04 jun 2020

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EL FRENTE JUDICIAL DE UNA TRAGEDIA FERROVIARIA

El atropello de Castelldefels sigue vivo en los juzgados una década después

Las familias de los 12 fallecidos y una mujer herida apelan contra la decisión de una magistrada de exonerar a Renfe y a Adif y condenarles a pagar las costas

Gemma Tramullas

Un cuerpo cubierto junto al escenario de la tragedia, en Castelldefels, el día de San Juan del 2010.

Un cuerpo cubierto junto al escenario de la tragedia, en Castelldefels, el día de San Juan del 2010. / DIEGO CALDERÓN

Este año se cumple una década del arrollamiento masivo en la estación de Castelldefels Platja que causó 12 víctimas mortales y las familias de los fallecidos y una de las personas heridas no dan su brazo a torcer en el frente judicial. En octubre pasado se aportaron nuevas pruebas sobre la potencial responsabilidad de Adif y Renfe en el accidente. Sin embargo, la magistrada sentenció en contra de las familias, les negó el derecho a cualquier indemnización y les condenó a pagar miles de euros por las costas del juicio. Aun así, siete familias siguen adelante y han presentado un recurso de apelación contra esta decisión.

El arrollamiento tuvo lugar en la noche de San Juan, cuando miles de personas (muchas de ellas menores de edad) se dirigían como cada año a celebrar la verbena en la playa. Según los testigos, una muchedumbre que bajó del último tren se sintió atrapada en el andén y la confusión y el pánico llevó a decenas de personas a cruzar la vía. Un tren en sentido contrario que circulaba a 140 kilómetros por hora les embistió.

Nuevo informe pericial

El nuevo informe pericial presentado por parte de las familias argumenta que la estación no cumplía las medidas de seguridad, a pesar de estar recién remodelada: ni el andén tenía las dimensiones correctas, ni la iluminación y la señalización eran suficientes, ni el paso inferior permitía evacuar en el tiempo adecuado a convoyes con capacidad para 1.800 personas, como el que llegó a la estación.

Tampoco se cumplió la ley de protección civil de Catalunya, porque ante la previsible afluencia de pasajeros no se tomó ninguna medida para garantizar su seguridad (como la contratación de informadores o vigilantes) y la presencia policial se limitaba al exterior de la estación. La indemnización que correspondería a los familiares de las víctimas y la mujer herida asciende a 1,3 millones de euros.

Alusiones al 'procés'

El juicio que se celebró en el juzgado general de lo contencioso administrativo número 5 de Madrid coincidió en el tiempo con el del proceso a los líderes independentistas y se produjo alguna escena sorprendente como cuando la abogada del Estado, en nombre de Adif, mostró una fotografía de la ocupación de las vías del AVE en Girona con una gran estelada. La magistrada solo tardó 15 días en dictaminar que Renfe y Adif no tuvieron ninguna responsabilidad en el accidente, que según ella se debió exclusivamente a la imprudencia de las víctimas.

“Es muy duro e injusto que te digan que no puedes reclamar justicia y que te castiguen por ello es demencial", afirma Eidy Ayala, que perdió a su hijo en el atropello. "Como madre tienes la necesidad de seguir buscando respuestas y encontrar  un poquito de justicia, porque no se puede admitir que los responsables del servicio ferroviario de aquella noche digan que los únicos responsables de la situación que se produjo eran nuestros hijos, que ya no se pueden defender".

Familias vulnerables

La abogada de las familias, Núria López, muestra su sorpresa por el hecho de que la magistrada haya condenado a las familias a pagar las costas del juicio cuando “la demanda formulada era lógica y razonable”. Entre otras razones, argumenta que la propia jueza de lo penal que archivó el caso en 2014 afirmó que “la falta de adopción de las medidas especiales que requería una noche como la de autos merece desde luego un reproche desde el punto de visto civil o administrativo, ante la falta de previsión de la situación de aglomeración que se generó". 

“Las familias que siguen quieren explorar todas las posibilidades", explica López: "Se sienten maltratadas y no tienen nada que perder. Tan solo les mueve el ánimo de justicia que no saben si llegará nunca”. La dureza del proceso ha dejado un reguero de letrados exhaustos, empezando por Andreu Van Den Eynde, actual abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, que se ocupó de la parte técnica del juicio penal. Los abogados se han enfrentado a los equipos legales de Adif y Renfe con más voluntarismo que recursos. Sus clientes son en su mayoría familias muy vulnerables que apenas pueden cubrir las dietas y los desplazamientos de sus representantes legales.