11 ago 2020

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Los impuestos y políticas sociales se quedan cortos frente a la desigualdad

Un informe alerta de las deficiencias del sistema fiscal y los sistemas de ayudas

El coordinador del estudio, Jordi Sevilla, propone crear una renta básica universal

Patricia Martín

Familia que vive en una nave de Barcelona.

Familia que vive en una nave de Barcelona. / FERRAN NADEU

España es el país de la Unión Europera donde más ha aumentado la desigualdad como consecuencia de la crisis. También concentra los datos más preocupantes en cuanto a pobreza infantil y juvenil.  Y además es, junto a Italia, el país donde las transferencias sociales benefician menos a las rentas más bajas y posee uno de los sistemas que menos redistribución generan.

Tanto es así que, si bien España se sitúa en la media europea en desigualdad de ingresos (puesto 16), su posición relativa empeora y cae al puesto 22 después de tener en cuenta el efecto de impuestos y transferencias, pues hay otros países que, desde este punto de vista, lo hacen mejor que España. 

"Si los impuestos quitan menos de lo que debieran a los que tiene más ingresos. Y los gastos sociales no llegan como debieran a quienes más lo necesitan, el impacto redistributivo del sector público es menor del que debiera ser", resumió este miércoles el exministro Jordi Sevilla durante la presentación del informe ‘Reforzar el bienestar. Del ingreso mínimo a la renta básica’, publicado  por el Observatorio Social “La Caixa”. 

Ante ello, la decena de autores que han participado en la elaboración del estudio coinciden en que hay que acometer una reforma “urgente” del sistema de protección, para adecuarlo a las “nuevas necesidades sociales y económicas”.

El análisis, coordinado por el exministro Jordi Sevilla, refleja que España ha experimentado en el último decenio un importante incremento de los niveles de desigualdad, hasta convertirse en el país de la UE donde más ha aumentado las diferencias entre ricos y pobres. Los motivos hay que buscarlos en que los mecanismos tradicionales de reparto, las políticas de empleo y las ayudas sociales, “han saltado por los aires”, en palabras de Sevilla, debido al alto nivel de paro, los cambios en la negociación colectiva y los recortes en las políticas sociales. Estos factores han contribuido a que numerosos colectivos hayan quedado “excluidos” del campo de protección. Las cifras lo demuestran: cuatro de cada 10 personas desempleadas no reciben ninguna ayuda y el 13% de los que trabajan viven por debajo del nivel de la pobreza. La pobreza infantil despunta, ya que cuatro de cada 10 hogares con niños se encuentran en riesgo de sufrirla. Y la pobreza relativa para los jóvenes se ha incrementado 10 puntos en una década.

Las ineficiencias

Frente a ello, las soluciones no son eficientes. El gasto social (24% del PIB) es cinco puntos inferior a la media europea y “el sistema tributario no es tan progresivo como debería”, dado por ejemplo que los pobres pagan proporcionalmente más impuestos que la clase media. Todo ello contribuye a que, utilizando el coeficiente de Gini (ideado por el estadístico Corrado Gini para medir la desigualdad en los ingresos), España pase del puesto 16 hasta el 22 tras tener en cuenta los impuestos y las transferencias (ayudas no contributivas).

Para paliar esta situación, el exministro propone crear una renta básica universal, que en la presentación del informe se negó a cuantificar con el argumento de que primero hay que fijar “el cómo y después el cuanto”. Para calcularla, Sevilla propone que todos los ciudadanos hagan la declaración de la renta, incluidos los que están exentos, y si estuvieran por debajo de un nivel mínimo vital, el Estado les devolvería la diferencia. En caso contrario, debería pagar. La idea sería converger  hacia este sistema y que los diferentes programas autonómicos de rentas mínimas, que según los autores del informe tienen problemas de diseño y se han demostrado “insuficientes”, se asimilen a la renta básica.

Los precedentes

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) también ha propuesto recientemente acabar con el complejo sistema de ayudas e implantar una renta mínima unificada. Y hace tres años los sindicatos presentaron en el Congreso una iniciativa legislativa popular que proponía crear una renta básica para parados de larga duración, que ha decaído debido al bloqueo político.