Bronca política por la censura parental

La censura parental, también denominada pin parental, se ha convertido en el primer asunto de Estado del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. El veto que quieren aplicar algunos padres a determinadas actividades del ámbito educativo de los hijos, aprobada por la Región de Murcia, ha desembocado en un choque entre administraciones. La ministra de Educación, Isabel Celaá dio este lunes un mes de plazo al gobierno de Fernando López Miras (PP) para retirar la medida propuesta por Vox. Si no hay rectificación, el Gobierno se plantea recurrir a los tribunales para derogar esta "intrusión en el sistema educativo". 

Y hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arremetió anoche contra los partidos de derecha que apoyan semejante medida. "El veto parental lo saca la derecha para que no hablemos de los problemas reales de la ciudadanía", protestó Sánchez en una entrevista en TVE. "Estamos hablando de un problema inventado por la ultraderecha. ¿Cuántos años lleva gobernando el PP en Murcia? Más de 20 años. ¿Han oído al PP hablar hasta ahora del veto parental? No. Lo hacen ahora porque gobierna el PSOE y porque la ultraderecha rompe consensos y arrastra a la derecha", criticó.

La Generalitat, en contra

Por parte de la Generalitat, la directora general de Currículum i Personalització del Departament d’Educació, Maite Aymerich, considera que el veto parental es "una forma de censura de determinados contenidos que contraviene principios reconocidos en distintas leyes y recomendaciones estatales e internacionales". "Lo que perjudica realmente a los menores –prosigue esta experta– es no tener información sobre temas que serán significativos en sus vidas". En declaraciones a este diario, la responsable de la ‘conselleria’ apela al trabajo conjunto con las familias pero desde "la complicidad con toda la comunidad educativa". Y en caso de tener que impulsar una censura por parte de los padres, considera que podría ser válida respecto a "algunas informaciones que reciben vía internet, especialmente en lo que hace referencia a la pornografía". "De esta manera evitaríamos comportamientos de violencia contra las mujeres y determinados colectivos". 

Save the Chidren, siguiendo la polémica desde la barrera, defendió, a través de un comunicado, que la censura parental "vulnera el derecho de los niños y niñas a una formación integral. Según esta entidad, son "diversas las sentencias del Tribunal Supremo que han determinado que no existe derecho a la objeción de conciencia de padres y madres sobre contenidos educativos. "Las actividades complementarias, realizadas en horario lectivo, son parte del desarrollo del proyecto educativo y la programación fijada por el centro escolar para cumplir con sus objetivos", concluye.