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ENTREVISTA

"La gentrificación de Berlín requiere una solución radical"

Thomas McGath forma parte de un movimiento ciudadano que pide expropiar pisos a las grandes inmobiliarias para frenar el aumento de los precios

Carles Planas Bou

El activista en favor del derecho a la vivienda, Thomas McGath. 

El activista en favor del derecho a la vivienda, Thomas McGath.  / CARLES PLANAS

Berlín está dejando de ser asequible, pero sus habitantes no se resignan. En pleno corazón de Kreuzberg, uno de los barrios de la capital más afectados por la gentrificación, equiparable a lo que en Barcelona es la zona que rodea al mercado de Sant Antoni, EL PERIÓDICO entrevista a Thomas McGath, miembro y portavoz de ‘Deutsche Wohnen Enteigen’, el movimiento ciudadano que lucha para impulsar una ley que prohíba a las grandes compañías inmobiliarias y nacionalice miles de pisos para convertirlos en vivienda social.

 

Hace una década Berlín era un ciudad asequible. ¿Qué ha pasado?

Un cúmulo de problemas. Tras la caída del Muro hubo muchas reformas de la ley de propiedad y corporaciones inmobiliarias adquirieron parte de la vivienda pública del Este. Berlín siempre ha tenido problemas económicos, pero cuando en 2004 cayó en bancarrota el gobierno privatizó ese parque de vivienda para obtener dinero. La ciudad cambió y se abrió a sociedades bursátiles que empezaron a comprar vivienda barata en los barrios para hacer negocio.

En el 2017 Berlín fue la ciudad donde el precio del alquiler creció más rápido del mundo (20,5%). Ese aumento no ha ido acompañado de la mejora de los salarios, algo que ha acentuado una gentrificación que perjudica a los más vulnerables…

Esa transformación ha forzado a cientos de miles de personas de clase trabajadora a migrar de los barrios céntricos (uno de cada cuatro desplazamientos en la ciudad se deben a la gentrificación). Eso también se debe a la creciente migración que recibe la ciudad. Las grandes inmobiliarias se aprovechan de ello y hacen cosas como apagar la calefacción o empezar obras en un edificio para crear problemas, forzar a los inquilinos a que se vayan y así incrementar el alquiler.

En los últimos años el tripartito de izquierdas de Berlín ha restringido el alquiler de pisos en Airbnb y ha intentado penalizar a los propietarios que revientan los precios del mercado. ¿Qué ha fallado?

Las leyes que han impulsado tienen muchos vacíos legales que favorecen a los propietarios. Los pisos de nueva construcción pueden fijar el precio que quieran y con los otros si renuevas un poco el apartamento tienes derecho a incrementar el precio hasta un 11%. Pasa constantemente.

Queréis prohibir las grandes propietarias inmobiliarias. ¿Hace falta una solución radical para este problema?

El problema es tan grande y a tantos niveles que hace falta cambiar las relaciones de propiedad en Berlín. La gente tiene derecho a vivir en su barrio y no ser expulsada. La ciudad no puede funcionar como el mercado porque hay quien intenta vivir y quien intenta sacar provecho con la especulación de propiedades. Actualmente hay 60.000 permisos de construcción y nadie construye vivienda pública porque no hay interés en ello, pueden especular y seguir vendiendo. Hay que devolver la ciudad al estado en que pueda estar socialmente organizada.

Proponéis una remunicipalización de los pisos para convertirlos en vivienda social a un precio por debajo del valor de mercado. Aunque sigue siendo mucho mayor que en Madrid o Barcelona, el parque de vivienda pública en Berlín no para de caer…

Así es. Desde 1994 la vivienda social en la capital ha pasado de ser un 30% a un 15%. Hace años que se frenó la construcción pública y se optó por subvencionar a las empresas privadas para que ellas construyeran vivienda social. Ahora, para impulsar la vivienda social de nuevo, el gobierno termina comprando los pisos a esas empresas privadas al precio que han fijado especulando. Con la expropiación evitaríamos caer en esa trampa.

Como pasó con la crisis inmobiliaria en España, el Estado tuvo un rol activo en financiar la construcción de esas casas y con eso se amontonaron las deudas. Al final nadie pudo financiar esas casas porque nadie podía permitírselas.

Expropiar y nacionalizar. Hay quien ve en esas palabras una amenaza comunista…

La ciudad ha intentado desacreditar nuestra causa con la supuesta amenaza de que costará mucho dinero. Estamos enfrentándonos al destino de la ciudad y su carácter social. La gente nos apoya porque sabe que no hay otra alternativa en el mercado. Los inquilinos participan en nuestra campaña porque ven que las grandes compañías están desconectadas de la política social y no pueden hacer nada contra ellas.

Aun así, el artículo 15 de la Constitución habla de la posibilidad de “transferir recursos naturales y medios de producción a la propiedad pública”, de nacionalizar lo privado…

Sí, la Constitución habla de nacionalizar bienes y lo pusieron ahí porque sabían que si dejabas que el mercado privado tuviese un control extremo de la vida de la gente tenía que haber un mecanismo para combatir eso. Estamos pidiendo algo democrático y constitucional que debe ser perseguido.

Pero esta nacionalización nunca se ha aplicado en la Alemania de posguerra

Cierto, pero ahora es el momento perfecto. La seriedad de la situación actual requiere de una solución radical. La decepción de los ciudadanos con las políticas sociales ha llevado a que tengamos tanto apoyo.

Su propuesta de referéndum ha recogido 77.000 firmas en tan solo dos meses. ¿Cuales son los siguientes pasos?

Es un proceso largo. Primero aceptan la petición, después hay dos rondas de signaturas. Hemos superado la primera. Después el Tribunal Constitucional estudia si todo es legal y la envía al parlamento, donde tienen cuatro meses para diseñar una ley. Si no lo hacen se va a una segunda ronda de signaturas donde se necesitan 170.000. Si se logran la propuesta se somete a votación. Para aplicarlo debe tener un 51% de los votos a favor y debe haber al menos un 25% de participación.

A excepción de la izquierda y los verdes, todos los partidos se oponen a su iniciativa.

Sí, los socialdemócratas lo rechazan porque tiene sus propios grupos de interés dentro del partido, gente de las corporaciones inmobiliarias privadas y públicas de la ciudad. Quieren mantenerse en el poder así que necesitan estos apoyos. La Izquierda nos apoya completamente y los verdes solo contemplan nuestro plan como última opción.

El gobierno de Berlín ha acordado un plan para congelar el precio de los alquileres durante cinco años. ¿Lo veis como un gesto en la buena dirección o aún poco ambicioso?

Es positivo, pero no hay victoria sin reformar completamente el mercado. Necesitamos políticas más robustas para que durante estos cinco años se creen más viviendas asequibles, sino volveremos a lo mismo. En el fondo no hará nada para cambiar las dinámicas de la ciudad. También queremos una compañía de vivienda pública más responsable.

En Berlín la presión ciudadana ha conseguido echar a Google del barrio de Kreuzberg. ¿Tiene la ciudad una tradición combativa especial?

Berlín siempre ha sido una ciudad radical, que cuestiona las estructuras económicas y con una rica historia en la escena de la vivienda. Hay hasta 190.000 apartamentos cooperativas y son esas redes las que ayudan a hacer entender el problema de esta situación y a estar organizados.