23 feb 2020

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EMERGENCIA MEDIOAMBIENTAL

Bruselas asigna a España el 4% del nuevo Fondo de Transición Justa

La Comisión Europea propone 307 millones, lo que la convierte en el octavo país receptor

El reparto beneficia especialmente a Polonia, que obtendría un cuarto de los 7.500 millones

Silvia Martinez

La ciudad de Madrid, cubierta por una boina de contaminación, el 9 de febrero.

La ciudad de Madrid, cubierta por una boina de contaminación, el 9 de febrero. / EFE / JUAN CARLOS HIDALGO

El montante asignado por Bruselas a España dentro del nuevo Fondo de Transición Justa asciende a 307 millones de euros, según la propuesta elaborada por la Comisión Europea y presentada este miércoles a los embajadores permanentes de la UE. Este dinero supone el 4% de los 7.500 millones con que quieren dotar al nuevo instrumento propuesto por el Ejecutivo comunitario para financiar la transición ecológica en los Veintisiete y mitigar el impacto socioeconómico en las regiones que tendrán que hacer frente a un mayor coste económico. 

El principal beneficiado del nuevo fondo, según la clave de reparto publicada por la Comisión Europea, será Polonia con 2.000 millones, el umbral máximo fijado por estado miembro, lo que significa que más de un cuarto de este instrumento irá al único país que en la cumbre de jefes de estado y de gobierno de la UE de diciembre pasado se negó a comprometerse con el objetivo de neutralidad climática en 2050. 

Le siguen Alemania, con 877 millones, Rumanía con 757 millones, República checa con 581 millones, Bulgaria con 458 millones, Francia con 402 millones, Italia con 364 millones, España con 307, Grecia con 294 millones y Países Bajos con 220 millones. El resto de Estados miembros también recibirán ayudas para apoyar a sus regiones más vulnerables aunque los montantes oscilarán entre los 165 millones de Finlandia, los 162 de Eslovaquia y los 125 de Estonia y los 4 millones de Luxemburgo, los 8 millones de Malta y los 30 millones de Irlanda

Criterios "claros y objetivos"

Pese a las grandes diferencias en las asignaciones, la Comisión Europea ha insistido en que la clave de reparto se basa en criterios “claros y objetivos” entre los que se incluyen las emisiones de gases con efecto invernadero de las instalaciones industriales en las regiones en las que la intensidad de carbono de esas emisiones excede la media europea, el nivel de empleo en el sector del carbón y el lignito, la producción de hulla o de esquisto bituminoso. Esto permitirá concentrar las ayudas en los Estados miembros con mayores desafíos al tiempo que todos los países reciben alguna aportación. La propuesta fija por ejemplo un mínimo de ayudas de seis euros por habitante.

Para poder recibir estos recursos los Estados miembros tendrán que presentar planes territoriales en los que tendrán que precisar las regiones afectadas y las necesidades. A partir de las partidas asignadas, la Comisión Europea confía en multiplicar el montante inicial de 7.500 hasta los 30.000 millones gracias a las aportaciones de los fondos estructurales y de cohesión a los que confían en sumar nuevas partidas gracias al plan InvestEU con el atraer inversiones del sector privado. El objetivo convertir esos 7.500 millones iniciales en una palanca de más de 100.000 millones entre el 2021 y el 2027.