebas) y ahora se ha quedado sin ellos, al quitarle una jueza de familia de Barcelona su guarda y custodia. S., la madre, ha estado desaparecida con sus hijos durante unos días e incluso se dictó contra ella una orden de busca y captura. Este miércoles se ha presentado en el juzgado que tramita el asunto para entregarlos. La magistrada finalmente ha separado a los dos hermanos. El niño, de 4 años, se fue con su padre y la niña, de 7 años, quedó a disposición de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA) para ser ingresada en un centro de menores.

Ella hace años que no tiene contacto con su progenitor, al que, según la madre, ve como la persona que abusó de ella y por eso se niega a ir con él. Los dos pequeños seguirán acudiendo al mismo colegio y podrán verse fuera del centro al menos una vez por semana o cuando los abuelos vayan a visitar a la niña.

Temor a la detención

Pasaban unos minutos de la una del mediodía cuando S. entraba en la Ciutat de la Justicia de Barcelona con sus hijos agarrándoles fuertemente de la mano. Le flanqueaban su madre, una tía y su abogada. Los niños sabían lo que les esperaba, pero se mostraban como lo que son, niños, llegando a curiosear en la pantalla del escáner del vigilante de seguridad del recinto.

Al entrar, S. y su familia enfilaron hacia el bloque donde está el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Barcelona, que tramita el pleito de familia. Al cabo de un rato, unos mossos vestidos de paisano se llevaron a los niños a otras dependencias. S. se quedó con su abogada para proceder al papeleo. Después se reunió, por última vez, con sus hijos. Al niño lo podrá ver una hora cada 15 días en un punto de encuentro. A la niña no la podrá visitar hasta que los técnicos de la DGAIA lo consideren apropiado.

Choque con la expareja

La jueza sostiene en su resolución que S. "no está ejerciendo de forma correcta la guarda" de los menores, al "impedir de forma sistemática y reiterada en el tiempo" mediante "excusas, justificaciones, y acciones judiciales contra el padre" que los niños "recuperen el vínculo" con el progenitor, lo que conlleva su "sufrimiento emocional". Argumenta que la mujer transmite a los pequeños mensajes negativos del padre -del que se separó en el 2016-, como los relativos a los supuestos abusos sexuales sufridos por los niños y que han sido archivados. Todo ello, entiende, puede perjudicar a los menores.

Los servicios sociales estiman que las dificultades de la madre "son importantes", ya que "tiene la creencia de que los abusos sexuales contra los menores se han producido", a la vez que estiman que existe un "riesgo grave" para los niños, recalca el auto.   

Contra la alienación parental

Una veintena de entidades de mujeres dieron este miércoles su apoyo a S. y denunciaron que "una vez más" se "arrebata" a una madre sus hijos. En un manifiesto ('Las madres somos princesas, no besamos al SAPO'), subrayaron que la separación se ha producido "porque los niños relataron a su madre abusos sexuales y su madre les creyó. Porque los niños relataron maltrato y miedo y su madre les creyó". El escrito señala que la denominada alienación parental o SAP (influir de forma negativa en contra del progenitor) es "maltrato institucional de género". El mismo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomendó a los jueces que no utilizaran ese falso síndrome al no estar avalado por la comunidad científica.

La abogada de S. asegura que la magistrada descartó una prueba esencial, escuchar a los menores. La jueza, que fue recusada y denunciada por la madre, tampoco aceptó un informe pericial de comunicación gestual alegando que "no tiene rigor científico", pese a que hay juzgados que lo solicitan de oficio y está avalado por una sentencia del Tribunal Supremo.

La familia y amigos de la mujer opinan que se sigue aplicando el síndrome de alienación parental "pese a estar prohibido", que "se castiga" a la madre por haber intentado proteger a sus hijos, y a los menores, "por haber explicado los abusos de que eran víctimas", acabando "en manos del presunto abusador".