Francia propaga los ficheros biométricos de menas

Pese a las repetidas críticas de las organizaciones de protección de la infancia, el fichero biométrico creado en el 2018 con el objetivo de catalogar a los menores "extranjeros aislados" en Francia, continúa ganando terreno. A principios de este año, el dispositivo fue implantado de manera experimental en tres departamentos. Desde entonces, 26 circunscripciones –de un total de 101- han adoptado esta tecnología, la cifra podría ascender a 75 en los próximos meses, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior al diario 'Le Figaro'.

El controvertido fichero, cuya creación se inscribe en la ley de inmigración y asilo del 2018, compila huellas dactilares, coordenadas telefónicas, datos electrónicos e, incluso, fotografías de los menores inmigrantes que acuden a las autoridades competentes solicitando protección. Mientras el Gobierno de Emmanuel Macron asegura que el objetivo de tal dispositivo es identificar a los menores extranjeros “aislados” e impedir que acudan a diferentes departamentos solicitando una reevaluación de su edad; múltiples organizaciones de defensa de la infancia denuncian una medida destinada a luchar contra la inmigración irregular en detrimento del amparo de los menores.

“Para ciertos jóvenes, que ya han sido registrados en este fichero y cuya minoría de edad no ha sido reconocida, la expulsión puede ocurrir en cualquier momento”, alertaba el pasado mes de febrero Unicef France. En el ojo del huracán aparece la implantación del dispositivo biométrico, pero también la reforma sobre el procedimiento destinado a evaluar la edad de los jóvenes migrantes. Antes de la puesta en marcha de la nueva normativa, los departamentos eran los únicos encargados de determinar la edad de los menores extranjeros; desde el 31 de enero, fecha de entrada en vigor del decreto, las prefecturas pueden también convocarles e intervenir en la evaluación. Todos los datos recopilados en este proceso se inscriben en el fichero biométrico nacional.

Ante este nuevo escenario, 19 asociaciones denunciaron el “pacto fáustico” que este fichero constituiría entre las autoridades departamentales y las prefecturas. “Este texto ha cruzado una nueva línea roja, nos parece que esto constituye un retroceso histórico para los derechos de los niños y la protección de la infancia, en beneficio de la lucha contra la inmigración”, denunció Sébastien Lyon, director general de Unicef France, tras la implantación del controvertido decreto.

Prueba del descontento del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la agencia de la ONU se sumó, por primera vez, al contencioso presentado ante el Consejo Constitucional contra este dispositivo “escandaloso” que atentaría “gravemente contra los derechos del niño” al permitir a las prefecturas “expulsar a jóvenes sin que un juez de menores haya podido pronunciarse sobre su situación”. 

A pesar de la presión de las organizaciones, según los “sabios” del Consejo Constitucional, “la colecta, el registro y el archivo de las huellas dactilares, así como la fotografía de un extranjero, permiten a las autoridades encargadas de evaluar su edad verificar que una tal evaluación no ha sido realizada anteriormente […] facilitando la acción de las autoridades pertinentes encargadas de la protección de menores y la lucha contra la estancia irregular de extranjeros”. Con este argumento, el pasado mes de julio, el máximo órgano de consulta sobre la constitucionalidad de las leyes francesas, avaló el contestado dispositivo. 

Una decisión “decepcionante”, así calificó Patrice Spinosi, abogado de las 19 ONG denunciantes, el dictamen judicial a favor de un fichero que “mezcla el interés superior del niño y la lucha contra la inmigración ilegal, dos objetivos que nos parecen perfectamente contradictorios”. 

Los resultados de la puesta en marcha del dispositivo no se han hecho esperar. La prefectura del departamento de Isère, en la región Auvergne-Rhône-Alpes, estima que el número de menores que se presenta en sus dependencias se ha reducido de manera considerable: antes del lanzamiento del fichero, entre 4 y 6 jóvenes pedían protección a diario, actualmente la cifra se sitúa entre 1 y 3, incluso ninguno. 

Una realidad que alarma a las asociaciones: “pensamos que muchos menores prefieren no pedir ayuda por miedo a ir a la prefectura […] Este sistema refuerza su situación de precariedad y el riesgo de explotación”, denunció Violaine Husson, responsable de la organización de defensa de los derechos de los extranjeros Cimade, al diario Le Figaro este mes de agosto. Un miedo más que justificado. Según un informe público realizado en 2018, las tasas de reconocimiento de la minoría de edad de los migrantes varía entre un 9% y un 100% de un territorio a otro, prueba del carácter aleatorio e indiscriminado de tal evaluación.