Los grandes propietarios acusan al Govern de fomentar la ocupación

Los grandes tenedores de pisos -propietarios individuales, promotores, 'servicers' y fondos de inversión inmobiliarios-, así como diferentes órganos de representación del sector inmobiliario -Fomento del Treball, administradores de fincas, APIs y el propio Colegio de Abogados- consideran que los dos decretos de medidas urgentes para mejora el acceso a la vivienda aprobados por el Govern (y convalidado uno de ellos por el Parlament el 5 de febrero) agravan el problema la ocupación ilegal de las viviendas vacías al obligar a los propietarios con más de 15 inmuebles  a ofrecer un alquiler social por un periodo de siete años --máximo establecido por la ley arrendamientos urbanos (LAU) para la duración de los contratos de alquiler--, prorrogables por otros siete años (14 en total), a quienes ocupaban una vivienda seis meses antes de la aprobación de la nueva ley, aun en el caso de que pese una demanda de desahucio sobre el ocupante. 

El Consell de Garanties Estatutaries se ha sumado esta misma semana al clamor al considerar "inconstitucional" la definición de vivienda vacía que se hace el decreto a la vivienda aprobado en Catalunya por vulnerar el artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada, y el 9.3, que garantiza el "principio de legalidad". 

"Antes, cuando tenías una ocupación ilegal, lo que hacías era denunciarla y dependía del juez determinar si la era legal o no, así como de los Servicios Sociales, que debían determinar si era un caso de emergencia habitacional. Se decidía caso por caso. Con la aprobación del decreto, Servicios Sociales lo único que mirará es si hay riesgo de exclusión social o no. Pero aunque exista una denuncia del propietario y no haya todavía una resolución judicial, tendrás la obligación de ofrecer un alquiler social", comentan fuentes de uno de los fondos de inversión que cuenta con mayor volumen de viviendas en alquiler en Catalunya. "Esa situación supone dar alas a la ocupación ilegal", agregaron las mismas fuentes.   

Cambio de última hora

El decreto ley 17/2019 del 23 de diciembre del 2019 de medidas urgentes para el mejor acceso a la vivienda obligaba a los grandes tenedores a hacer un alquiler social en caso de ocupación, pero reconocía que si el caso estaba denunciado ante un juez quedaba eximido de aplicar el alquiler social hasta que el magistrado se pronunciara. El decreto 1/2020 del 21 de enero, posterior, enmienda esa decisión y elimina la obligación de eximir del alquiler social en caso de denuncia. "Es la primera vez que nos encontramos que en una situación que está denunciada tú tienes que legalizarla antes de que el juez decida", destacan los detractores de la normativa.

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)  y el Colegio de Administradores de Fincas comparten esa visión: "Lamentablemente, el Gobierno de la Generalitat  ha dado un paso atrás en la lucha contra la ocupación ilegal de una vivienda".  

Los responsables del Departament de Territori en materia de vivienda, con Agustí Serra (secretario de Agenda Urbana) y Jaume Font, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, al frente, participaron recientemente en un acto en la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) para explicar la normativa de acceso a la vivienda. En ese acto, al que no faltó ningún representante del sector promotor, se puso de manifiesto el rechazo de las empresas de la edificación. "La Generalitat ha elaborado esta norma sin escuchar a los profesionales y da la impresión de que no mejorará la situación del alquiler", comenta Elena Massot, vicepresidenta de la APCE. "De nuevo, la falta de planificación durante 30 años se quiere cargar sobre los promotores", agrega. "Dar 14 daños de margen a una emergencia social no es buscar soluciones, es perpetuarla", insisten los promotores, para quienes la Administración intenta traspasar al sector privado su responsabilidad sobre la vivienda social.

Perspectiva del Govern

La perspectiva del Govern es que hay que dar una respuesta a la emergencia habitacional que padece Catalunya y que los decretos han sido aprobados para dar soluciones a esa situación social. En gran medida coincide la Generalitat con entidades como el Sindicat de Llogateres o la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH), que ponen por delante de la actividad económica la precariedad en la que viven muchas familias en Catalunya. "Los grandes tenedores tienen interés en explicar que los decretos fomentan la ocupación, pero eso no es así. Simplemente se pide a los fondos 'buitre' que asuman su responsabilidad", afirman fuentes del Sindicat de Llogateres. "Están comprando a valor de saldo a los bancos y obtienen una gran rentabilidad con subidas de precios. Hay que exigir que pongan rentas que se adapten a los ingresos de las familias que no tienen recursos", agregan.

Aun así, la industria insiste en que se está "fomentando" y "legalizando" la ocupación. "Antes de diciembre teníamos 10 intentos diarios de ocupación, y en enero hemos tenido 20 intentos de media", explica un ejecutivo de uno de esos fondos. "Desde algunas plataformas  se ha fomentando la ocupación en los meses previos a la aprobación de decreto para consolidar esa situación", agregan. Las plataformas sociales lo niegan.