El Gobierno francés promete medidas urgentes contra la violencia machista sin aumentar el presupuesto

La última tenía 92 años. Murió a consecuencia de los golpes que su marido, de 94, le dio con un bastón. Sucedió en la región occitana del Tarn, en el sur de Francia y es la víctima número 101 de la violencia machista en lo que va de año. En abril fue Marie-Alice, de 52 años, la asesinada.

Su hermana Hélène, de 50, recorría este martes con el retrato de su hermana bien visible y el sonido de la Marcha Fúnebre de Beethoven el trayecto entre el cementerio de Grenelle y el Palacio de Matignon, sede del Gobierno francés donde el primer ministro, Edouard Philippe, ha prometido una serie de medidas urgentes para atajar esta lacra sin anunciar, no obstante, el aumento presupuestario que reclaman las asociaciones feministas y de familiares de las víctimas.

El Consejo Superior para la Igualdad dispone de 79 millones de euros en el ejercicio 2019, una cifra muy por debajo de lo que el organismo estima necesario: entre 506 millones y 1.100 anuales.

“La violencia conyugal no es una discusión de pareja. Es un proceso de control sexista, tan arraigado en nuestras mentalidades y nuestras prácticas que algunos hombres se han acostumbrado a la impunidad”, ha comenzado Philippe, encargado de abrir tres meses de trabajos –hasta el 25 de noviembre- orientados a coordinar las labores de ministerios, magistrados, fuerzas del orden, entes locales y asociaciones.

El Gobierno creará mil nuevas plazas de alojamiento en centros de acogida a partir de enero del 2020, 750 temporales (de seis a 12 meses). La medida no convence a Anne Cecile Mailfert, presidenta de la Fondation des Femmes, quien advierte de que no todos los alojamientos están adaptados y las mujeres pueden encontrarse en centros mixtos.

El uso del brazalete electrónico se impondrá cuando el juez lo decida en el marco de una orden de alejamiento y sin necesidad, como hasta ahora, de que haya una sentencia firme.

Reforzar la protección de las víctimas es una tarea pendiente de la legislación francesa, como admitió este verano la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, al recordar que mientras en Francia se dictan 3.000 órdenes de alejamiento al año, en España llegan a 10.000.

Como muchas familias se quejan de que la policía no atiende las denuncias de las mujeres como debería, el Gobierno lanzará una auditoría en 400 comisarías y gendarmerías para detectar fallos de funcionamiento, establecer un protocolo de actuación y poner en marcha un sistema de evaluación del riesgo.

“Ya sabemos que hay problemas en las comisarías. No necesitamos una auditoría, lo que hay que hacer es formar al personal”, ha reaccionado la activista Caroline De Haas, del colectivo #NousToutes (TodasNosotras).

“Hemos venido, hemos visto y estamos decepcionadas. Esperábamos una movilización masiva para terminar con la violencia y lo que tenemos es un montón de medidas, algunas positivas, pero con las que no se hace una política pública. No hay casi ningún medio encima de la mesa”, ha abundado.

La única medida aplaudida de manera unánime es la de retirar la custodia al padre que haya acabado con la vida de su pareja, una medida que el juez podrá adoptar en la fase misma de instrucción.

El ejemplo de España

“Hay medidas que existen y que son útiles, como se ha demostrado en España. Las autoridades francesas deberían tenerlas en cuenta”, decía Anna Sophie en la marcha que salió del cementerio. Su madre participaba en las jornadas gubernamentales. Su hermana mayor fue asesinada en el 2017 a los 28 años después de haber presentado una denuncia que fue archivada.

En lo referente a la lucha contra la violencia de género, las miradas se dirigen siempre a España porque, aunque siguen siendo muchas las mujeres que mueren a manos de sus parejas o ex parejas, en diez años la cifra de víctimas se ha rebajado a la mitad gracias a la ley integral aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2004.