23 feb 2020

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BATALLA POR UNA CUSTODIA

Un conflicto diplomático con Uruguay retrasa la entrega de una niña a su padre

El consulado en Barcelona, donde se ha atrincherado la madre con la pequeña, rechaza entregar a la menor y alega la inviolabilidad de las dependencias

Conflicto diplomático y judicial de primer orden. El consulado de Uruguay en Barcelona se negó este viernes por la mañana a entregar a una niña de 7 años a su padre después de que una jueza de Vielha retirara la custodia a la madre y obligara a dejarla en la sede consular para que después la recogiera el progenitor. A raíz de esa negativa, y tras horas de incertidumbre, la togada decidió por la tarde aplazar hasta el próximo miércoles el traspaso de la pequeña al hombre, que hace unos dos años fue denunciado por su expareja por abusos sexuales a la menor y de malos tratos a la mujer, proceso que fue archivado el pasado mes de febrero.

Posteriormente a esa decisión judicial, la jueza dio un paso más y envió a los Mossos d'Esquadra al consulado para llevarse a la niña, según explicaron a este diario fuentes de ambas partes en conflicto. A raíz de ello, la madre, la pequeña y otros familiares se atrincheraron en la legación diplomática para evitar que la policía se quedara con la menor. Para ello contaban con el apoyo del cónsul, que se negó a entregar a la pequeña.

La sentencia dictada por la jueza de Vielha obligaba a la mujer a llevar a su hija al consulado a las diez de la mañana, para que una hora después la recogiera su progenitor. Sin embargo, al llegar el padre el viernes por la mañana con sus abogados, el cónsul Juan Pablo Tagliafico le notificó que no entregaba a la menor porque, a su entender, no es competente para ejecutar una sentencia española. El hombre y sus letrados permanecieron durante unas seis horas en la puerta del consulado. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Uruguay ha emitido una nota en la que subraya la inviolabilidad de sus dependencias diplomáticas en Barcelona.

Fuentes jurídicas calificaron de extraño que se escogiera una oficina diplomática para hacer la entrega de la menor. Las fuentes consultadas han especificado que la togada escogió ese lugar al considerar que era un entorno más amable para la pequeña. A las siete de esta tarde, tres patrullas de los Mossos se han personado en el consulado. 

La mujer se ha presentado poco antes de las diez de la mañana en un coche y custodiada por los Mossos d'Esquadra, como había ordenado la jueza, y se ha dirigido con la pequeña y familiares a las dependencias del consulado en un edificio de la avenida Diagonal de Barcelona. Los agentes no han podido acceder a la legación diplomática, que ha sido cerrada por llave. No podían entrar ni las personas que iban a realizar trámites. Una hora después (minutos antes de las 11 de la mañana) se ha presentado el padre con sus abogados. Tampoco han podido entrar en las oficinas del país sudamericano. Ha sido el consul quien, a cabo de unos minutos, les ha notificado formalmente que no les entregaría a la menor porque, a su entender, no es competencia suya ejecutar una sentencia de la justicia española.

Derecho internacional

Los abogados del padre se ha puesto en contacto inmediatamente con el juzgado de Vielha para explicar lo ocurrido, y desde dependencias consulares se les ha dejado claro que no atenderían a las solicitudes que pudieran llegar por parte del juzgado. Asimismo, en su comunicado a la prensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores uruguayo resalta que el hecho de que al consul se le otorgue un papel que de ejecutor de una resolución judicial "no es conforme al Derecho Internacional", consagrado en la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares.

"La mencionada sentencia desconoce la inviolabilidad de los locales prevista en el artículo 31 de la mencionada convención, como así también la inviolabilidad personal de los funcionarios consulares conforme al artículo 41 [...] al disponer que el Consulado General de la República en Barcelona asuma una determinada función, como la de ejecución de una sentencia judicial y que todo ello ocurra bajo apercibimiento de intervención policial, considerando ésta una extralimitación grave", detalla en comunicado de Uruguay.

A la vez recuerda el Ministerio de Exteriores uruguayo que han asistido a la madre y a la pequeña (goza de doble nacionalidad) desde el primer día que llegaron a España y que continuarán trabajando para ello, aasí como para asegurar "la protección y plenos derechos de sus derechos". Según el Gobierno de este país, "instruyó" a su embajada en Madrid para que contactaran con las autoridades españolas para "manifestar la preocupación ante una sentencia improcedente" e instando a que se resuelva la situación "atendiendo el interés superior de la niña".

El abogado de la mujer, Mario Guerrero, ha asegurado que han presentado un escrito a la Dirección General de l'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) solicitando su intervención y poniendo de relieve el "riesgo" que corre la menor con la decisión de la jueza de Vielha al otorgar en exclusiva la custodia de la pequeña al padre cuando no tiene contacto con él desde hace unos tres años, en el 2016, cuando madre e hija viajaron a Uruguay. El progenitor denunció a la madre por sustracción de menor y esta, al cabo de un año y medio, al hombre por abusos sexuales. El asunto acabó en un litigio internacional que resolvío que madre e hija regresara a España. Lo hicieron en el 2018.

Gran despliegue mediático en Uruguay

Un debate acapara la atención de los uruguayos, el de los candidatos que competirán en las presidenciales del día 27. Pero a la par flota otra polémica intensa, la que tiene que ver con el 'caso María', informa Abel Gilbert. Casi todos parecen saber de qué se trata desde mucho antes de que el consulado de ese país en Barcelona, a 10.300 kilómetros, se negara a entregar a la menor cuya madre estaba obligada por parte de la justicia española a dejarla en custodia del padre. Los diarios, las radios y las cadenas de televisión se ocupan de un tema que va más allá de los argumentos expuestos por el Ministerio de Exteriores sobre la inviolabilidad de sus dependencias. Hace dos años que la opinión pública y la publicada se han fijado en el pleito familiar.

Lo que ahora se llama 'caso María' se ha conocido como 'María no se va [de Montevideo]'. Se recuerdan en ese sentido la manifestación de las activistas feministas Mujeres de Negro en defensa de la madre y la respuesta del padre al diario montevideano 'El Observador': "Me duele que le den tanta importancia a gente que desinforma".  Los medios de comunicación siguen las instancias de una batalla legal que ha incluido la declaración de inocencia del padre por un tribunal de Lleida y que tiene su punto más álgido en la reciente sentencia en Catalunya y la respuesta del consulado.

Acusaciones de desprecio

El enojo con la justicia española es fuerte. No ha gustado que se desprecien los informes periciales que abonan las tesis de la madre de que su excónyuge abusó de la menor. La Intersocial Feminista ha expresado su "profunda indignación y preocupación" ante el dictamen que favoreció al padre. El colectivo ha puesto en duda que en España existan condiciones para un proceso justo cuando "está siendo investigada por la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea por su falta de garantías en procesos que implican abusos sexuales a menores".

La Intersocial Feminista también ha criticado a la justicia uruguaya por no haber cumplido su tarea "como merecía" frente a "una niña víctima de abuso". A partir de ese momento, se ha convertido a la menor en "victimaria" y se la ha sometido a un "riesgo", al rechazarse "todas las pruebas" de maltrato presentadas por su abogado, los informes enviados desde Montevideo y la misma comparecencia del cónsul uruguayo en Barcelona, "quien acompaña a las dos desde el momento en que llegaron a España". Andrea Tuana, una de las líderes de esa agrupación, ha calificado a su vez de "salvajada" el paso dado por la justicia española al descartar los peritajes uruguayos. "Se está por cometer una barbaridad".

Obligación básico

Jorge Chediak estuvo a cargo del caso cuando integraba el Tribunal Supremo uruguayo, cuyo fallo determinó que la niña debía vivir con el padre Catalunya. "María es la señora, sus abogados y algunas organizaciones hicieron lo posible para que no cumpliéramos con la obligación básica de la restitución internacional de menores". En ese momento, añadió, la justicia no encontró "prueba fehaciente de abuso" sexual. "No está demostrado ningún tipo de abuso, ni físico ni psicológico", subrayó.

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