Las inmigrantes sin tarjeta sanitaria no pueden abortar gratis en Catalunya

Lucía tiene algo en su vientre que no desea. Se ha recorrido L’Hospitalet de Llobregat, donde vive, para que le ayuden a quitárselo. Ha visitado el Hospital General de L’Hospitalet, un centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (Assir), el Centro de Atención Integral de la Mujer y el CAE La Torrassa. En todos le han pedido la tarjeta sanitaria. Pero ella no la tiene porque no puede empadronarse. Sin padrón y sin dinero, seguirá embarazada aunque no quiera. Lucía es el nombre ficticio de una historia real. Ella es una de las decenas de inmigrantes anónimas que no pueden acceder al aborto en Catalunya. ¿El motivo? Su situación administrativa irregular y la ausencia de padrón.

«Las leyes española y catalana deja fuera a un grupo vulnerable a la hora de acceder a una sanidad universal y gratuita», afirma Carlos Losana, pediatra y portavoz de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat). En el pleno monográfico por los derechos de las mujeres en el Parlament el 17 de diciembre, la CUP y En Comú Podem presentaron una moción para garantizar el derecho de las inmigrantes a un aborto seguro y gratuito. Fue rechazada por los votos en contra de ERC, PSC, JxC y PP, y la abstención de Cs.

El aborto puede ser una carrera de obstáculos en España

175 euros la píldora

Abortar en la sanidad pública es gratuito, salvo si no tienes papeles. En ese caso, un tratamiento de interrupción voluntaria del embarazo por vía farmacológica cuesta 175 euros, que muchas no pueden pagar. «Ponemos el foco sobre el aborto porque hay un límite temporal para llevarlo a cabo; las administraciones marean a estas mujeres mandándolas de un sitio a otro hasta que llegan al límite del plazo», explica Arlene Cruz Carrasco, feminista decolonial de la Red de Migración, Género y Desarrollo (Red MGD).

La ley catalana 9/2017 de universalización de la asistencia sanitaria otorga el acceso a la sanidad a «las personas que acrediten el arraigo en Catalunya a través de los criterios que se desplieguen por reglamento». «Tras dos años y medio, aún se está esperando ese reglamento que defina qué es algo tan ambiguo como el arraigo –denuncia Losana–. En la ley establecieron que lo aprobarían en tres meses, pero solo han abierto un proceso participativo sin fecha de finalización».

La portavoz de Salut de ERC, Gemma Espigares, justifica su voto en contra por la existencia de esta ley de universalización impulsada por los republicanos «y aprobada con un amplio consenso». «Rechazamos modificar la ley por lectura única ya que solo hace falta la aprobación del reglamento prevista para julio», concluye. Assumpta Escarp, diputada del PSC, coincide: «La ley catalana ya protege a esas mujeres con fórmulas como el arraigo».

Sin número de afectadas

Bombo N’dir acompaña a mujeres como Lucía en el laberinto de la burocracia. «Como agente comunitaria de salud y mediadora cultural, me sitúo entre el médico y la paciente para facilitar el entendimiento ». Su rol se centra en mujeres africanas. «La concepción de la salud es distinta a la de occidente», denuncia. «No hablan la lengua y eso las somete a un estado de constante estrés cuando no las dejan abortar».

Es imposible conocer el número exacto de afectadas por la privación del derecho de acceso a la sanidad. Según el informe Seis años de exclusión sanitaria: el impacto de la RDL 16/2012 en Catalunya de la PASUCAT, unos 91 menores y 20 embarazadas habían sido excluidas hasta octubre del 2018.

«Incluir el aborto como elemento de salud universal es básico», explica la diputada de la CUP Natàlia Sánchez. «Por eso sorprendió el rechazo de grupos supuestamente progresistas». Sánchez afirma que el Govern, con la republicana Alba Vergés en Salut, «considera que esto es algo que no está ocurriendo». Tras el no en el Parlament, ambos grupos buscan nuevas vías mientras el reglamento sigue estancado. «Hemos puesto el tema sobre la mesa durante la negociación de los presupuestos –dice la diputada de los Comuns Marta Ribas– Si no prospera, optaremos por proponer una modificación de la ley».

Privilegio de algunas

«El padrón excluye a mucha gente y es muy difícil obtenerlo sin una vivienda estable», añade Solana. Esa «puerta que te abre la ciudadanía» prima ante las necesidades sanitarias. «Esto no es solo una vulneración de los derechos de las que quieren abortar; es un racismo institucional que vulnera los derechos de todas las que no pueden acceder a una sanidad pública, universal y de calidad», concluye Cruz Carrasco.

«Vivimos en nuestras pieles el rechazo, la incomprensión y el paternalismo de una sociedad que afirma saber más sobre nuestros propios cuerpos», denuncia N’Dir. «Si hemos luchado tantos años por el aborto, no puede ser solo para el privilegio de algunas», concluye Solana.

Al fin, tras seis semanas, Lucía pudo abortar. Lo hizo en el ASSIR del CAP de la calle de Manso de Barcelona porque allí tratan, de forma excepcional, la IVE como una urgencia a la que se accede sin tarjeta sanitaria. Tan simple como el derecho fundamental de Lucía a decidir sobre su vida.