Terrassa explora la espinosa vía de las expropiaciones de pisos vacíos a los bancos

Terrassa se ha puesto en pie de guerra contra los pisos vacíos de los grandes tenedores -especialmente bancos o fondos de inversión con más de 15 viviendas en propiedad-. Tras la aprobación del decreto ley de medidas para el acceso a la vivienda de la Generalitat, el ayuntamiento de la cocapital del Vallès Occidental ha activado los mecanismos para combatir la falta de vivienda pública en la tercera ciudad más poblada de Catalunya -que solo dispone de un 1,8% de vivienda pública-, contemplados en su 'Plan Local de Vivienda'.

Entre las medidas, el gobierno municipal destaca la expropiación de viviendas que lleven vacías más de dos años y pertenezcan a bancos. Si bien Barcelona fue pionera en realizar ‘expropiaciones de uso’ de pisos vacíos, que según la ley tienen carácter temporal por un máximo de 10 años, Terrassa quiere expropiar las viviendas de forma definitiva; es decir, no el ‘uso’ del inmueble, sino su propiedad. "Nos interesa que sean expropiaciones totales, no queremos devolver luego los pisos al banco arreglados", explica la teniente de alcalde de Territorio, Lluïsa Melgares (Tot per Terrassa).

Una fórmula compleja

Para realizar una expropiación, de primeras, la Administración debe constatar que el inmueble lleva vacío más de dos años sin causa justificada y asegurarse de que está inscrito en el 'Registro de Viviendas Vacías de la Generalitat'. Tras ello, hay que avisar al tenedor de que, en caso de que la vivienda no sea ocupada legalmente en un mes, se puede iniciar el proceso de expropiación.

La concejala Melgares se acoge al nuevo decreto de la Generalitat para rebajar los gastos de expropiación, ya que la ley indica que la Administración puede adquirir la vivienda requisada por el 50% de su valor. "No creo que la reducción al 50% sea constitucional, porque el artículo 33 de la Constitución dice que se debe compensar con el precio justo", explica el profesor de Derecho de la Universitat de Barcelona y experto en materia de expropiaciones Antoni Farré, quien describe la experiencia de Barcelona como "anecdótica".

El artículo al que se refiere Farré indica que una expropiación debe hacerse "mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes". Por su parte, el decreto de la Generalitat argumenta la rebaja del valor de la vivienda a la mitad acogiéndose a la ley de suelo, que sí permite una rebaja máxima del 50%.

Más multas coercitivas

El decreto de la Generalitat también posibilita nuevas sanciones a los pisos vacíos. Así, Melgares ya ha anunciado que volverán las multas coercitivas a las entidades que mantengan los pisos sin ocupar, esta vez, por valor de 1.000 euros.

Terrassa fue el primer municipio en impulsar esta medida en el 2013, aplicando así la ley catalana de vivienda. Tras un año de la medida, el consistorio había cobrado tres sanciones, de 5.000 euros cada una. No obstante, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) determinó en el 2017 que los ayuntamientos no eran competentes para aplicar multas de esta índole.

El nuevo decreto autonómico otorga competencias sancionadoras a los municipios y Terrassa ya ha anunciado que las aprovechará. Fuentes del consistorio informan de que un estudio realizado en mayo del 2019 detectó 2.000 pisos vacíos en manos de grandes tenedores.

Dudas de los colectivos

Desde la PAH de Terrassa explican que tanto las multas como las medidas para ampliar el parque de vivienda pública "no son una opción, sino una obligación". "Cuando veamos una sanción nos lo creeremos", añade Guille Domingo, portavoz de la asociación, que critica que Terrassa "no ha aplicado todas las posibilidades que ofrece la ley para detener los desahucios y ampliar el parque de vivienda pública".

Según datos del ayuntamiento, en la cocapital del Vallès Occidental hay 30 desahucios cada semana y, actualmente, hay 73 familias en la mesa de emergencia a la espera de que se les asigne una vivienda con alquiler social. Desde la PAH apuntan a que esta cifra sería mayor "si se derogasen los tres años de empadronamiento necesarios para acceder a la mesa". Además, del 1 al 24 de enero de este año, el consistorio egarense detectó 10 procesos de desahucio de grandes tenedores a personas en riesgo de exclusión. En ninguno de ellos se había realizado la oferta de alquiler social obligatoria, cuando se les había enviado una carta donde se alertaba de que, en caso de no realizar ese proceso, serán sancionados con multas entre 9.001 y 90.000 euros.