El fiscal de odio plantea agravar la pena por discriminación por origen territorial

Las amenazas, insultos, agresiones y cualquier acto similar con un componente discriminatorio por el mero hecho de haber nacido en Catalunya, Murcia, Euskadi, Galicia, Andalucía o cualquier otra comunidad no pueden quedar impunes y merecen una pena superior a la que corresponde por el delito cometido. También si el delito lo origina un ataque por el uso de las lenguas oficiales. Estas son dos de las propuestas que plantea el coordinador del servicio de delitos de odio de la Fiscalía de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, en su memoria del 2018. En su informe, pone de relieve un notable incremento del número de atestados policiales por delitos de odio y discriminación por orientación política a partir del 'procés', aunque la mayoría son infracciones leves, como ofensas o intimidaciones. Las redes sociales son un nido de acciones de estas características.

Aguilar expone siempre en sus memorias anuales no solo datos sobre las investigaciones abiertas o de los escritos de acusación, sino también propuestas de reforma legislativa. Desde hace años, por ejemplo, sugiere que se considere como agravante la aporofobia, es decir amenazar, insultar o agredir por aversión a los pobres. En su último análisis, ha incluido dos ideas novedosas. Una de ellas es incluir en el Código Penal como agravante de un delito (lo que supondría una condena mayor) la discriminación por origen territorial dentro de España o por el uso de las lenguas oficiales. Hay juristas que han encuadrado esta figura en la discriminación por motivos étnicos (sentimiento de pueblo), pero tiene un complicado encaje. De ahí que ahora el fiscal proponga que la ley penal recoja un precepto específico para estos actos.

El artículo 22.4 del Código Penal establece como agravante de un delito que su autor lo cometa por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a ideología, religión o creencia de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, una enfermedad o su discapacidad. La recomendación es que en ese apartado se añada la discriminación por origen territorial o uso de las lenguas oficiales españolas. Esta reforma permitiría perseguir mejor estos ataques y la pena sería más dura para sus autores.

Víctimas extranjeras

Otra de las propuestas que recoge la memoria insta a combatir el número de delitos de discriminación que nunca afloran ante la falta de denuncias. Este servicio de la fiscalía sostiene que sería necesaria la reformar la ley de extranjería para que las víctimas foráneas que carezcan de residencia legal en España la obtengan de forma provisional y temporalmente, como en los casos de la violencia sexista o de trata de seres humanos. En estos supuestos se les otorga esa residencia temporal siempre que exista una orden de protección o que el fiscal aprecie la existencia de una delito de violencia de género.

En la memoria también se plantea la necesidad de profundizar en la formación de la policía, de la administración de justicia y de la seguridad privada, así como que se tenga en cuenta medidas alternativas a la prisión, como multas o trabajos en beneficio de la comunidad, en supuestos de ausencia de reiteración delictiva o que las "características y circunstancias del autor tiene menor entidad y no ha de tener un reproche tan elevado".

El 'procés' dispara la discriminación política

El 'procés' ha puesto la discriminación por orientación política en primer lugar en el ránking de las delitos recogidos en los atestados policiales (de 83 en el 2017 se pasaron a 203 en el 2018), aunque la mayoría son infracciones leves. El segundo motivo es la xenofobia y el racismo (94, en el 2017, y 68, en el 2018) y tercero la orientación sexual (67, en el 2017, y 59, en el 2018).

Las causas judiciales por delitos de odio y discriminación, asimismo, han aumentado en un 40% (291, en el 2017, frente a 412, en el 2017. De estas investigaciones, 103 son por acciones cometidas en redes sociales como amenazas. La lista de causas la encabeza también la orientación política (167 del total de 412). En estos asuntos se incluyen los que se desconoce el autor. Los escritos de acusación de la fiscalía también se han disparado: de 49, en el 2017 a 64 en el 2018, aunque si se mira más atrás, la cifra era en el 2015 de 23. Asimismo, el 74% de las sentencias que se dictan en los juzgados de lo penal son condenatorias.

Aparte, este servicio de la fiscalía abrió en el 2018 investigaciones de diversa índole (de un año a otro se ha incrementado un 90%), como las diligencias incoadas contra una página web de pensamiento nacional-socialista y también contra movimientos radicales. Esta especialización fue pionera y desde hace unos años se ha ido extendiendo por España. En la capital catalana se ha ampliado éste área con la incorporación de la fiscala Marta Gloria López Catalá. Pero también se ha empezado a cubrir toda la provincia con fiscales auxiliares en las poblaciones como Terrassa, Rubí, Granollers, Mataró, Vilanova i la Geltrú, Sabadell o Manresa. El volumen de trabajo de este área ha crecido a lo largo de los años.