Ir a contenido

INFORME DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

La fiscalía alerta del colapso del servicio de atención de menas

La memoria anual advierte del incremento en un 200% de las llegadas de menores en patera

J. G. Albalat

Menores no acompañados duermen en la iglesia de Santa Anna, en Barcelona, el pasado julio.

Menores no acompañados duermen en la iglesia de Santa Anna, en Barcelona, el pasado julio. / Ferran Nadeu

El aumento de la llegada a España de migrantes menores no acompañados (menas) en patera “ha saturado” en servicio de protección y atención de estos niños, habiéndose llegado a casos, como en Barcelona, de situaciones de “auténtico colapso”, según alerta la Fiscalía General del Estado en su memoria del 2018. El incremento es “espectacular”, detalla, alcanzando el 199,61% más que en el año anterior (7.026 frente a 2.345) y de 3.050% respecto al número registrado en el 2014.

Esta avalancha ha provocado disfunciones en la capacidad de recepción y asistencia de las entidades públicas encargadas de la atención de los menores extranjeros. Durante el año pasado, grupos de menas tuvieron que dormir en comisaría de los Mossos, como en la de Ciutat Vella y el Eixample, porque los servicios de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adol·lescència (DGAIA) estaban abarrotados. La Ciutat de la Justicia de Barcelona también fue el refugio de muchos de ellos.

La fiscalía, como encargada de la defensa y protección de los menores, invita en su memoria a realizar una “seria reflexión” sobre el aumento de los menas que viajan solos a España por vía marítima. La mayoría son de sexo masculino (96,9%). Un alto porcentaje procede de Marruecos (61,89%) y Guinea (12,10%) y Mali (8,15%), aunque también se han localizado menores de Arabia Saudí, la India y Bangladés, países muy alejados de nuestro país. 

El informe anual del ministerio público destaca que no se disponen de datos cuantitativos sobre los jóvenes migrantes que han entrado a través de Ceuta y Melilla por tierra superando la frontera ocultos en vehículos o por vía aérea. La memoria recalca, además, el crecimiento que también ha experimentado el número de niños que han viajado a España en patera en unión de adultos (menores acompañados) y que afirman tener vínculo paterno-filial “sin acreditación de manera fehaciente”. De los 126 que llegaron por esa vía en el 2017, se ha pasado a 755 en el 2018, lo que supone un incremento del 599%.

En el registro de menores extranjeros no acompañados figuraban inscritos a fecha 31 de diciembre del 2018 un total de 13.796 menas bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección (en el 2017 eran 6.414). La mayoría de tutelados se encuentran en Andalucía (6.294), pero Catalunya ocupa la tercera posición (1.842) y la tercera Melilla (1.322).

Actuación conjunta

“Los datos nos asoman a  una realidad que requiere de una actuación conjunta y coordinada de las autoridades gubernativas, de los servicios educativos, sociales y sanitarios, y de las entidades encargadas específicamente de la protección de menores, para abordar el tratamiento singularizado que merecen quienes, de forma voluntaria o no, han asumido el riesgo de alcanzar nuestras costas en busca de un futuro menor”, expone la Fiscalía General.

En este repaso anual, una veintena de fiscales especialista alertan del desbordamiento de múltiples secciones. “Esta situación conlleva el aumento exponencial de los expedientes de riesgo (Huelva, Barcelona, Cádiz) se constata la precariedad de medios materiales de las comunidades autónomas para afrontar adecuadamente esta situación”, sostiene.

El informe concreta que en Asturias ha detectado la existencia de "una interlocución interna entre los propios menores y ciertas organizaciones clandestinas que les posibilitan su entrada y asentamiento en España”. Ello deriva en que cada vez que se crea un nuevo recurso, inmediatamente aparece un número mayor de menores solicitando su inmediato ingreso en el mismo. “Todo ello se traduce en un agravamiento general de la escasez de medios autonómicos disponibles para abordar la protección de los menores y está generando un malestar social que, además, se une al peligro potencial de abocar a dichos menores a la delincuencia y la marginalidad como medio de subsistencia”, apunta.