María entrega a su hija a los Mossos en el rellano del consulado de Uruguay

María y su hija ya no están juntas. Este viernes al mediodía la madre puso fin a siete días de encierro en el <strong>consulado de Uruguay </strong>en Barcelona. Acató finalmente la orden judicial y entregó a la pequeña de 7 años a los Mossos para que estos la condujeran hasta su padre biológico, Pablo. El progenitor no acudió por la mañana a la legación diplomática y esperó en Vielha, donde reside, que la policía catalana le trajera a la cría.

La entrega fue traumática porque la niña suplicó a los psicólogos, que supervisaron la entrega, que no la apartaran de su madre.  «No me quiero ir, no me quiero ir», balbuceó tras despedirse de su madre, que rompió a llorar y minutos después tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad. La mujer tuvo que ser evacuada del edificio en ambulancia.

El traspaso a los agentes de la policía de la Generalitat, que vestían de paisano, se produjo a las 12.37 minutos en la puerta del consulado, en el cuatro piso de un edificio de la avenida de la Diagonal, en presencia de los abogados de la madre, Mario Guerrero y Ester García, y tutelado por dos psicólogos de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). La menor hace más de tres años que no ve a su padre y percibe a su madre como su único referente familiar.

Tras la entrega, mossos, piscólogas y pequeña bajaron en ascensor hasta el párking subterráneo del inmueble. Después, montaron en un vehículo policial de color azul sin logotipo y salieron al exterior. La menor iba en el asiento trasero y la psicóloga, para proteger su identidad, cubrió su cabeza con una chaqueta. El coche puso rumbo a una comisaría de los Mossos en Barcelona y de ahí se dirigió a dependencias policiales de Vielha. Después, los agentes acompañaron a la pequeña a la vivienda del padre, en Vielha. La madre solo podrá ver de nuevo a su hija en visitas de dos horas pactadas en un punto de encuentro. Sus abogados presentarán recurso contra la sentencia.

Apercibimiento

Las negociaciones para poner fin al atrincheramiento consular comenzaron este jueves, por la tarde. Los abogados de la mujer, tras reunirse con ella en el consulado, comunicaron a los Mossos y al juzgado que la madre iba a salir de la legación a las 12 del mediodía. Sin embargo, al cumplirse esa hora, se tuvo conocimiento de que la togada había dictado otro auto, que todavía no había llegado a los letrados, que concretaba que en el plazo «improrrogable» de dos horas y como máximo antes de las 14 horas la madre debía poner a la menor a disposición de los Mossos, bajo el aparecibimiento de incurrir en un delito de desobediencia en caso de no hacerlo. No hizo falta agotar ese plazo.

Los Mossos llevaban una semana de guardia en ese rellano porque así lo había ordenado la jueza de Vielha, que por escrito subrayó que si la menor salía del consulado, un lugar protegido por las leyes diplomáticas al que la policía catalana no puede acceder sin el permiso del cónsul de Uruguay, los agentes tenían que cogerla para dársela en custodia al padre.

El encierro en el consulado

El encierro de madre e hija en la oficina diplomática comenzó hace una semana, el pasado viernes a las 10.00 horas, cuando el cónsul, tras recibirlas, declaró que la sentencia de la jueza no se iba a cumplir porque aquel no era el lugar adecuado para efectuarlo. María se quedó junto a su hija en el interior y el gobierno uruguayo dejó claro, desde el otro lado del Atlántico, que no iba a expulsarlas. La madre es originaria de Uruguay y allí esta batalla judicial por la custodia de la pequeña lleva tres años en la primera página de la prensa local. Carme Simón, abogada del padre, ha defendido durante este tiempo que la única salida era cumplir la resolución judicial y acusó al cónsul uruguayo de obstruir a la justicia española. La jueza, tras acordar que la entrega se hiciera en un punto de encuentro de Gavà, envió al consulado a los Mossos para que si la niña salía de estas oficinas se la llevaran. 

La menor llevaba desde el 2016, cuando todavía no había cumplido los 4 años, sin convivir con su padre. Aquel año, María viajó a Uruguay con la pequeña y una vez en el país latinoamericano descubrió, siempre según su versión, que presuntamente su hija habría sufrido abusos sexuales por parte del progenitor (el caso fue archivado en febrero de este año). El hallazgo provocó que María se quedara a vivir con la pequeña en Uruguay y que su exmarido denunciara en España la usurpación de la que también era su hija.

Los psicólogos uruguayos dieron credibilidad a los supuestos abusos pero en el 2018, cuando la justicia española obligó a madre e hija regresar a Catalunya, estos fueron archivados. En España no se aceptaron estos informes uruguayos. El litigio civil que comenzó a partir de entonces por la custodia de la menor finalizó hace dos semanas y el fallo resolvió que la niña tiene que ir a vivir con su padre porque la madre supone un riesgo para la hija porque la manipulaba.