El reto demográfico es un reto económico
CARMELA DEL MORAL. SAVE THE CHILDREN
Recientemente hemos conocido un dato preocupante: en 2018 solo nacieron 372.777 niños y niñas en España, la cifra más baja de las dos últimas décadas. Esta noticia confirma la alerta hecha pública hace prácticamente un año, cuando supimos que el número de nacimientos registrados en la primera mitad de 2018 era el menor desde 1941, y por tanto desde que existen registros. El invierno demográfico es ya una realidad: Espanya es el país de la Unión Europea con la tasa de natalidad más baja. Esta realidad compromete la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema de bienestar y especialmente de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional y con una población cada vez más dependiente.
Aunque sin duda existen algunos factores sociológicos que explican la baja natalidad, comunes a otras democracias occidentales, hay una cuestión que hace específico el caso español: las mujeres españolas tienen menos hijos de los que quieren. La tasa de natalidad es de 1,31 hijos por mujer, pero tres de cada cuatro mujeres (y el mismo número de hombres) declaran desear tener dos hijos o hijas. ¿Por qué, en un contexto político de preocupación por la natalidad, y en el que las parejas desean tener más hijos, la tasa de natalidad en España sufre un proceso de disminución continuo?
La respuesta es clara: vivimos en un contexto social y económico en el que tener hijos aumenta el riesgo de pobreza, y no se puede pedir a las parejas jóvenes, apenas capaces de enfrentar su propia emancipación, que se conviertan en padres y madres por la sostenibilidad del Estado. En este momento en el que, además de la falta de políticas de familia e infancia realmente comprometidas, nos encontramos con núcleos y redes familiares cada vez más reducidos y con menor capacidad protectora, tener un hijo o una hija requiere más sacrificios de los que son asumibles por muchas parejas.
En un contexto en el que la natalidad aparece cada vez más en el discurso público y en las preocupaciones políticas, es necesario salir de una dinámica de alarma y catastrofismo y empezar a proporcionar soluciones efectivas a las causas de esta tendencia. Sólo mediante políticas de apoyo a la familia y la infancia podremos conformar un país que apoye la crianza. España invierte en familia e infancia un 1,4% de su PIB, una cifra muy alejada del 2,3% que supone la media de inversión en estas políticas de la Unión Europea.
Las propuestas que pueden cambiar la situación no son nuevas: medidas de conciliación como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad o la flexibilidad horaria que se adapte a las circunstancias de cada familia y tenga una perspectiva de infancia; la extensión de la educación de 0-3 años; el aumento de ayudas a la crianza como la prestación por hijo a cargo para las familias en situación de pobreza…Ninguna de estas medidas es una novedad, pero todas se han convertido en urgentes para España.
El Estado debe garantizar que las necesidades básicas de las familias estén cubiertas. Y dejar a padres y madres ocuparse de lo que realmente importa: la crianza, el afecto, la aventura de traer una nueva vida al mundo y de acompañar su desarrollo.
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