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POBREZA CRONIFICADA

Entidades sociales piden complementos a la renta garantizada para el alquiler

Las cuantías de esta prestación no permiten asumir los costes de la vivienda

Los 'síndics' municipales constatan que hay beneficiarios que han sido desahuciados

Elisenda Colell

Desahucio en Poblenou.

Desahucio en Poblenou. / JOAN CORTADELLAS

La renta garantizada, la ayuda social de la Generalitat para mitigar la pobreza, apenas ha logrado paralizar desahucios. Es lo que han constatado este miércoles las entidades sociales y el Fòrum de Síndics Municipals de Catalunya, que afirman que las cuantías actuales obligan a las familias a decidir si sobreviven o pagan el alquiler. Para evitarlo, el tercer sector pide una "ayuda complementaria" de 200 euros, como ya existe en el País Vasco. Además, los defensores del ciudadano municipales exponen la incorrecta aplicación de esta prestación social autonómica. 

La Taula del Tercer Sector culpa la Generalitat de hacer una lectura "restrictiva" de la ley de la renta garantizada, porque impide que un hogar que se beneficia de esta prestación pueda cobrar otras ayudas para el alquiler. Pero además constata que, teniendo en cuenta los precios de la vivienda, es imposible sobrevivir con los ingresos de la renta mínima. 

De media, un alquiler en Catalunya cuesta 698 euros al mes, o más de 900 en la ciudad de Barcelona. En cambio, las cuantías de la renta garantizada para un adulto que vive solo son de 664 euros de ayuda social. No puede pagar el alquiler, ni otras facturas. En el caso de las familias con cinco miembros les quedan 500 euros al mes - 280 si viven en Barcelona- para pagar comida, suministros y demás necesidades, como las extraescolares o el material académico, según los cálculos de la entidad social. "Necesitamos políticos valientes que aprueben presupuestos y gobiernen para acabar con la pobreza en Catalunya", ha pedido Francina Alsina, la presidenta de la Taula del Tercer Sector, que ha subrayado que hasta hoy las administraciones solo han "puesto parches".  

Por su parte, la 'síndica' de Barcelona, Maria Asumpció Vilà, ha confirmado que tanto en la capital como en otras ciudades del área metropolitana hay beneficiaros de esta ayuda social que han sido desahuciados porque no han podido pagar su vivienda. De hecho, la Taula del Tercer Sector y el Fòrum de Síndics Municipals de Catalunya piden que se aplique un complemento, de 200 euros, para ayudar a los beneficiarios de la renta garantizada para pagar los costes de la vivienda tal. Algo que ya funciona en el País Vasco. 

Que la pobreza ha empeorado en Catalunya lo confirma el Institut d'Estadística de Catalunya. El año pasado el riesgo de pobreza creció un 1,3% y se situó en un máximo del 21% de catalanes afectados. También aumentaron las personas que no pueden calentar su casa (un 2,5% más) , o las que no pueden permitir comer carne o pescado frescos (un 2,1% más).

Los más pobres quedan fuera

En una jornada sobre renta garantizada y mundo local, varias ciudades catalanas han constatado que esta ayuda social no llega donde debería llegar. Tras un estudio con datos de los servicios sociales, la 'síndica' municipal de Sabadell, Eva Avellan, ha expuesto que en los barrios más deprimidos de la ciudad solo un 3% de los hogares reciben esta prestación, mientras que el 60% tiene ayudas para poder comer. "Se han perdido muchas personas por el camino", avisa. Y además constata que el Govern retira el ingreso "sin previo aviso"a decenas de familias en el municipio. "Están colapsando los servicios sociales, que se ven obligados a dar algún tipo de ayuda que no estaba prevista", ha lamentado. 

No es el único 'síndic' que ve cierta "dejación de funciones" de la Conselleria d'Afers Socials. La de Terrassa en un solo día recibió 75 quejas de denegaciones cuestionables, y tuvo que ayudar personalmente a estas personas para tramitar recursos de alzada. En Barcelona solo cobran esta renta el 12,6% de las familias que la deberían recibir, según datos municipales. "La Generalitat está muy lejos del objetivo de acabar con la pobreza", ha añadido Josep Villarreal, director de Estrategia e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona. 

Además, las entidades sociales han explicado que hay varios colectivos que, directamente, están recibiendo denegaciones "injustas". Es el caso del 80% de refugiados que pierden este estatus y por lo tanto, caen en la irregularidad, según ha alertado Enric Morist, coordinador de la Cruz Roja. También las personas que no están empadronadas, o reciben ayudas económicas de alguna entidad social. Mercè Darnell, de Cáritas Catalunya, calcula que esta exclusión afecta a entre el 30% y el 50% de sus beneficiarios. Sin contar los menores tutelados por la Generalitat, que al llegar a la edad adulta no pueden cobrar esta prestación hasta que cumplen 23 años. Los que no lo podrán hacer nunca son los menores migrantes que no consiguen tener papeles. "Están durmiendo en sus ciudades, en la calle", ha avisado a algunos de los ponentes, Ferran Rodríguez, miembro de la Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA).