Las condenas por maltrato animal y delitos ecológicos se disparan en una década

Las sentencias condenatorias por delitos contra el medio ambiente se han triplicado desde el 2008, al pasar de 219 a 773. Y dentro de este capítulo es especialmente llamativo el aumento de las condenas a personas que han maltratado a los animales, ya sea de forma particular u organizada con peleas de perros, de gallos... Este tipo de sanciones penales se han multiplicado por 14 en casi una década al pasar de sólo 11 en el 2008 a 163 en el 2017, según datos de la Fiscalía General del Estado recogidos en el avance del primer estudioestudio sobre la efectividad del derecho penal en la defensa de la naturaleza, que está realizando SEO/BirdLife con el apoyo de la Unión Europea.

Esta investigación concluye que en los últimos años ha habido un descenso relativo en las infracciones administrativas y un aumento progresivo de los delitos. Y eso que en torno al 98% de los incumplimientos de la legislación ambiental aún se catalogan como infracciones administrativas y sólo un 2% se tramitan por la vía penal.

Aún así, los delitos contra el medio ambiente, ya sea contra su flora y fauna, ya sea contra recursos naturales como el mar o los bosques, se han cuadruplicado en la última década, al pasar de 130 en el 2007 a 606 en el 2017, en esta ocasión según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aumento de los procedimientos penales se corresponde con el incremento a su vez de las sentencias.  

Más denuncias

Aún así, los datos están dispersos en varias fuentes y una de las primeras recomendaciones del estudio es la necesidad de unificar en una sola estadística toda la acción judicial en protección del medio ambiente, para poder tener datos más concluyentes. No obstante, todos los indicadores apuntan a ese crecimiento de los delitos que Daniel de la Bodega, responsable legal de SEO/BirdLife, no achaca a un aumento de la criminalidad “sino a que la sociedad está cada vez más concienciada del daño que se provoca a la naturaleza y denuncia más”. Asimismo, una mayor especialización y capacitación de las fuerzas de seguridad y de las fiscalías ambientales está  permitiendo, según la organización ecologista, “un mayor conocimiento y esclarecimiento de delitos” que, en muchos casos, son muy difíciles de investigar y de buscar responsabilidades.

Según los datos del Seprona (la unidad especializada Guardia Civil), la mayoría de las infracciones penales en el ámbito de la flora y la fauna son por caza ilegal y maltrato de animales, mientras que la pesca ilegal y el tráfico ilícito se mantienen en cifras bajas (17 y 12 infracciones penales esclarecidas en el 2017). Si bien, de los dos grupos más numerosos, caza y maltrato, el primero ha descendido un 42% desde el 2009, mientras que el segundo ha experimentado una subida superior al 400%, al pasar de 128 a 556 infracciones esclarecidas.

Penas de cárcel

La propia Fiscalía General del Estado, en su memoria del 2017, ya reparó en el “aumento llamativo” de los procesos judiciales por maltrato y de las sentencias correspondientes y lo achacó al incremento de la “participación ciudadana, apreciándose mayor número de denuncias de asociaciones protectoras, de colegio de abogados y particulares”. Ante ello, se instó a los fiscales delegados para que, en los supuestos más graves, se opongan a la sustitución o suspensión de la ejecución de las penas de cárcel.

Aún así, SEO/BirdLife ha detectado que el incremento de los litigios se ha producido sobre todo en los entornos urbanos, ya que en el ámbito rural se siguen “normalizando” conductas como colocar cebos envenenados para disminuir el número de depredadores y otras conductas delictivas. Además, en el campo es más difícil de que llegue al conocimiento de las autoridades determinados ilícitos que se hacen en zonas por donde apenas pasa nadie. Y, cuando se tiene conocimiento del suceso, a veces han desaparecido las pistas que llevarían al culpable.

La impunidad

Por ejemplo, la organización ecologista ha documentado que en los últimos 20 años han fallecido 180.000 animales por cebos envenenados. Sin embargo, sólo se han acreditado 9.207 delitos y de ellos sólo 80 han acabado en sentencia condenatoria. Esto supone un “nivel de impunidad insoportable”, según De la Bodega, que aún así reconoce que es el mayor número de condenas del mundo por este delito y que España tiene unos medios de lucha contra las infracciones contra la naturaleza que son una “referencia mundial”. Pero, a tenor del nivel de delincuencia, estos medios son “insuficientes” y las fuerzas de seguridad y fiscalías necesitan de “más especialización y más medios”, hasta aproximarse a las unidades que luchan contra el terrorismo o el tráfico de drogas.

De hecho, el objetivo del estudio es determinar el carácter disuasorio, la efectividad y la proporcionalidad de las sanciones penales en este ámbito, así como el perfil sociológico del delincuente, para a partir de ahí emitir una serie de recomendaciones para mejorar la eficacia en la persecución de los delitos contra la naturaleza. El informe completo verá la luz en octubre y forma parte del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza contra el crimen ambiental que está financiado por la Unión Europea y los gobiernos de Canarias, Valencia y el Ministerio para la Transición Ecológica. Asimismo, la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves y el Seprona son socios beneficiarios. En este sentido, la idea es crear una unidad de inteligencia dentro del Seprona, que utilice los medios tecnológicos más avanzados.