La fiscalía alerta del incremento de la tensión en el CIE de Barcelona

La Fiscalía de Barcelona alerta en su última memoria de la creciente tensión en centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Barcelona, donde el año pasado se produjeron huelgas de hambre, dos motines con dos días de diferencia, uno protagonizado por 40 internos y otro por 87, y ochos intentos de fuga. A pesar de la mejora de las instalaciones de la Zona Franca y de la disminuición del número de personas ingresadas, el Servicio de Extranjería de la fiscalía provincial ha detectado un incremento "progresivo" de incidentes y conflictos entre funcionarios e internos.

La memoria del 2018, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, desvela ese clima de tensión en el CIE, un centro siempre rodeado de polémica. El ministerio público advierte que a causa de los problemas entre internos y funcionarios “la gestión de la convivencia” en el recinto “es cada vez más problemática”. El informe recalca también que el perfil del inmigrante que ingresa en estas instalaciones “es muy heterogéneo”, al confluir en estas dependencias extranjeros  de etnias y culturas dispares y con situaciones jurídicas distintas. Junto a estos inmigrantes que han entrado en España en patera y están sometidos a procedimientos de devolución, conviven, recalca la fiscalía, con otros con un amplio historial delictivo y que están pendientes de expulsión tras ser condenados o que provienen de centros penitenciarios.

Argelinos y marroquís

Los datos recogidos en este informe arrojan, por otra parte, un “llamativo” incremento en el 2018 del porcentaje de expulsiones efectivamente materializadas en relación con el total de ingresos. Frente a los datos del 2017, en el que solo un 32,16% de los internos del CIE fueron  desterrados, el año pasado esa cifra se elevó al 72,68%. Es decir, de los 1.822 ingresados en el 2017, 1.286 quedaron en libertad y 556 fueron repatriados, mientras que en el 2018 estos números ser revirtieron: 496 salieron a la calle y 862 fueron expulsados de España. Esta situación responde, según la fiscalía, a que la mayoría de internos son de nacionalidad argelina y marroquí, cuya repatriación no presenta dificultades. La cifra de ingresos de subsaharianos, respecto a lo que la expulsión resulta difícil, se ha reducido notablemente.

El número de solicitudes de asilo y protección internacional también ha creció en el 2018 en comparación con el año anterior, ascendiendo a 367, de las cuales se admitieron a trámite 67. La fiscalía sostiene, como hizo ya en el pasado, que “dejando claro que el derecho de asilo y de protección internacional constituye un derecho básico e irrenunciable en la materia de extranjería”, este incremento de las peticiones apunta a “la posible utilización de estas alegaciones como forma de obstaculizar las expulsiones”. Es decir, se usa este mecanismo legal para retrasar lo máximo posible la repatriación y, así, intentar que expiren los plazos y lograr la libertad.