EL FUTURO DEL PLANETA

21 niños contra el Gobierno de Estados Unidos

Una demanda pretende obligar a obligar a EE UU a renunciar a los combustibles fósiles y trasnsitar hacia las energías renovables

Los demandantes acusan al Estado de haber promovido activamente estas energías con sus políticas y subsidios al sector

Donald Trump interviene ante la prensa en los jardines de la Casa Blanca, el pasado 16 de septiembre.

Donald Trump interviene ante la prensa en los jardines de la Casa Blanca, el pasado 16 de septiembre. / EPA / JIM LO SCALZO

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Ricardo Mir de Francia

La lucha contra el cambio climático ha sido siempre una lucha desigual. Un pulso entre el talonario de las poderosas industrias extractivas y ganaderas, generalmente apoyadas por sus gobiernos, contra el idealismo de los ecologistas, las certidumbres de los científicos o la preocupación de los ciudadanos concienciados por el problema. Nada refleja mejor esa disparidad de fuerzas como ‘Juliana contra EE UU’, la demanda presentada por una veintena de niños contra el Gobierno de Estados Unidos para obligarle a renunciar a los combustibles fósiles. El litigio acusa a las autoridades de violar el derecho constitucional a la vida, la libertad y la propiedad de los demandantes con su respaldo al carbón, el petróleo o el gas natural, energías que contribuyen decisivamente al calentamiento global del planeta con sus emisiones de dióxido de carbono (CO2).

La demanda tiene trazos quijotescos, pero ha despertado un enorme interés por su atrevimiento jurídico, la identidad de los demandantes y las profundas consecuencias que podría tener para el futuro. “Es la primera vez que los tribunales estadounidenses se plantean si el acceso a un medioambiente limpio es un derecho constitucional”, ha dicho el jurista de la Universidad de Columbia, Michael Gerrard. No es el único precedente con el que ha roto. Hasta ahora la litigación medioambiental se había centrado en impugnar proyectos o políticas específicas, fuera un oleoducto, una mina o una autorización para abrir terrenos públicos a las prospecciones petrolíferas. Este caso, sin embargo, aspira a enmendar de un plumazo toda la política energética de un un país. 

La demanda fue presentada inicialmente en 2015, después de que un grupo de abogados y organizaciones ecologistas reclutara a 21 niños para participar en el litigio. Desde entonces, se topado con una resistencia feroz por parte de la Administración, primero de Barack Obama y ahora de Donald Trump, que han tratado que los tribunales la desestimaran. No lo han conseguido. Hasta en dos ocasiones el Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de archivar la demanda, que avanza a trompicones por las distintas instancias judiciales, trabada por infinidad de recursos y mociones. “Prácticamente todos los profesores de Derecho que siguen el caso pensabas que sería desestimado a las primeras de cambio, pero no es eso lo que ha ocurrido”, le dijo a ‘Vogue’ la académica, Ann Carlson

En el documento sus demandantes sueñan a lo grande, como niños que son. Reclaman al Estado un plan para eliminar gradualmente y antes de mediados de este siglo los combustibles fósiles con el fin de reducir los excedentes de CO2 en la atmósfera y estabilizar el clima. Argumentan que los respectivos Gobiernos han puesto en peligro el futuro de las nuevas generaciones al ignorar desde hace más de medio siglo los informes oficiales que vinculaban estas energías con el calentamiento global y sus perniciosas consecuencias para el clima. Y acusan a EE UU de haber promovido activamente estas energías sucias, entre otras cosas, con la concesión de suculentos subsidios públicos al sector. Unos subsidios que, como mínimo, rondan los 10.000 millones de dólares anuales, según varias estimaciones. 

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El primer informe oficial data de 1965 y fue redactado por la Administración de Lyndon Johnson. “La demanda argumenta que el Gobierno ha fracasado en su obligación de proteger el aire, el agua, los bosques y las costas de la nación”, le dijo a la CBS la abogada Julia Olson, la principal impulsora del litigio. No es ella, sin embargo, quien pone nombre a la acusación.

Son 21 jóvenes de edades comprendidas entre los 10 y los 21 años, todos ellos activistas precoces que han experimentado de un modo u otro los flagelos del calentamiento global. Nombres como Mani Wanji, de 19 años, que ha visto desde Hawái como menguaban las playas, morían los arrecifes de coral o se daban temporadas de sequía. O Zeland B, de 15 y residente en Oregón, cuya madre perdió su empleo en una estación de ski durante una temporada de nieve inusualmente escasa.