02 dic 2020

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debate de política general

El Parlament aprueba las mismas exigencias sociales de hace un año

Las resoluciones del debate de política general, en un segundo plano por la bronca identitaria

Fidel Masreal

Carlos Carrizosa, de Ciutadans, en el Parlament.

Carlos Carrizosa, de Ciutadans, en el Parlament. / FERRAN NADEU

Como en la película de Bill Murray, el Parlament parece vivir atrapado en el tiempo. Hace un año aprobó decenas de resoluciones en el debate de política general. Decenas de mandatos a un Govern cuyo 'president' dice tener al Parlament como la más alta de las instancias del país... pero que no cumple sus mandatos. La semana pasada, sepultadas bajo la más sonada de las broncas identitarias y los textos más llamativos pidiendo la retirada de la Guardia Civil por ejemplo, decenas de mandatos fueron de nuevo aprobados. Algunos, calcados a los ya acordados en el 2018 y que quedaron en el cajón del olvido.

Educación: deudas pendientes en guarderías

En educación, y con la abstención de los grupos del Govern, el PSC logró que se aprobara un texto que recuerda al Ejecutivo precisamente esto: que ha de cumplir las mociones ya acordadas sobre esta materia en sede parlamentaria. Y, por ejemplo, en materia de guarderías, "devolver la deuda pendiente a los ayuntamientos" desde el 2012. Lo mismo aprobaron en otra resolución: "Restituir las partidas destinadas al fomento y funcionamiento de las guarderías municipales no retornadas a los ayuntamientos desde el 2012". Aprobado, pues, dos veces. Tan aprobado como lo está desde el año pasado, en un texto casi idéntico y que daba al Govern tres meses para presentar un "calendario de restitución de las partidas destinadas al fomento y el funcionamiento de las guarderías municipales no retornadas a los ayuntamientos desde el 2012".

Listas de espera y medias verdades

Sin duda, es un clásico entre los 'hits' de las frases hechas y las medias verdades estadísticas del Parlament, donde el 'president' sacó pecho y dijo que son 22 los días de espera en intervenciones oncológicas, ocultando en cambio que para un cáncer de piel en el Clínic se tardan 186 días en ser operado, 68 en Sant Joan de Reus. Para uno de colon, 34 días en el hospital del Ebre y 46 para un cáncer de vejiga en el Trueta, por ejemplo. Son datos del Departament de Salut. Torra hizo triunfalismo pero tiene otro mandato del Parlament, aprobado por la oposición pese a su abstención y la de sus diputados soberanistas. ¿Y qué dice el mandato? Sencillamente, que cumpla con lo que ya se le exigió que cumpliera en enero de este año en el mismo Parlament. Lo mismo que le exige una resolución de Ciutadans, aprobada pese al voto en contra de JxCat y ERC, que reclama "presentar un plan de choque para disminuir de forma clara el tiempo de lista de espera quirúrgica, en las pruebas diagnósticas y en las consultas externas". Es exactamente lo mismo que le encargó el Parlament hace un año: "Elaborar un verdadero plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de visitas al especialista".

Renta garantizada... no del todo

La ley de la renta garantizada de ciudadanía sigue careciendo de un reglamento que facilite a las familias acceder a la ayuda. Este año de nuevo se ha exigido al Govern lo mismo que el año pasado, cuando se mandató a la Generalitat a "aprobar el reglamento correspondiente, que ha de establecer los mecanismos necesarios para que tengan cabida los colectivos especialmente vulnerables que se había detectado que quedaban fuera" del mismo. Este año, otra vez lo mismo: "Ultimar, en el plazo de cinco meses, el desarrollo normativo de la ley de la renta garntizada de ciudadanía". Un mandato acordado pese a los votos en contra del Govern, quizás porque cinco meses le parecen que es ir muy deprisa.

Pobreza energética: nueva petición a Endesa

En cuanto a la ley contra la pobreza energética, también se ha convertido en un clásico pedir -con mucha vehemencia- pero pedir, que las empresas suministradoras como Endesa se impliquen en la condonación de la deuda de las familias vulnerables, como es su obligación por ley. Pero esta petición se está convirtiendo en papel mojado. Hace un año ya se acordó "aplicar con firmeza las medidas contra la pobreza energética que contiene la ley 24/2015, especialmente la firma de los convenios con las suministradoras para que asuman la deuda de las familias vulnerables y se evite el asedio de estas familias".

Y este año, pese a que el PSC se quejó de que el Govern incumple reiteradamente estos mandatos, los socialistas se pusieron de acuerdo con el Govern para aprobar otro texto que pide lo mismo que el año pasado: "Plantear una propuesta de convenio conjuntamente con las administraciones locales, supramunicipales y las entidades representantes de los entes locales, a firmar por las compañías suministradoras de energía con el objetivo de combatir la pobreza energética". Una propuesta que recuerda a la impotencia que evidenció el pasado año en rueda de prensa la 'consellera' de empresa, Àngels Chacón, cuando dijo que se intentaba sin éxito convencer a estas grandes empresas. Por lo visto, se trata de ir pidiéndoselo año tras año.

Capítulo aparte y final merecen todas esas resoluciones cuyo texto ya invita a fruncir el ceño porque despliegan toda la extensión del concepto vaguedad. "Crear una comisión interdepartamental permanente de análisis" sobre infancia y adolescencia, "velar opor una atención [en salud] centrada en las necesidades de las personas", y la más sublime: "Acelerar las medidas de mitigación del cambio climático".