37 entidades murcianas firman contra la censura parental de Vox

La inclusión de la censura parental como condición de Vox para aprobar los presupuestos autonómicos de la Región de Murcia ha suscitado quejas en los sectores implicados y ha provocado que 37 colectivos de la comunidad, entre partidos políticos, sindicatos, asociaciones de padres y madres de alumnos, colectivos LGTBI y plataformas sociales  firmen un manifiesto en el que muestran su "absoluto rechazo" al también conocido como 'pin' parental implantado desde principio de curso en las escuelas y que han suscrito PP, Cs y Vox.

En el texto los firmantes, entre ellos PSOE, Podemos, IU y Más Región, así como la Federación Regional de ampas Juan González, los colectivos LGTBI No Te Prives y Galactyco y los sindicatos UGT, CCOO y STERM, exigen la retirada de las instrucciones de inicio de curso de la Consejería de Educación y Cultura, en la que se pide la autorización expresa de los progenitores para que sus hijos puedan asistir a las charlas complementarias, incluidas en el currículo escolar y que son evaluables y obligatorias. 

Todos ellos consideran un "grave error esta imposición porque posibilita el veto en los centros educativos a formación fundamental para el desarrollo de los niños, desautoriza y deslegitima al profesorado, vulnera los derechos del alumnado" y "pone en peligro la convivencia social".

Los colectivos advierten que esta medida privaría al alumno de asistir a las charlas de formación sobre LGTBIfobia, prevención de la violencia de género, ludopatía, drogas, enfermedades de transmisión sexual, trastornos de la alimentación, 'bullying', ciberacoso y prevención de embarazos no deseados, entre otras materias. Según los 37 colectivos y partidos que han suscrito el manifiesto, su implantación "contraviene la Constitución y las normas educativas, ataca la autonomía de los centros y la libertad de cátedra del profesorado y contradice el derecho fundamental y constitucional de los alumnos a recibir una formación integral basada en los principios y valores democráticos".

Añaden que las actividades complementarias están incluidas en la programación que los centros, previa consulta de los consejos escolares, se aprueban y son obligatorias y evaluables, por lo que contra ellas no existe objeción de conciencia. 

¿Y qué dicen los maestros?

Este tema también ha indignado a docentes y directores de centros educativos porque supone una injerencia en su labor profesional. y cuestionan su legalidad, ya que los decretos que establecen los currículos de primaria y secundaria consideran esas actividades complementarias, como charlas, talleres y visitas, evaluables y obligatorias, dado que complementan la formación en el aula y es básica para la formación de los alumnos. A pesar del rechazo y de los recursos presentados por docentes y sindicatos, la instrucción no ha dejado de aplicarse. 

Según los colectivos de directores de enseñanza la nueva norma, es una incongruencia, supone aumentar la burocracia, y marginar a los alumnos no autorizados y que tienen que permanecer con un profesor de guardia.

Entre los padres, las posiciones están divididas: mientras los de la escuela pública rechazan el consentimiento informado, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) defiende su «derecho a estar informados sobre las charlas a las que asisten nuestros hijos