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Oenegés y la Abogacía del Estado instan a investigar delitos de odio contra menores extranjeros

Las organizaciones se han dirigido a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo para mostrarles "su profunda preocupación acerca del fenómeno de estigmatización creciente"

Efe

Menores no acompañados duermen en la iglesia de Santa Anna, en Barcelona, el pasado julio.

Menores no acompañados duermen en la iglesia de Santa Anna, en Barcelona, el pasado julio. / Ferran Nadeu

Organizaciones dedicadas a la infancia como Unicef y Save the Children, entre otras, y la Abogacía del Estado han instado este jueves a la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Pueblo a que investiguen posibles delitos de odio contra los niños y niñas que llegan solos a España.

Unicef, Save the Children, Fundación Raíces, la Plataforma de Infancia y el Consejo General de la Abogacía Española se han dirigido a estas dos instituciones para mostrarles "su profunda preocupación acerca del fenómeno de estigmatización creciente en torno a los niños y niñas migrantes que llegan solos y solas a España, conocidos como los “menas” (Menores Extranjeros No Acompañados)". Las organizaciones hicieron llegar su preocupación a los dos organismos oficiales a través de una carta conjunta el pasado 7 de noviembre.

Según estas organizaciones, en los últimos meses se han dado numerosos casos en los que "se ha criminalizado a estos niños, niñas y adolescentes a nivel social y político, a través de discursos que les tratan, de manera colectiva, como una amenaza social y un problema de orden público, relacionándolos directamente con la comisión de delitos y de actos violentos". Estas organizaciones han constatado que la proliferación de estos mensajes de criminalización y de odio "está calando en la sociedad". 

Y consideran que manifestaciones o actos de naturaleza política, como las que se han llevado a cabo en El Masnou en Catalunya, en el barrio de la Macarena en Sevilla y delante de los Centros de Menores de Hortaleza en Madrid "vulneran los derechos fundamentales de estos niños y niñas, y provocan que algunos sectores de la sociedad les perciban como una amenaza a la seguridad ciudadana".

Las ongs insisten en que "en ningún caso se debe dar a entender a través de declaraciones o acciones que 'niño migrante no acompañado' es sinónimo de delincuente o de problema de orden público".  Hacen hincapié además en que una afirmación general sobre su criminalidad "vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia, contenidos en el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por España". 

Las manifestaciones y los "actos de contenido político" en las inmediaciones de un centro de protección de menores supone, a juicio de las ongs, “una injerencia en la vida privada y en el domicilio de estos niños y niñas", contraria al artículo 16 de la Convención.

Este artículo dice que "ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada (…), su domicilio (…), ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques".

Ongs y Abogacía recuerdan que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección del Menor proclama la protección del derecho al honor y la inviolabilidad del domicilio de los menores.

Este artículo prevé además expresamente la intervención inmediata del Ministerio Fiscal para impedir y exigir la reparación de cualquier intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación de los menores que se produzca a través de los medios de comunicación.

Estos discursos, según dicen, "ponen en grave peligro la integridad física, psíquica y moral de los niños y niñas, en la medida en que pueden contribuir a que se desencadenen actos xenófobos o de odio", como los que, según los testimonios que han llegado a Fundación Raíces, han ocurrido en las últimas semanas y han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía para su investigación.

Las organizaciones piden a la Fiscalía que investigue la posible existencia de hechos que podrían ser constitutivos de delitos tipificados en el Código Penal, en los artículos 170.1 y 173.1, referidos a las amenazas y a los tratos degradantes y menoscabo de la integridad moral, en relación con las agravantes previstas en los apartados 2 y 4 del artículo 22, así como en los artículos 510 y 510 bis, referidos a los delitos de incitación al odio. Por ello, las ongs y la Abogacía urgen a las instituciones competentes a tomar las medidas oportunas para prevenir la proliferación de este tipo de discursos de odio, de carácter claramente xenófobo.

Exigen además "seriedad y rigor" en el tratamiento de este tema, y en especial, les solicitan que adopten medidas urgentes para proteger la integridad y la vida de estos niños y niñas, que, "ahora más que nunca, se encuentran en grave peligro". 

Temas: Menas Oenegés