Casi 100 personas logran parar un desahucio en el barrio de Gràcia

Casi 100 personas, convocadas por el Sindicato de Inquilinos y la Oficina de Vivienda Popular de Gràcia, han logrado detener este miércoles el desahucio de dos vecinos que viven en ese barrio. Según ha informado la Oficina de Vivienda de Popular de Gràcia, ambos vecinos, Juan y Lívia, han pagado durante 12 años el alquiler, que últimamente ascendía a 1.000 euros al mes, pero desde hace un año la propietaria decidió subir el precio un 30%. Ante esta situación, la familia afectada pidió una negociación con la casera, con la que no se llegó a ningún acuerdo, y por ello, cuando el contrato de alquiler finalizó, ellos siguieron abonándole los 1.000 euros.

Esta táctica se conoce como huelga parcial y consiste en seguir pagando el precio de alquiler anterior a una subida considerada abusiva. Juan y Lívia lo han hecho durante 12 meses, pero ante la negativa de la propietaria a negociar, la familia decidió dejar de pagar. 

Una vez parado el desahucio que la Audiencia Provincial había programado para hoy, los manifestantes han tirado billetes simulados al suelo en protesta de los precios abusivos que exigen los caseros y han lanzado gritos como: "Juan y Lívia se quedan en el barrio", "Este desahucio lo hemos ganado" o "¿Quién ha ganado? El pueblo organizado". 

Tolerancia con los fondos buitre

Representantes del Sindicato de Inquilinos y de la Oficina de Vivienda Popular de Gràcia han lamentado esta situación y han denunciado que "las políticas de la última década han puesto alfombras rojas a los fondos buitres que han llevado a la especulación del alquiler igual que pasó hace años con la hipoteca". "Siempre ponemos el foco en los fondos buitres, pero los propietarios individuales con nombre y apellido los están imitando para enriquecerse a nuestra costa y son aún más beligerantes", han agregado.

Las dos entidades han comentado que en 2018 los alquileres subieron un 30 % y que tienen constancia de que "los vecinos que viven en el distrito destinan más de un 40 % de sus ingresos a pagar la rentas inmobiliarias, cuando en el mismo período solo ha aumentado un 5 % la renta familiar disponible". También han pedido que "se congelen los precios" y que se equipare el salario mínimo al alquiler. "Si tenemos un salario mínimo, debe haber un precio máximo de alquiler", han comentado.