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"Altamente restrictivas"

Varapalo de Competència al AMB por licitaciones de autobuses de Barcelona

El organismo pide que retire dos por un valor total de 330 millones de euros, al considerarlas "altamente restrictivas de la competencia"

EL PERIÓDICO

Unos turistas pasan a pie junto al autobús de la línea 116 en su camino hacia el parque Güell.

Unos turistas pasan a pie junto al autobús de la línea 116 en su camino hacia el parque Güell. / FERRAN NADEU

La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha requerido al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para que retire dos licitaciones de servicio público de transporte colectivo de viajeros por ser “altamente restrictivas de la competencia”. La falta de concurrencia y competencia en una licitación pública, subrayan fuentes de la ACCO, perjudica el funcionamiento competitivo del mercado, a la propia administración licitadora que “con toda probabilidad pagará un precio más elevado” y a los usuarios, “que recibirán un servicio de peor calidad”.

Según ha informado la ACCO, Competencia se refiere a las licitaciones relativas al servicio de transporte colectivo de viajeros entre los barrios de Horta y Gràcia de Barcelona, con un valor estimado de contrato de 30.370.981 euros, y el que conecta Sant Boi de Llobregat, Barcelona y otros municipios el Baix Llobregat y el Barcelonès, por valor de 319.205.779 euros.

La ACCO ya impugnó el pasado febrero el acuerdo del Consell Metropolità del AMB con fecha 27 de noviembre del 2018 que hacía referencia a la segunda licitación, la más importante económicamente, con un valor estimado de contrato (VEC) de 319.205.779 euros. El ente metropolitano, explica la autoridad catalana, “acordó dejarlo sin efecto y aprobar de nuevo la licitación como consecuencia de la resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic”.

“La ACCO desiste la acción judicial iniciada y ha formulado un requerimiento previo a la impugnación judicial, iniciando nuevamente el procedimiento contra esta nueva aprobación de la licitación por parte de AMB”, detalla el comunicado de la autoridad.

Cláusulas cuestionadas

La Acco mantiene que en el pliego de cláusulas administrativas, económicas y técnicas que rigen estas contrataciones existen “previsiones altamente restrictivas de la competencia que limitan de manera grave la competencia para el mercado”. En concreto, detalla el comunicado de la ACCO, se exige un nivel de experiencia previa en número de kilómetros recorridos anuales muy elevado que limita el número de operadores que puedan participar en las licitaciones -se imposibilita que las empresas que se presenten como UTE puedan sumar sus experiencias- y se exige disponer de terrenos para cocheras en un determinado radio territorial que “dificulta significativamente que empresas no implantadas previamente” tengan alguna oportunidad

La oferta económica, poco valorada

La competencia en precios, asegura la ACCO, está “doblemente diluida”. Por un lado, “únicamente 32 puntos (sobre 100) hacen referencia específica a la oferta económica. Por otro, la fórmula aplicada para distribuir estos 32 puntos hace que en la práctica el criterio económico sea todavía más residual.

Por su parte, fuentes del AMB han explicado a EL PERIÓDICO que "una vez examinadas las motivaciones de la ACCO"  siguen "plenamente convencidos" que las licitaciones cuestionadas se ajustan a la legislación vigente en materia de contratación y, han subrayado, "están basadas en criterios sociales, ambientales y de calidad de servicio, tal y como requiere la ley".

La autoridad de la competencia catalana, legitimada para impugnar actos de las administraciones públicas, inicia formalmente los trámites para la interposición de los recursos contenciosos administrativos contra las dos licitaciones. El organismo de la Generalitat otorga un plazo máximo de un mes para que el Consell Metropolità del AMB declare la nulidad o, subsidiariamente, proceda a derogar o dejar sin efectos los acuerdos relativos a estas licitaciones. En caso de recibir respuesta afirmativa por parte del ente metropolitano, la legislación prevé un plazo de dos meses para que la Acco interponga un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Temas: Autobuses