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GESTACIÓN SUBROGADA

Justicia pide a fiscalía que investigue las agencias de vientres de alquiler

El Ministerio recuerda que esta práctica está prohibida en España

Efe

Una mujer embarazada. 

Una mujer embarazada. 

El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de vientres de alquiler que operan en España.

Según recuerda este lunes el Ministerio en un comunicado, la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país "se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países".

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha justificado la medida indicando que hay indicios de delito en la actividad de determinadas agencias de vientres de alquiler que operan en España y, por ello, ha decidido ponerlos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que lo investigue.

Delgado ha explicado que no se está investigando ni a padres ni a menores, solamente a determinadas agencias y "no a todas", si bien no ha precisado el número de ellas sobre las que existen indicios.

El Gobierno sospecha que estas intermediarias que ofrecen esos servicios en España podrían estar explotando en terceros países a mujeres, especialmente a las más vulnerables y con mayores necesidades. Además de lucrarse, ha recalcado Delgado, podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo de capitales e, incluso, de falsedad documental.

Ucrania, sobre todo

"Es un tema muy, muy grave", ha enfatizado la titular de Justicia, quien ha insistido en que en España la gestación subrogada está prohibida desde 2006 y ha lamentado que haya agencias que estén "negociando con el vientre de las mujeres" y estén "traficando con menores". Ha recalcado que ya se están investigando a algunas, también en otros países, y ha precisado que en el caso de España las intermediarias operan fundamentalmente en Ucrania, donde se realizan numerosos contratos de gestación subrogada.

Delgado ha recordado que hay países que no tienen prohibida esta práctica, aunque en algunos se realiza con más control y debe contar con las preceptivas autorizaciones, mientras que en otros no existe garantía alguna. "Antes al contrario, se explota a las mujeres", ha concluido.

Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo en su petición son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subraya Justicia.

Hacia otros países

La legislación española declara "nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero". Por ello, son numerosas las familias que acuden a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.

Desde el Gobierno, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que se perseguiría "a las mafias" que trafican con los vientres de las mujeres "aquí y dónde sea", mientras que las titulares de Sanidad, María Luisa Carcedo, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la compararon con "la compra venta de niños".

Defendida por Ciudadanos

El debate sobre su posible legalización ha sido abierto por Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, considera que en la gestación subrogada "solo hay amor, vida, libertad y respeto" y que recurrir a los vientres de alquiler es "un derecho". La formación política rechaza que se criminalice a las familias que recurren a esté método, por el que llegan a España unos mil niños cada año y que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros por gestación.

El pasado enero, el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.

En la elaboración de este documento sobre los "vientres de alquiler" participaba la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este consejo, Altamira Gonzalo, quien comentó que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en España "se penaliza el tráfico de personas".