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DIRECTIVA EUROPEA

Bruselas pide una multa contra España por no aplicar las reglas de protección de datos

La Comisión Europea denuncia ante el Tribunal de la UE que no ha incorporado la directiva sobre protección de datos en el ámbito penal

Silvia Martinez

Bruselas pide una multa contra España por no aplicar las reglas de protección de datos

La Comisión Europea ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga a España –además de a Grecia- una multa millonaria por no haber transpuesto la directiva europea sobre protección de datos en el ámbito penal, aprobada por la UE en abril de 2016 y que las autoridades españolas deberían haber incorporado la legislación nacional el 6 de mayo de 2018 como muy tarde. 

Esta normativa establece las normas relativas al tratamiento de datos personales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento penal y garantiza que los datos de las víctimas, testigos, sospechosos y autores de delitos estén debidamente protegidos en el marco de las investigaciones penales. La no incorporación de esta legislación crea, según critica Bruselas, “un nivel de protección diferente y obstaculiza el intercambio de datos”.

Por este retraso, la Comisión Europea solicita una multa diaria de 21.321 euros a partir del 7 de mayo de 2018, y hasta que España adapte la directiva o haya sentencia del Tribunal de la UE, lo que significa que el montante de la sanción rondaría a día de hoy los 9 millones de euros. De mantenerse el incumplimiento en el tiempo la multa, sin embargo, podría ser muy superior y es que si España sigue sin cumplir cuando haya sentencia, Bruselas propone una multa diaria de 89.548 euros entre la primera y la segunda sentencia o hasta que haya pleno cumplimiento.

Bruselas también ha emplazado a España a transponer el reglamento sobre el bloqueo geográfico. Las autoridades españolas tienen ahora dos meses para informar a la Comisión de las medidas adoptadas para combatir el bloqueo geográfico, incluidas las sanciones impuestas a las empresas que infringen las normas. Si no hay una respuesta satisfactoria el caso podría terminar ante la corte europea de justicia.