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colectivo vulnerable

La Diputación de Barcelona exige a la Generalitat que pague las deudas de la pobreza energética

La presidenta, Núria Marín, considera que el Govern es "la administración competente"

El ente supramunicipal ha reunido hoy a 150 alcaldes de la provincia para tratar el asunto

Elisenda Colell

Concentración contra la pobreza energética en noviembre del 2016.

Concentración contra la pobreza energética en noviembre del 2016. / JOAN CORTADELLAS

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, cree que debe ser la Generalitat quien asuma el pago de las facturas de la luz de las familias vulnerables, una vez se llegue a un acuerdo con las empresas suministradoras. Lo ha expresado este miércoles en rueda de prensa, antes de reunirse con los ayuntamientos de la provincia para tratar sobre la carta "amenazadora" de Endesa. "La Generalitat es responsable exclusiva de las políticas sociales y los ayuntamientos hemos estado muy solos durante la crisis", ha añadido Marín.

A lo largo del mes de agosto, los ayuntamientos catalanes han ido recibiendo cartas de Endesa. En ellas, la compañía se comprometía a condonar el 50% de los gastos de las facturas impagadas de las familias más pobres, pero exigía a los consistorios que si no pagaban la otra mitad iban a cortar la luz a estos hogares el 1 de octubre. "Vamos a decir a los ayuntamientos que no paguen ni un euro", ha explicado la presidenta de la diputación, tal y como también recomendó el 'conseller' d'Afers Socials de la Generalitat el pasado lunes. De producirse los cortes, la compañía estaría incumpliendo una ley catalana.

A partir de ahora queda abierta una negociación con varias compañías eléctricas. La estrategia de todas las administraciones es negociar unos convenios para que se estipule cómo se van a pagar las deudas acumuladas, y las facturas venideras de aquellos que no pueden pagar. Ni diputación, ni Generalitat se han mojado aún sobre el porcentaje que debería asumir cada parte. La compañía planteó el 50% y la Alianza contra la Pobreza Energética, el 100%.

En lo que sí que se ha pronunciado la presidenta de la diputación es en quién deberá asumir estos fondos. "Los recursos deberán de salir de los presupuestos de la Generalitat", ha afirmado. A su entender, el Govern es el responsable de las políticas sociales en Catalunya, y le otorga también el liderazgo de negociar los convenios. Sin embargo, defiende que debe existir un "frente común unitario" de todas las administraciones catalanas para llegar a estos convenios.

"La pobreza tiene muchas caras, y los ayuntamientos hemos que tenido que multiplicar los fondos para la pobreza alimentaria, solo para poner un ejemplo", ha explicado Marín, que ha criticado las políticas sociales del Govern durante los últimos años. "Durante la crisis, los ayuntamientos hemos estado muy solos atendiendo a la pobreza", ha lamentado la también alcaldesa de L'Hospitalet.

También ha querido matizar las palabras del vicepresident Pere Aragonès, esta mañana en TV3, que ha afirmado que la Generalitat ha aportado 26 millones de euros contra la pobreza energética en los últimos cuatro años. "Mayoritariamente ha sido el mundo local quién ha puesto este dinero, no solo la Generalitat", ha sentenciado Marín.

Lo ha explicado antes de una reunión con más de 150 alcaldes y consistorios de la provincia. "Les vamos a ofrecer asesoramiento jurídico, y a insistir que no paguen ni una factura", ha detallado. Y es que según ha explicado Marín, ha habido algún ayuntamiento que, frente a las cartas de la compañía eléctrica, ya ha pagado. Marín también ha asegurado que a lo largo de los últimos días ha podido hablar con la compañía. "Les he transmitido que esta amenaza no es de recibo", ha detallado.

Algunos de los alcaldes presentes en el encuentro en la diputación, especialmente los que están en manos de ERC, no comparten la tesis de Marín. "Deberíamos abordar el pago de las facturas entre todas las administraciones, cada uno aportando una parte que debe ser acordada", explican fuentes del partido. 

Mañana está previsto otro encuentro del mundo local. Esta vez, en Terrassa, el primer ayuntamiento denunció la carta de Endesa. Al encuentro están citados también entes locales, el tercer sector, y movimientos sociales. 

Poner fecha de urgencia

Fuentes de la compañía explican que la fecha del 1 de octubre, que tanto han criticado las administraciones, era una herramienta para "dotar sentido de urgencia" a la situación de la pobreza energética en Catalunya. "Nuestra voluntad es llegar a un acuerdo, estamos contentos de que la administración haya cogido el guante que le hemos lanzado", dicen desde Endesa. De momento, explican, esperan la propuesta que les haga llegar la Generalitat, que aún no han recibido, y dicen "no tener constancia" que los ayuntamientos a quien mandaron las cartas hayan pagado un solo euro.