La ayuda de 6.000 euros por escolarizar en castellano anulada por el TC acaba costando al Estado 1,6 millones
El Gobierno paga ahora 810.000 euros a las familias que escolarizar en castellano durante 2017-2018 y reconoce el pago de 861.537 de los cursos anteriores
El Gobierno ha aprobado este viernes dos acuerdos para compensar las familias que se acogieron a la ayuda de 6.000 euros por alumno para escolarizar a sus hijos a escuelas privadas que ofrecieran educación en castellano como lengua vehicular. En febrero del 2018 el Tribunal Constitucional declaró nula esta parte de la LOMCE y ahora, según consta en la referencia del Consejo de Ministros, el Ejecutivo español en funciones "indemniza a las familias que se acogieron a este sistema antes de que se 'anulara ". En concreto, el Estado pagará 810.111 euros a las familias de 171 estudiantes del curso 2017-2018 para "los gastos ocasionados por la escolarización en castellano en centros privados", según consta en la referencia del Consejo de Ministros. Estos 171 estudiantes suponen un 0,021% de los alumnos escolarizados aquel curso en Catalunya, según las cifras que aporta el propio ejecutivo español. También reconoce el pago ya efectuado de 861.537 euros de los cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017.
Con este acuerdo, el Consejo de Ministros declara "la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado respecto a los gastos de escolarización en castellano en centros privados en comunidades autónomas con lengua cooficial y declarados inconstitucionales en febrero de 2018 y marzo de ese mismo año ". Por este motivo, además del gasto de 810.111 euros que ahora recibirán estas familias, en otro acuerdo "acredita lo que ya abonó el gobierno central a las familias en relación a los gastos ocasionados por el mismo motivo a 172 estudiantes" durante los cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017.
Son 861.537 euros más que recibieron las familias de cinco estudiantes de Valencia y 167 de Catalunya. El Ejecutivo español asegura que ambos acuerdos responden "al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y los efectos que se derivan" y por tanto se hace cargo de "los gastos que pueden quedar para abonar a estas familias" y reconoce " las que ya se reembolsar, para que todos los casos reunían los requisitos que marcaba la ley ".
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