Batalla judicial en España y Uruguay por la custodia de una niña

Un juez de Vielha (Vall d'Aran) ha ordenado a una madre uruguaya entregar a su hija de 7 años a su excónyuge español, padre biológico de la criatura, al que denunció por maltrato machista y por supuestamente haber abusado sexualmente de la pequeña, un pleito que acabó archivado en febrero del 2019. La batalla judicial es compleja y en Uruguay se ha convertido en un asunto mediático llamado 'caso María', el nombre de la progenitora. Hay movilizaciones de protesta y, convocada para este jueves por la tarde, una manifestación frente a la embajada española en Montevideo. En España, el progenitor también inició en el 2017 una recogida de firmas en la localidad de Lleida donde reside para recuperar a la menor.

Según María, para la menor va a ser una separación "traumática" porque hace tres años que no mantiene relación alguna con el padre y su deseo es seguir viviendo junto a ella. El juez ha ordenado a la mujer llevar a su hija al consulado de Uruguay en Barcelona este viernes. Desde allí la recogerá una hora después el padre. 

En el 2016, madre e hija viajaron a Uruguay para visitar a la familia de María. Durante el vuelo, la menor, que todavía no había cumplido los 4 años, hizo dibujos de contenido sexual que condujeron a María a sospechar que su hija podía estar sufriendo abusos sexuales por parte del padre, cuyo nombre se omite en esta noticia para preservar la intimidad de la menor. Tres especialistas distintos de Uruguay visitaron a la niña y a la madre a raíz de aquellos dibujos. 

La directora del Instituto Técnico Forense de Montevideo redactó el 23 de agosto del 2016 un informe en el que la menor expresaba "miedos a la figura del rol paterno, ausente y agresivo". "La niña ha sido espectadora de violencia doméstica y protagonista de conductas inadecuadas y violentas por parte de su padre", añadió. Otra psicóloga, Laura Gandolfo, concluyó que "se comprueba que hasta llegar a Montevideo la menor ha vivido en un ambiente violento, en un entorno más bien aislado. En sus expresiones verbales, juegos y dibujos se ven indicadores de abuso sexual por parte del padre, en actividades obligadas relacionadas con 'juegos sexuales' (…) Estos sucesos acaecidos a tan corta edad (3 años) generaron gran confusión y angustia en la niña".

La madre denunció al padre en Uruguay por maltrato machista y por abusos sexuales a la niña, cortó la relación con él y decidió asentarse en su país. El padre, paralelamente, denunció a su expareja por la sustracción de la menor en un juzgado de Vielha. El asunto acabó en un litigio internacional que resolvió que madre e hija tenían que regresar a España. Lo hicieron en verano del 2018. El consulado de Uruguay en Barcelona le buscó un trabajo en Castelledefels, localidad en la que reside gran parte de la comunidad uruguaya afincada en Catalunya.

La respuesta judicial

La justicia española achivó las denuncias por abusos sexuales a la menor y de violencia machista contra la madre. Según Mario Guerrero, actual abogado de María, la jueza tomó esa decisión sin aceptar ninguno de los informes periciales que la madre había traído de Uruguay, algo que ha disgustado en ese país. El sobreseimiento de esta causa se basa, sobre todo, en un informe del equipo de asesoramiento técnico y de atención a la víctima (EATAV) que desacredita la versión de la madre y detalla que la menor "no hace, en ningún momento, ningún tipo de relato de referencia a una presunta situación abusiva de caracter sexual". Otra psicóloga, en cambio, declaró que no podía determinar ni la presencia ni la ausencia del abuso.

El EATAV, según esta resolución, tira por tierra los informes de los expertos de Uruguay: "Son fruto de un posicionamiento psicoterapéutico" y, por tanto, "no se pueden tener en cuenta en el ámbito forense" al no reunir los principios de "imparcialidad, neutralidad y objetividad". A su entender, no tienen en cuenta "el interés secundario" de la madre de la pequeña, "ya que nos encontramos en el contexto de un litigio por la custodia de la hija".

La vía civil

Tras el archivo de las denuncias contra el padre, arrancó por la vía civil la disputa por la custodia de la menor. En esta segunda contienda, los peritos catalanes también llegan a conclusiones diametralmente opuestas a los uruguayos. Describen a la madre como "alguien que interfiere en el vínculo con el padre (...) que ejerce una práctica alienadora nociva para la menor (...) y con una baja escala de sinceridad" e inciden en el "alto riesgo para la menor" de continuar viviendo exclusivamemte con la mujer.  Al padre, por el contrario, los psicólogos de aquí lo ven como "alguien angustiado por la situación" y "con niveles altos de sinceridad".

El <strong>Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) </strong>ha recomendado a las instituciones responsables de la formación de profesionales que intervienen en el tratamiento de la violencia machista que eliminen los contenidos "cargados de prejuicios", como el síndrome de alienación parental al cual el juez alude veladamente los peritos catalanes, porque no existe científicamente, y garanticen una preparación "con sólidas bases científicas".  

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Castelldefels, por orden del juzgado de Vielha emitida a la DGAIA, han supervisado a María y cómo cuidaba de su hija desde que instalaron en esta ciudad en verano del 2018. En su informe certifican que la menor ha sido escolarizada, atendida médicamente y tiene un hogar, monoparental, adecuado. En su conclusión valoran "positivamente el progreso de la situación familiar".

Esta semana, el juez de Vielha que debía dirimir sobre la custodia de la menor ha fallado que será íntegramente en el padre. A partir de este viernes será la mujer quien podrá ver a su hija únicamente en visitas supervisadas de dos horas, una vez a la semana, en puntos de encuentro neutrales. Los Mossos, de paisano, custodian desde ayer miércoles por la noche y hasta este viernes a madre e hija para asegurarse de que la mujer entrega a la pequeña en el consulado. La abogada del padre de la pequeña, tras ser contactada por EL PERIÓDICO, ha declinado hacer declaciones sobre este asunto y se ha remitido a la resolución judicial.