24 feb 2020

Ir a contenido

Celaá da un mes a Murcia para que retire la censura parental antes de ir a los tribunales

La nueva delegada del Gobierno contra la Violencia de Género compara la necesidad de actuar con la imposición del 155 en Catalunya y luego se desdice

Efe / Llodio

La ministra de Educación, Isabel Celaá. / EUROPA PRESS

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dado un mes de plazo al Gobierno de Murcia para "restaurar la legalidad" y retirar la censura parental antes de que el Ejecutivo recurra esta medida en los tribunales de Justicia.

En una rueda de prensa en la localidad alavesa de Llodio para presentar el saneamiento del Alto Nervión, la ministra se ha referido a la decisión del Gobierno de Murcia -a propuesta de Vox- de permitir a los progenitores no autorizar la asistencia de sus hijos a charlas y talleres extraescolares, el llamado "pin parental".

El Gobierno envió el viernes un requerimiento al Ejecutivo murciano para instarle a retirar una medida que constituye "una censura previa, que va incluso contra la libertad de cátedra". A día de hoy no hay respuesta a ese requerimiento y Celaá entiende que el plazo razonable para tomar medidas adicionales como la vía judicial es de un mes.

La ministra ha recordado además que fue la última reforma educativa, la llamada "ley Wert", impulsada por el entonces Gobierno del PP, la que limitó la capacidad de decisión de los padres en los consejos escolares, y ha reprochado al presidente del PP, Pablo Casado, su "desconocimiento de cómo funciona el sistema educativo" en España. 

Amenaza de intervención

Varias voces del Gobierno han lanzado este lunes serios avisos al Gobierno de Murcia para forzarle a retirar la censura parental. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado que si el Ejecutivo de Murcia no cumple con el requerimiento del Gobierno estatal de eliminar la censura parental se podrían plantear otros escenarios como la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Así, la nueva delegada del Gobierno para la Violencia Machista ha dicho que habría cauces administrativos como la aplicación de un 155 en Murcia porque el Gobierno autonómico "se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables". No obstante, en una entrevista en la Cadena SER, ha señalado que si el Ejecutivo murciano se cierra al diálogo político sería una lástima y seguiría "un camino similar al de Catalunya, una actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico".

Poco después, Rosell ha matizado esas palabras señalando que se trataba solo de una comparación.

Choque con Cs en Andalucía

En AndalucíaCiudadanos, que ostenta las competencias en Educación en el gobierno de coalición, se opone tajantemente a la censura parental, y rechaza incluso que sea una prioridad como apunta la ultraderecha, que este mismo lunes aseguró públicamente que la Junta trabaja ya en cambios legales para ponerlo en marcha. Es más, Vox afirmó tener el compromiso del consejero de Presidencia Elías Bendodo, deslizando que de no llevarse a cabo “habrá consecuencias”, dijo el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández. Para sustentar su petición, aludió a supuestos talleres escolares donde, según les cuentan los padres, se explica que “todas las personas tienen derecho a disfrutar de la sexualidad, también un niño de ocho añitos” o que “las relaciones con menores no tienen por qué hacer daño a nadie”, pero no supo concretar en qué colegios se produjeron estas situaciones, o siquiera si eran de Andalucía. “Son informaciones que nos llegan y con las que trabajamos”, zanjó, según informa Julia Camacho.

Para el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Juan Marín, “en los presupuestos del 2019 y del 2020 de Andalucía en ningún momento se recoge esta situación” del veto parental, pese a que el acuerdo lo contempla en el punto 19 con un enunciado similar al de Murcia. “No está en la voluntad de este gobierno” de PP y Cs en Andalucía el “derogar ni dar un solo paso atrás en derechos adquiridos a lo largo de la democracia”.

Su consejero de Educación, Javier Imbroda, fue más allá y consideró que “el actual marco normativo ya da cobijo a esa posibilidad de que los padres puedan decidir”, en alusión al consejo escolar. “Es un debate estéril, porque los niños necesitan una formación integral acorde a los valores de la Constitución que nos hemos dado”, dijo, abriendo la puerta en todo caso a reforzar la inspección, “pero no solo centrado en esos temas”.