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NUEVAS FORMAS DE MOVILIDAD

Francia (también) se enzarza con el patinete eléctrico

En septiembre entrará en vigor una norma que pretende poner orden a la circulación de estos vehículos

Se han creado asociaciones de víctimas de atropellos de estos ciclos, que cuestionan la reglamentación

Irene Casado Sánchez

Un policía retira un patinete eléctrico en una calle de París, el lunes pasado.

Un policía retira un patinete eléctrico en una calle de París, el lunes pasado. / EFE / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Prohibir su circulación por las aceras, limitar su velocidad a 25 kilómetros por hora, vetar su uso a los menores de 8 años y regular sus zonas de estacionamiento son algunas de las medidas incluidas en el decreto destinado a regular el uso de los patinetes eléctricos en Francia. Ante la proliferación sin precedentes de esta nueva forma de transporte y la ausencia de un marco jurídico específico sobre su uso, los ministerios de Transportes e Interior han tomado cartas en el asunto promoviendo una nueva normativa que entrará en vigor en septiembre. Sin embargo, pese a la iniciativa gubernamental, las asociaciones de víctimas de accidentes provocados por patinetes denuncian la inacción de los poderes públicos y las dificultades prácticas que conllevaría la aplicación de la nueva reglamentación.

"No nos imaginamos a un policía correr para atrapar a un infractor", ironizó Arnaud Kielbasa, cofundador de la Asociación Filantrópica Acción contra la Anarquía Urbana Vector de Incivilidad (Apacauvi), antes de ser recibido la semana pasada en el Ministerio de Transportes. "Hemos sido recibidos por varios políticos y nos hemos dado cuenta de que existe una gran ignorancia sobre el tema", insistió Kielbasa, cuya mujer sufrió un accidente provocado por un patinete cuando llevaba a su hija en brazos el pasado mes de mayo.

El objetivo de la asociación, la primera creada en defensa de las víctimas de este modo de transporte, consiste en alertar a las autoridades públicas de la necesidad de establecer una legislación más rígida y, al mismo tiempo, apoyar a las víctimas.

El mal ejemplo de París

Para poner en evidencia la ineficacia de la normativa ideada por el Ejecutivo de Emmanuel Macron, Kielbasa tomó como ejemplo les medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de París en junio. El consistorio prohibió la circulación y el estacionamiento en las aceras de los patinetes eléctricos y estableció una sanción de 38 euros a quien viole las normas. Sin embargo, basta con pasearse por el centro de la ciudad para apreciar que poco o nada a cambiado: los patinetes continúan amontonándose en las aceras y los usuarios siguen invadiendo las vías peatonales. "No hay nadie para velar por la aplicación de esta norma y es normal… Hay 37.000 patinetes… ¿Cómo se puede pretender que un policía corra detrás de un patinete a 25 kilómetros por hora?", ironizó con cierta frustración el cofundador de Apacauvi.

Ecologismo cuestionado

El riesgo de accidente en zonas peatonales y el descontento de los viandantes, obligados a sortear los patinetes abandonados en las aceras, no son las únicas críticas que planean en torno a estos dispositivos. En Francia también se cuestiona su vertiente ecológica. Algunos sectores subrayan por ejemplo que no existen filiales para reciclar las baterías de litio de los patinetes, que su vida útil se reduce a 29 días -según los datos analizados por la web británica 'Quartz'-, y que decenas de estos dispositivos móviles han sido encontrados en las aguas del río Sena o en el puerto de Marsella. Ante este escenario, su lado ecoresponsable parece cuestionable.

La mano de obra encargada de recargar las baterías de los patinetes de uso compartido y de velar por su orden también plantea serias cuestiones éticas: los encargados de recuperar los dispositivos por las noches y recargarlos en sus casas –a veces, incluso, con generadores de gasolina- reciben una ínfima compensación por cada dispositivo, por lo que "se pelean como carroñeros por un bocado de pan", lamenta la asociación Apacauvi.

Para los más críticos, la cuestión va más allá del uso, o mal uso, de estos dispositivos. Se trata de una lucha contra el capitalismo desenfrenado y la "uberización" de la sociedad promovida por las 'startups' de Silicon Valley. Hará falta mucho más que un decreto para frenar esta controversia que traspasa las fronteras francesas, extendiéndose por toda Europa.