Italia más antimachista

En los próximos días entrará en vigor en Italia una nueva ley contra la violencia machista que introduce dos nuevos delitos sobre la violencia contra las mujeres y aumenta las penas de los que ya existían. La han llamado “código rojo”, como en las urgencias de los hospitales, después de que en 2018 hayan sido asesinadas 120 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Inexplicablemente 47 senadores de la izquierda se han abstenido.

Uno de los nuevos delitos es la desfiguración de una mujer y otro es la imposición de una boda a chicas menores de 14 años, circunstancia que se produce con frecuencia desde que en el país ha aumentado la inmigración oriental. Para las bodas impuestas la pena será de dos a seis años de prisión si la chica ha cumplido los 14 años, aunque puede aumentar hasta los nueve años en la cárcel si la víctima tiene 13 años o menos. El delito será perseguido contra una persona residente en Italia, aunque se haya cometido en el extranjero.

En el caso de que una persona desfigure a su pareja las penas serán de entre ocho y 14 años de prisión si la mujer sobrevive, y de cadena perpetua en el caso de que muera. Durante la detención el culpable no gozará de ningún beneficio. La pena aumenta de cuatro a siete años más si se produce en “presencia o con daño a un menor, contra una mujer embarazada o minusválida, o con el uso de armas”.

Seis años en prisión por compartir imágenes sin consentimiento

Entre uno y seis años de prisión y entre 5.000 y 15.000 euros de multa caerán a quienes difundan, sin permiso de los interesados, imágenes de situaciones íntimas de una pareja o expareja (“revenge porn”). Será considerado un agravante si quien las difunde es la misma pareja o expareja.

Tres días para ser oídas

Por primera vez se introduce una vía preferente para las denuncias de género, dando a las autoridades tres días de plazo para interrogar a las víctimas. La policía judicial deberá comunicar al fiscal “inmediatamente, incluso de forma oral” la denuncia recibida, sin tener que evaluar si se trata de un caso urgente. La ley concede a la víctima de una violencia sexual un plazo de 12 meses para presentar la denuncia, en lugar de los seis actuales.

Los culpables de delitos sexuales podrán gozar de una suspensión condicional de la pena en el caso de que participen a “procesos de recuperación específicos organizados por entes o asociaciones especializadas en prevención”  y el coste de los mismos correrán a cargo del condenado si el Estado y el ente no han firmado ningún convenio.

De la ley ha sido excluida la castración química de los violadores, apoyada por la Liga del Norte y obstaculizada por el Movimento 5 Estrellas, (M5S), los dos socios del actual gobierno populista.

Se trata de “una ley que representa lo máximo que actualmente se podía hacer para combatir la violencia contra las mujeres”, ha declarado Giulia Buongiorno, abogada y ministro de la Administración Pública. Alfonso Bonafede, ministro de Justícia, ha recordado que “en Italia cada 72 horas muere una mujer por ‘feminicidio’, lo que constituye una verdadera emergencia social”. Según Matteo Salvini vicepresidente del gobierno y titular de Interior, “No es la solución definitiva, sino un paso importante  (...) en la dirección de la revolución cultural que necesita nuestro país”.

Los jueces ven “difícil aplicación”

Quienes no parecen compartir la misma satisfacción son los magistrados, principalmente porque consideran “dañino” tener que interrogar a las víctimas en el plazo de tres días. La ley “será difícil de aplicar”, dicen. La enmienda de los tres días de plazo había sido presentada precisamente para evitar que las denuncias se demoren en los archivos judiciales.

La fiscalía de Roma, por ejemplo, durante el último año judicial ha tratado 4.500 casos de violencias sexuales, pornografía infantil, lesiones voluntarias, maltratos en familia y acosos. Ha habido 1.545 experdientes por maltrato, pero casi el 40% han sido archivados. Según Maria Monteleone, coordinadora del equipo sobre violencias, “los casos de víctimas menores de edad presentan perfiles específicos”, que condicionan los plazos y las maneras de recoger los testimonios, por lo que con tres días "se agrava el riesgo de provocar una revictimización a la víctima, ya que aumenta el número de veces que deberá ser escuchada”. La fiscal de Bolonia, Lucia Russo, subraya que “convocada a toda prisa, la víctima puede negar o mostrar una falta total de colaboración porque no se siente aún en la condición de víctima”, lo que puede producir “falsas declaraciones al fiscal”.