La DGAIA agota su presupuesto antes de terminar el año

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAiA) de la Generalitat vuelve a retrasarse a la hora de pagar las facturas de los centros tutelados donde viven niños y adolescentes desamparados. Algunas entidades han tenido que posponer pagos a sus trabajadores, otras aguantan la situación con créditos bancarios, aunque la Conselleria d’Afers Socials se ha comprometido a abonar el dinero pendiente desde agosto a lo largo de este mes y achaca la situación a la prórroga presupuestaria y la "deslealtad del Estado".

"Llevamos muchos meses esperando un pago de la Generalitat que no llega y nuestras líneas de crédito de dos millones de euros se nos presentan insuficientes para hacer frente al importe de todas nóminas de este mes, al menos hasta que no nos paguen". Este es uno de los fragmentos de una carta que la cooperativa Eduvic ha enviado esta semana a sus trabajadores, para justificarles por qué se van a retrasar en los pagos del sueldo de octubre. "El problema es que acumulamos cuatro meses de retrasos para un centro de menores", explican fuentes de la entidad, que saben que sin la aportación del Govern no podrán abonar todos los salarios.

El centro que acumula esas demoras se llama Nur. Se trata de un equipamiento donde viven niños y adolescentes migrantes solos que primero se instaló en Barcelona, luego en un hotel de Lloret de Mar (Selva), más tarde en un hotel de Calella (Maresme) y ahora parte del centro se traslada a una población de Anoia. Pero no es el único. Algunas fundaciones explican a EL PERIÓDICO que esperan pagos desde marzo, y que especialmente lo notan aquellos centros donde viven niños migrantes no acompañados, aunque no solamente.

Se desconoce el alcance

La Confederació del Tercer Sector sí tiene constancia de que se han producido "algunos" impagos, pero desconoce el alcance total. De hecho, fuentes de la asociación pronostican que la magnitud de la tragedia no es la misma que la que se dio en abril, cuando el Govern cambió radicalmente las fórmulas de pago por un nuevo sistema de acreditaciones. Tampoco la Generalitat explica cuánto dinero debe ni cuántas facturas se le acumulan. Fuentes de la 'conselleria' que dirige Chakir el Homrani sí afirman que la "mayoría" de los pagos se harán antes de este viernes y el resto, "los próximos días".

El Govern admite que estos pagos que se abonarán en noviembre son los relativos a los gastos de agosto. Según Afers Socials, es algo que ya pactaron con las entidades. Sin embargo, la ley de contratos estipula que la administración debe pagar a 30 días a los prestadores de servicios públicos.

Presupuestos prorrogados

La Conselleria d’Afers Socials, de la que depende la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA), alega varias causas para justificar este retraso. Una de ellas es el hecho de no tener suficiente dinero al alcance. "Nos encontramos con presupuestos [de la Generalitat] prorrogados que no están actualizados a las necesidades reales", alegan fuentes del Govern. Esto conlleva, una vez más, que este departamento tenga que recurrir a los llamados fondos de contingencia de la Generalitat. Y el proceso burocrático para este trámite alarga mucho más los trámites y favorece los impagos.

Tener que recurrir a fondos especiales es culpa de la falta de presupuestos de la Generalitat, pero también de la "deslealtad absoluta del Estado español en materia de Infancia", justifica el Govern, que acusa a la Moncloa de no aportar recursos, no facilitar la regularización de los chicos ni informar de los flujos migratorios. "Catalunya es una de las comunidades donde llegan más menores solos, después de transitar por otras comunidades", subraya Afers Socials.

Efecto embudo

Sin embargo, la Generalitat asume cierta autocrítica, porque también explica su deuda con las entidades por una especie de ‘efecto embudo’. Hace años que tratan de cerrar los centros muy grandes y eso provoca que haya muchos más equipamientos. Es decir, que se ha multiplicado, según su versión, el número de facturas pendientes de control por parte de los interventores. Además, aún perduran la "adaptación" al nuevo sistema de pagos a través de acreditaciones y el hecho de que haya facturas que contengan errores, algo "ajeno a la Administración".

Fuentes del Tercer Sector temen que quienes más sufran las consecuencias sean las entidades que acogen a menores migrantes solos. Y es que el centenar de centros de primera acogida y emergencia para este colectivo no han sido aún inscritos en la Cartera de Servicios Sociales que presta el Govern. Sin embargo, se trata de un colectivo clave, porque la existencia de fondos para la formación laboral y académica de los chicos les va a brindar oportunidades para que puedan prosperar; de no ser así, serán catapultados a la calle y a la degradación en cuanto cumplan la mayoría de edad.