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SALUD PÚBLICA

Un estudio médico pide subir el precio del tabaco para que baje el consumo

Expertos del Consejo Asesor sobre Tabaquismo instan a la Administración a incrementar los impuestos sobre los cigarrillos

Efe

Colillas en un cenicero.

Colillas en un cenicero. / ARCHIVO

Un estudio elaborado por seis médicos e investigadores del Consejo Asesor sobre Tabaquismo en Catalunya insta a la Administración a aumentar la carga impositiva del tabaco, de forma que la subida de precio permita reducir su consumo y sitúe a España "en la media de los países líderes en control del tabaco".

El estudio, que publica la 'Revista Española de Salud Pública' bajo el título de 'El control del tabaquismo en España: situación actual y prioridades', señala que el incremento del precio del tabaco es "la medida que tiene mayor impacto en la reducción de su prevalencia, especialmente entre las clases más desfavorecidas".

Asimismo, para "contrarrestar las tácticas de la industria para mantener un bajo coste", los expertos también proponen "regulaciones orientadas a garantizar un precio mínimo", dado que, si bien en los últimos años se ha "mitigado la oferta de marcas baratas", su coste en España "sigue siendo bajo en el contexto europeo".

Los autores de la publicación forman parte del Consejo Asesor sobre Tabaquismo en Catalunya, presidido por Joan R. Villalbí, que también es responsable de Calidad y Procesos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona e investigador del Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau de Barcelona.

Descenso general del tabaquismo

Los datos del análisis muestran un descenso general de la epidemia de tabaquismo en España en las últimas cuatro décadas, tanto en hombres como en mujeres, aunque la mortalidad atribuible a la adicción, que disminuye entre los varones, todavía sube entre las mujeres.

Por franjas de edad, los hombres fumadores se concentran en mayor proporción entre los 25 y los 45 años, mientras que las mujeres más adictas a la nicotina tienen entre 45 y 55 años.

Algunos subgrupos de población también destacan por sus niveles de tabaquismo por encima de la media, como son los hombres de etnia gitana o de origen chino, así como personas en prisión o pacientes con patologías asociadas con la salud mental y adicciones.

Los adolescentes, prioritarios

En el caso de los adolescentes, que son la base de la posterior población adulta fumadora, se ha reducido la proporción de fumadores diarios, pero entre 2014 y 2016 repuntaron los que reconocían haber fumado en los últimos 30 días, según datos recogidos en el portal del Plan Nacional sobre Drogas.

Precisamente, prevenir el inicio del tabaquismo en este colectivo es "un objetivo prioritario" para los autores del estudio, que indican que "no basta con informar a los jóvenes de que es nocivo", sino que hay que "confrontar los esfuerzos de promoción de la industria tabaquera".

Por ello, aseguran que una "política efectiva de protección" sería "la regulación estricta de la publicidad y la promoción del tabaco", especialmente para los dispositivos electrónicos que proporcionan nicotina, como los cigarrillos electrónicos o las pipas de agua. La aparición de estos dispositivos plantean nuevos problemas, según los médicos, como que "frenan el proceso de abandono del tabaco de algunos fumadores maduros" y en ocasiones se anuncian mediante "publicidad subliminal". Entre los adolescentes españoles, los niveles de experimentación con cigarrillos electrónicos y líquidos alcanzan el 20%, según este estudio.

"Desnormalizar el consumo"

Paralelamente, para motivar el abandono del consumo entre los adultos, los investigadores recomiendan "proporcionar información sobre los beneficios de su cese" y "desnormalizar el consumo", de forma que "se extienda la percepción de que fumar es cada vez menos frecuente y poco aceptado".

Según los autores del estudio, los profesionales sanitarios, mediante un "rol activo de los servicios de atención primaria", deben aconsejar a sus pacientes fumadores que lo abandonen, lo que tiene efectos positivos en torno a un 5% de los casos.

El estudio, en el que han participado médicos e investigadores de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, de las universidades de Barcelona, Pompeu Fabra y Oberta de Catalunya, del Instituto Catalán de Oncología y del CIBER Epidemiología y Salud Pública de Madrid, ha sido financiado parcialmente por la Secretaría de Investigación y Universidades del Gobierno catalán y por parte del Instituto de Salud Carlos III del Gobierno español.