Pique en el Gobierno de coalición por la ley del 'sí es sí'

La llamada a convertirse en la primera ley del nuevo Ministerio de Igualdad, la de libertades sexuales –conocida también como <strong>ley del 'sí es sí'</strong>– ha levantado estos últimos días ampollas en el seno del Gobierno de coalición. La tensión que ha generado la redacción del texto, que entre otra cosas incrementará las penas contra los autores de abusos y violaciones y penalizará el acoso callejero a las mujeres, ha sido tal que la negociación se ha prolongado hasta este mismo lunes porque, según varias fuentes, a pocas horas de su pase al Consejo de Ministros quedaban aún algunos flecos pendientes. 

Los encontronazos entre los socios del Gobierno se hicieron visibles hace ya unas semanas. Entonces, desde el ministerio que dirige la podemita Irene Montero ya se apuntó que el proyecto solo necesitaba el visto bueno del ministro de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo. Una aprobación que, criticaron, no llegaba bajo excusas de "generalidades de procedimiento, sin concretar". 

Las expertas en la materia María Acale, Patricia Faraldo, María Naredo y Victoria Rosell– actual delegada del Gobierno contra la violencia de género– que llevan años trabajando en el desarrollo de la ley fueron quienes presentaron la primera propuesta de borrador, que Montero propuso trabajar desde hace un mes y medio a todos los ministerios implicados, aseguran fuentes conocedoras de la negociación. 

El equipo de Igualdad trasladó de forma insistente la necesidad de que se produjeran cuanto antes las reuniones de trabajo pertinentes para incorporar aportaciones a la ley. Pero Justicia no concretó esas reuniones, que no se produjeron hasta la semana del 20 de febrero, indican las mismas fuentes. 

Desde ese momento, agregan, Igualdad habría mostrado plena disposición para trabajar, tanto para incorporar aportaciones como para explicar la relevancia de mantener el texto original en otras ocasiones, y eso habría posibilitado que finalmente se vaya a cumplir "el compromiso del Gobierno para que esta ley inicie su tramitación esta semana". 

Ahora se ven más

La Moncloa tampoco oculta los roces entre los ministerios de Igualdad (Podemos) y Justicia (PSOE) a cuenta de la ley de libertad sexual, pero los colaboradores de Pedro Sánchez señalan que situaciones como esta "ocurren dentro de todos los gobiernos", solo que ahora, al tratarse de una coalición, "lucen más". El texto normativo, señalan en el entorno del jefe del Ejecutivo, ha estado sometido a cambios hasta el último momento, pero de "tipo técnico", no sobre el contenido en sí mismo. 

Porque los morados, continúan las mismas fuentes, pecaron de "cierta bisoñez" al elaborar la ley, que es "muy compleja" y afecta a varios ministerios. Sin embargo, Igualdad no contó con ellos cuando redactó el texto. Los colaboradores de Sánchez explican que Irene Montero se limitó a entregarle la norma al titular de Justicia durante la reunión informal que el Ejecutivo celebró a principios de febrero en la finca de Quintos de Mora (Toledo). "No es la mejor forma de hace las cosas", señalan en la Moncloa. Pero los socialistas rebajan la trascendencia de este incidente.

La ley , en cualquier caso, todavía tiene que recorrer un largo camino antes de entrar en vigor. Tras la aprobación inicial de este martes, el Consejo General del Poder Judicial y quizá también el Consejo de Estado deberán emitir sus informes. Solo entonces el proyecto llegará al Congreso. El Gobierno calcula que pasarán cinco o seis meses hasta que la norma inicie su tramitación. La ley integral para garantizar las libertades sexuales es una reivindicación del movimiento feminista, especialmente intensa desde los hechos de 'La manada' en los Sanfermines del 2016.