La Generalitat desplegará 92 equipos contra los matrimonios forzados

En los últimos 10 años, los Mossos d'Esquadra han recibido 153 denuncias de mujeres residentes en Catalunya que han sido obligadas a casarse mediante amenazas, coacciones o violencia física. Y más de la mitad eran menores de edad. El Govern es consciente de que estos datos son solo una pequeña muestra y quiere detectar todos estos abusos. Para ello, se ha dotado de un protocolo que, en los próximos tres años, creará 92 unidades de profesionales de distinta índole para prevenir, sensibilizar, detectar casos y acompañar a las víctimas en el proceso.

En Catalunya viven 7.152 jóvenes de 15 a 19 años cuyos padres proceden de países donde se producen, de forma más o menos aceptada, los matrimonios forzosos. Pero el año pasado solo se denunciaron 14 casos. "Es un tipo de violencia machista que está muy invisibilizada", ha dicho este lunes el 'conseller' d'Afers Socials, Chakir el Homrani, en la presentación del protocolo. "Estamos ante la punta del iceberg, y nuestro objetivo es evitar todos los que se puedan producir", ha afirmado el secretario d'Igualtat, Oriol Amorós.

La alerta y la necesidad surgieron, en parte, porque en los últimos años, mientras el trabajo con la comunidad subsahariana ha sido constante y ha dados sus frutos, con personas de otras regiones no ha sucedido así: han surgido casos de mujeres y niñas con origen en el sureste asiático (como Vietnam o Pakistán) o Marruecos que las autoridades no se esperaban.

Para ello, Afers Socials quiere crear 92 mesas de coordinación contra la prevención del matrimonio forzoso durante los próximos tres años. Estas estarán concentradas en comarcas y localidades donde residen los jóvenes originarios de los países donde el riesgo al matrimonio forzoso es real. Una parte de estas mesas de coordinación ya existían en relación a la mutilación genital femenina, pero 20 de ellas serán de nueva creación.  

"Nos hemos inspirado en modelos como el del Reino Unido, pero hemos preferido optar por la coordinación desde el territorio, y no derivarlo a instituciones más elevadas", ha sostenido Sonia Parella, socióloga y miembro del Centre d'Estudis i Recerca en Migracions de la UAB que ha participado en la redacción de este protocolo. La tarea ahora es formar a profesores, sanitarios o trabajadores sociales en la materia para que, en cuanto uno de ellos escuche la confesión de una joven, sea él quien coordine la respuesta al caso, siempre orientado por los especialistas. 

Estas mesas de coordinación y detección están integradas por policías, docentes, servicios sociales, miembros sanitarios, psicólogos y equipos de detección y atención a la infancia en riesgo, entre otros. El mismo secretario ha reconocido que las ya existentes "necesitan un arranque", porque los profesionales "desempeñan otro trabajo aparte de estar en la mesa". Sin embargo, Amorós ha anunciado que han contratado nuevo personal del departamento para que haga un mejor seguimiento y dé un mayor impulso a este trabajo en el territorio.

El protocolo detalla los casos en función del riesgo: no es lo mismo que una chica haya visto casarse de forma obligada a su hermana que el hecho de que se planee un viaje donde este niña se tendrá que casar. Y también establece que en los casos de las menores de edad hay que activar la Fiscalía de Menores y la DGAIA por si hay que proceder a la retirada de la custodia paterna. 

Otro de los retos es que estas mujeres, una vez detectado el maltrato, acudan al Servei d'Intervenció Especialitzada en Violència Masclista, y a su vez accedan a una vivienda o una casa de acogida si lo requieren. Y es que, en este sentido, según han explicado los responsables de la 'conselleria', los índices entre estas mujeres son aún muy bajos en estos servicios. 

No obstante, en palabras del secretario de Igualtat, "la mejor prevención es que las chicas sigan la enseñanza postobligatoria, cuando están más empoderadas para decir que no". Los datos oficiales se empeñan en demostrar que la realidad aún sigue muy lejos de lo deseado, porque los alumnos de origen extranjero registran hasta el doble de<strong> abandono escolar</strong> que el resto.