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Catalunya invierte casi un 20% menos en políticas sociales que antes de la crisis

Es la autonomía que mantiene mayores recortes en sanidad, educación y atención a los más vulnerables

Los gerentes de los servicios sociales piden medidas urgentes de gasto ante el bloqueo político nacional

Patricia Martín

Un grupo de alumnos participa en un programa de la Fundació Pere Tarrés para ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión.

Un grupo de alumnos participa en un programa de la Fundació Pere Tarrés para ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión. / CARLOS MONTAÑÉS

Aunque los indicadores de contabilidad nacional muestran que España dejó atrás la crisis económica en 2014, diversos ítems y circunstancias evidencian que, en muchos aspectos, el país no ha vuelto a los niveles precrisis. Por ejemplo, la inversión destinada a políticas sociales, pese a que todos los partidos o gobiernos, da igual del color que sean, siempre presumen del gran esfuerzo y presupuesto que dedican a sanidad, educación y los colectivos más vulnerables. Así, el gasto en estas políticas fue de 112.662 millones de euros en el 2018, un 3,4% menos que en el 2009, el año siguiente al comienzo de la crisis, según datos oficiales de las administraciones autonómicas, que tienen las competencias trasferidas, recabados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Si bien, el porcentaje de recorte se eleva hasta casi el 20% (19,9%) en el caso de Catalunya, la autonomía que mantiene un mayor recorte en términos porcentuales en la última década. 

Diversos motivos explican que Catalunya sea la comunidad que se sitúa a la cola en la recuperación de los presupuestos sociales, según expusieron dirigentes de la Asociación este lunes en rueda de prensa. Por un lado, la administración catalana es la autonomía que destina más dinero al resto de políticas, entre las que se incluyen infraestructuras, seguridad y también, sean muchos o pocos, los gastos destinados al ‘procés’. Así, mientras las demás comunidades invierten, de media, un 60% de su presupuesto en sanidad, educación y servicios sociales, Catalunya emplea el 54%, según José Manuel Ramírez, director del colectivo.

A esto se suma el fuerte impacto que tuvo la deuda y los intereses destinados a la misma durante la crisis. “Estos dos factores constriñeron mucho los gastos sociales”, añadió Luis Barriga, coordinador de estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que integra a trabajadores y directivos de centros de toda España. En su opinión, pese a que la Generalitat culpe de sus problemas financieros al Gobierno español, no hay tanto un problema de “infrafinanciación como de gestión, porque todos los consejeros se quejan de la falta de recursos estatales y, sin embargo, es la autonomía que más lentamente se está recuperando”.

Lista de espera en dependencia

Esto provoca, según lamentó Ramírez, una situación “dramática” entre algunos colectivos, como por ejemplo el de los dependientes, ya que “Catalunya tiene la lista de espera más larga”. “Uno de cada tres dependientes no reciben la prestación por desidia de la Generalitat”, señaló sin tapujos.

Teniendo en cuenta los datos disgregados, Catalunya destinó en el 2018 a sanidad un 27,5% menos que en el 2009, cuando la media estatal se situó en un 6% menos. A educación, un 12% menos, frente a un 4% de recorte global. Mientras que los servicios sociales, los únicos que se han recuperado respecto al inicio de la crisis, debido a la necesidad de invertir en rentas de inserción y medidas de choque frente a la pobreza, la media estatal de gasto es de un 11% más pero en Catalunya, aún así, es un 0,73% menos. A este respecto, el think thank Funcas emitió este lunes un informe que señala que los sistemas de rentas mínimas mejoran su cobertura, pero aún así tienen debilidades.

Castilla-La Mancha y Madrid

Junto Catalunya, Castilla-La Mancha y Madrid son las regiones que salen peor paradas de la comparativa. La primera aplicó “los recortes más brutales del 2011 al 2016, pero mantiene una tendencia a la mejora”, según Ramírez. Mientras que la segunda, seguida de Catalunya, ostenta el título de autonomía con menor gasto social por habitante: 2.109 euros en el caso de Madrid, 2.181 en Catalunya frente a 2.420 euros de media global.

Y la situación no tiene visos de mejorar en ninguna región debido a la inestabilidad política a nivel nacional y la falta de presupuestos y, por tanto, de trasferencias a las autonomías. De hecho, la tendencia a la recuperación de la inversión se ha estancado y hay “riesgo de vuelta al deterioro de los servicios públicos esenciales”, según advirtió el director de la Asociación. Ante el peligro de una nueva repetición electoral y, por tanto, la prolongación 'sine die' de la situación política de interinidad y de la falta de Presupuestos Generales del Estado, Ramírez reclamó “fórmulas urgentes” que permitan a las autonomías prestar los servicios en mejores condiciones, liberando por ejemplo créditos extraordinarios, como a veces sucede con las catástrofes naturales. Asimismo, el colectivo aboga por reformas a largo plazo que permitan blindar presupuestariamente estos gastos, como sucede con las pensiones, de forma que no dependan de intereses partidistas y de que haya o no gobierno.