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CRISIS DE LOS ANALGÉSICOS OPIOIDES

Purdue llega a un principio de acuerdo para cerrar las demandas por la crisis de opioides

El fabricante de OxyContin se disolvería y pagaría indemnizaciones cercanas a los 12.000 millones

Ricardo Mir de Francia

Un detectiva de narcóticos de Barberton (Ohio) muestra dos bolsas de medicamentos requisados y dispuestos para ser destruidos.

Un detectiva de narcóticos de Barberton (Ohio) muestra dos bolsas de medicamentos requisados y dispuestos para ser destruidos. / AP / KEITH SRAKOCIC

La macrodemanda judicial contra Purdue Pharma, la compañía a la que muchos acusan de haber puesto en marcha la epidemia de opioides en Estados Unidos, podría resolverse antes de que comience a dirimirse en los tribunales. El fabricante de OxyContin ha llegado a un principio de acuerdo con 24 estados y más de 2.000 municipios, condados y tribus indias del país para cerrar el caso con unas indemnizaciones que se acercan a los 12.000 millones de dólares. La suerte del acuerdo sigue todavía en el aire, entre otras cosas, porque varios estados consideran que la cifra que saldrá directamente de los bolsillos de la familia Sackler, los propietarios de la compañía, está muy lejos de cubrir los costes de la devastación causada por sus medicamentos. Al igual que otras farmacéuticas del ramo, Purdue ha sido acusada de minimizar el potencial extremadamente adictivo de sus analgésicos para el dolor

De cerrarse finalmente el acuerdo, habrá cuanto menos algo de justicia poética, por más que nadie pueda devolverle la vida a los más 200.000 estadounidenses que han muerto por sobredosis de fármacos opioides desde 1999. Otros 200.000 fallecieron a causa de la heroína o el fentanilo, generalmente tras haberse enganchado a los narcóticos con los analgésicos recetados por sus médicos. Y es que, según los términos adelantados del acuerdo, la familia Sackler renunciaría completamente a Purdue y la compañía se disolvería tras declararse en bancarrota. A partir de ahí se crearía una empresa fiduciaria que seguiría vendiendo opioides como el OxyContin, aunque todos los ingresos irían a administrador público que los distribuiría entre los demandantes. La compañía resultante también “donaría” todos los medicamentos que está desarrollando para tratar la adicción y revertir las sobredosis. 

Los Sackler pagarían de su bolsillo unos 3.000 millones de dólares, una cifra que les permitirá seguir viviendo bastante bien, dado que, según los cálculos de Forbes, tienen una fortuna cercana a los 13.000 millones. El pacto contempla a su vez la venta de Mundipharma, la marca de Purdue fuera de EE UU, una red de compañías asociadas que han repetido por el mundo las agresivas tácticas de su matriz norteamericana. Como contrapartida, si el acuerdo extrajudicial se consuma, Purdue no tendría que reconocer culpa alguna por el desaguisado causado por sus productos y sus acciones. 

Hace algo más de una década, en 2007, la compañía si tuvo que reconocer su culpabilidad ante un tribunal federal por haber engañado a reguladores, médicos y pacientes sobre el potencial de abuso de sus medicamentos y sus propiedades adictivas. Por entonces pagó 635 millones de dólares, pero la cifra barajada ahora no tiene precedentes en las causas abiertas – y algunas ya cerradas—contra los fabricantes de opioides. Falta saber si el acuerdo será finalmente aceptado por los demandantes. Varios estados, de momento, se oponen. “El alcance y las dimensiones del dolor, la muerte y la destrucción causada por Purdue y los Sackler sobrepasa enormemente lo que se nos ha ofrecido hasta ahora”, ha dicho el fiscal general de Connecticut, William Tong, el estado donde está radicada la farmacéutica.

El temor de algunos de los demandantes es que la causa se eternice y aumenten significativamente los costes procesales si el acuerdo extrajudicial fracasa y Purdue se declara en bancarrota. “Hay un increíble incentivo para aceptar el paco antes de la declaración de quiebra porque el proceso sería mucho menos costoso para los estados y los municipios”, le ha dicho a ‘The Washington Post’ el profesor de Derecho, Adam Zimmerman