LA PROTECCIÓN DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES

La deuda de la pobreza energética sigue sin solventarse a las puertas del invierno

La Generalitat y Endesa negocian un acuerdo para decidir quién paga las facturas pendientes de los más pobres

Entidades y ayuntamientos confían en que se respete la tregua hibernal y no haya cortes de luz estos meses

Juliana, madre soltera que acumula varias facturas impagadas por su falta de recursos económicos.

Juliana, madre soltera que acumula varias facturas impagadas por su falta de recursos económicos.

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“Me he acostumbrado a vivir con la angustia de no saber qué pasará mañana”, explica Juliana, una mujer inmigrante y con dos hijos a su cargo que desde que estalló la crisis es incapaz de pagar las facturas de la luz y el agua. Como ella, cientos de familias vulnerables tienen garantizados los suministros básicos, pero nade sabe qué pasará con la deuda que acumulan con las empresas eléctricas. Hace ya dos meses que la Generalitat negocia con Endesa un convenio que estipule quién asume la cuantía de las facturas impagadas.

La norma de medidas urgentes contra la pobreza habitacional, la famosa ley 24/2015, aprobada en el 2015 en el Parlament de Catalunya por unanimidad de todos los grupos, sentó un precedente en Europa. Las familias pobres que no pueden pagar los suministros básicos tienen derecho a ellos. Y por lo tanto ninguna empresa puede cortar la luz, el agua o el gas a las familias acreditadas como vulnerables por los servicios sociales. Al principio la aplicación de la ley fue relativa, hasta que Gas Natural cortó a la luz a una octogenaria en Reus, que era asidua de los servicios sociales. Rosa murió en un incendio en su casa porque se iluminaba con velas.

51 millones de euros

Pero nadie dijo que se debía hacer con la deuda acumulada. La ley solo estipula que las administraciones deben llegar a acuerdos con las compañías para decidir quién y cómo se hace cargo de estas facturas. Tras tres años de aplicación de la ley, por ejemplo, Endesa acumula ya 21 millones de deuda con 25.000 hogares de familias pobres. Si el Govern calcula que en Catalunya hay 61.000 hogares vulnerables que se han acogido a ayudas de pobreza energética, la deuda entre todas las eléctricas en Catalunya podría ascender a los 51 millones de euros.

Municipios y Generalitat plantearon en el 2017 que las deudas se podían repartir al 50% entre empresas y administraciones. Las negociaciones acabaron mal hasta que este agosto Endesa recuperó la propuesta y manifestó estar dispuesta a asumir su cuota. Después vino una famosa carta, donde la empresa avisaba a los ayuntamientos que si ellos no pagaban su parte, las familias se iban a quedar sin luz en octubre.

Finalmente no ha habido cortes de luz , pero esta presión sirvió para reabrir las negociaciones. Desde Endesa explican que ya han mantenido varias reuniones con la Generalitat, donde se han intercambiado algunos borradores. Según fuentes de la compañía, por una parte se negocia qué va a pasar con la deuda acumulada antes del 1 de agosto, y por otro lado, cómo se van a hacer los pagos a partir de entonces. Unos encuentros que, oficialmente, el Govern niega.

Según fuentes oficiales, lo que está haciendo la Generalitat es reunir periódicamente al mundo local y entidades sociales, para hacer una propuesta de convenio, que luego se presentará a Endesa. “Llevamos ya cinco reuniones y de momento no se ha hablado de qué porcentaje asumirá la Administración ni cuál la compañía”, explican fuentes presentes en este encuentro. A los asistentes, el Govern tampoco les ha comunicado que se haya reunido con Endesa.

Multillonarios con un derecho básico

La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) insiste en reclamar que Endesa se haga cargo del 100% de la deuda de estos hogares. “Endesa es responsable de esta deuda ilegítima, no quiso firmar los convenios en el 2017, no ha adecuado los contratos al consumo y tiene beneficios multimillonarios gestionando un derecho básico”, justifica Maria Campuzano. Hay ya una treintena de ayuntamientos que han aprobado en sus plenos municipales mociones exigiendo la condonación de la deuda. Otras voces, más pesimistas, apuestan que, si se llega a pagar algo, será la Generalitat la que asuma la factura.

Según fuentes conocedoras de las reuniones, la premisa de la Generalitat es que la empresa pague el 100% la deuda acumulada hasta ahora. Pero el desacuerdo con la compañía es tal que este escollo se ha dejado para el final de las negociaciones.

Mientras tanto, miles de hogares catalanes esperan poder pasar el invierno con algo de energía, pero con el miedo de no gastar para no aumentar la deuda. “Hay que garantizar el derecho a la energía de aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad energética, el acceso a unos suministros mínimos que son absolutamente necesarios para que las personas tengan una vida digna”, reclama Susanna Roig, coordinadora del grupo de trabajo de derecho a la vivienda y la energía de la Taula del Tercer Sector. “Esperamos que este invierno las empresas suministradoras cumplan sí o sí con la ley”, añade. “Nuestra voluntad es no cortar la luz a nadie”, añaden desde Endesa, que entienden que hacerlo sería generar una gran desconfianza y podría repercutir en las negociaciones.

"Es insoportable no saber qué va a pasar"

“Todo empezó cuando estalló la crisis, a partir de ahí hemos aguantado como hemos podido”. Así es como Juliana, una mujer peruana de 45 años y madre soltera, explica su día a día. Algo que bien podría también explicar la situación política y social del país.

Juliana en realidad no se llama así, pero prefiere no revelar su identidad. Hace casi 20 años emigró a Catalunya desde Perú con sus dos hijos. Desde entonces se gana la vida limpiando casas. Se enamoró y junto a su pareja compró un piso con una hipoteca. Pero llegó la crisis. Su pareja perdió el empleo y ella notó que sus clientes iban reduciendo los servicios. Estuvo al borde del desahucio, pero en el 2015 entregó la casa al banco y le permitieron firmar un alquiler social.

Secuelas psicológicas

“Estuvimos en el colapso, lo hemos pasado todos muy mal”. Ella optó por separarse de su marido, y cree que sus hijos arrastran secuelas de salud mental. Especialmente su hija, que sufre de anorexia nerviosa. Juliana tiene casa, sí. Pero las deudas se le acumulan. “Cuando me envían cartas reclamando las deudas las guardo en un cajón y las escondo, no lo quiero ni ver”.

Apenas llega a los 500 euros al mes. 200 se van con el alquiler, y el resto, para comida y material escolar. “Antes prefería no comer y pagar los recibos, hasta que llegué a un punto en que vi que no podía pagar la luz y me planté”. Ella está protegida por los servicios socialesno le pueden cortar los suministros y solo en la luz acumula una deuda de más de mil euros. También le reclaman dinero del gas, y en este caso una empresa de recobro la martiriza día y noche pidiendo el dinero. “Debo dinero a Hacienda, a la Seguridad Social, a Endesa...”

Y esta sensación, explica, es desgarradora. “Es una angustia que nunca te puedes sacar de encima”. Sueña con las deudas, y no sabe qué puede pasar. “¿Y si los políticos deciden que me toca pagar a mí? Yo no tengo este dinero”. Le da miedo cómo pueden acabar las negociaciones, teme un cambio político que la acabe desprotegiendo y pide “a los que mandan” que ayuden “a los de abajo”. “Ya no lo pido por mí, lo digo por mis hijos, que no tienen ninguna culpa”.

Catalunya, referente en protección 

A diferencia de Catalunya, en el resto de España no existe ninguna ley similar a la 24/2015 que proteja a los consumidores más vulnerables aplicando el principio de precaución (antes de cortar un suministro hay que llamar a los servicios sociales para saber si están siendo atendidos y se consideran vulnerables). 

En el resto de comunidades, las familias en situación más precaria se pueden acoger al bono social, una ayuda que conceden las empresas de suministros. Pueden solicitarla las familias numerosas, aquellas donde alguno de los miembros tenga alguna discapacidad o sea víctima de violencia de género y aquellas familias cuyos ingresos totales no superen los 800 euros al mes. En estos casos, la empresa condona la mitad de la factura y el resto lo pagan las administraciones o bien las familias si pueden permitírselo.

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La diferencia es que en Catalunya los baremos de la renta son mucho más altos, y por lo tanto se consideran vulnerables muchas más personas. Es decir, que hay más hogares protegidos de los cortes de luz que en el resto del Estado. 

"Si la Generalitat consigue negociar un convenio con Endesa donde esta asuma su responsabilidad con la deuda acumulada, se estará haciendo historia", subraya Maria Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). Y lo dice porque, definitivamente, Catalunya se convertiría así en la comunidad que brinda una mayor protección en referencia a los derechos de suministro, ya que uno de los temas que están actualmente sobre la mesa es que la aportación de las empresas supere el 50%.